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Paulo Drinot y Leo Garofalo (eds.). Más allá de la dominación y la resistencia. Estudios de historia peruana, siglos XVI-XX. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2005.

Drinot[1]

Producto de un taller realizado en Londres en el Institute of Latin American Studies en el 2002, los ensayos reunidos en este libro presentan a una nueva generación de historiadores peruanos y extranjeros egresados de la Pontificia Universidad Católica de Lima y de universidades estadounidenses e inglesas. Como mencionan los editores, esta generación es nueva en términos cronológicos porque desde el punto de vista historiográfico siguen los lineamientos de la década de 1990: el cuestionamiento hacia la innovadora pero muy ideologizada “nueva” historia social a través de una práctica de investigación más seria en su trabajo de archivo, amplia en sus temáticas de investigación y teóricamente ecléctica. A ello se agrega el hecho de querer superar -según los editores- esa especie de “esquizofrenia” que existe en la historiografía peruana que opone irreconciliablemente sus tradiciones “conservadora” y “critica” mediante la recuperación de los aspectos positivos de ambas (10). Es decir, se propone una especie de eclecticismo que llevaría a construir una historiografía más “técnica” y menos “política”.

El libro contiene doce ensayos: cinco referentes a la época del virreinato, cuatro al siglo XIX y tres a las primeras décadas del siglo XX. De los ensayos que se ocupan del virreinato, tres son los que más claramente objetan los paradigmas de la dominación y la resistencia y presentan a los sectores subalternos como sujetos activos en la configuración de la sociedad virreinal, que se adaptan a la normatividad pero que asimismo pueden usarla para su beneficio y crear ciertos espacios libres. Al respecto, el ensayo de Heidi V Scott, “Más alió del texto: recuperando las influencias indígenas en las experiencias españolas del Perú”, cuestiona la idea de que las tempranas descripciones españolas de América era un producto hecho y dirigido exclusivamente para europeos, sin ninguna influencia local, y más bien muestra como el medio físico y humano influyó en ellas. De esta manera, Scott recupera la experiencia material de los soldados españoles y como ésta afectó sus representaciones sobre la conquista. En tal sentido, las penurias y carestías físicas por las que atravesaron los españoles en los inicios de la conquista se expresaron en sus crónicas como un vía crucis que una vez superado por el apoyo de la población indígena en forma de hombres y alimentos, pasó a convertirse en una gesta heroica exclusivamente española que obvia intencionalmente todo apoyo local. Rachel Sarah O’Toole, “Casta y representación en Trujillo colonial”, usando los conceptos de etnogénesis y performatividad muestra como las categorías de castas coloniales lejos de estar definidas unívocamente por la apariencia física, eran recreadas en su uso tomando en cuenta otros factores socioculturales (el habla, la ropa, las relaciones sociales) que en conjunto daban forma a la identidad de los sujetos. Estos hechos tenían consecuencias concretas: ciertos beneficios económicos y sociales que permitían enfrentar las presiones de la sociedad colonial. Así, por ejemplo, los indígenas y mestizos utilizaban esas categorías para obtener determinados privilegios como derechos comunales o excepciones fiscales. En el caso de la población de ascendencia africana, el uso de las categorías “moreno”, “criollo libre” o “negro” como un indicador del grado de aculturación y de estatus frente a la persona libre, podía ser beneficioso en determinados casos judiciales. Leo J. Garofalo, “La sociabilidad plebeya en las pulperías y tabernas de Lima y el Cuzco, 1600-1690”, demuestra cómo las pulperías lejos de ser un simple lugar de venta de licor y comida eran sobre todo un punto de confluencia de diferentes grupos étnicos que propiciaba la interacción social y el intercambio cultural. Así, en estos lugares además de realizarse actividades recreativas, intercambios económicos y apuestas se construían solidaridades coyunturales tanto para defenderse de ataques (de otros sujetos, de las autoridades) como para realizar determinadas actividades (lícitas e ilícitas). En tal sentido, la pulpería era un espacio que brindaba a los sujetos cierta libertad de los controles sociales, razón por la cual era vista con desconfianza por las autoridades y la élite criolla. Sin embargo, como afirma Garofalo, esta sociabilidad plebeya no traspasó el ambiente de la pulpería y por lo mismo no cuestionó el orden colonial. De otra parte y ubicándose más cerca del paradigma de la “resistencia”, el ensayo de María Marsili, “El diablo en familia: herejes, hechiceros e idólatras en Arequipa colonial”, a diferencia de otros estudios dedicados a los temas de la evangelización centrados en los andes centrales y entre 1550-1650 se ubica en una región supuestamente libre de idolatrías y entre fines del siglo XVII e inicios del XVIII. Marsili afirma que la desaparición de la religión Inca ocasionó que la religión andina recobrará fuerza al dejarse libres sus expresiones religiosas locales. Esto es evidente en el caso de Arequipa, donde las huacas, a pesar de la política de reducciones, continuaron siendo un lugar de filiación étnica y con influencia sobre determinadas poblaciones y territorios. Así, persistieron linajes de huaqacamayos (sacerdotes) en estrecha relación con las elites indígenas quienes, por otra parte, usaban el culto a los mallquis (momias de ancestros) como un medio para legitimar y consolidar su poder económico y social e incluso resistir a las presiones fiscales del poder colonial -tema que en realidad no está claramente trabajado-. En el último ensayo sobre el virreinato, “El censo demográfico peruano de 1725-1740”, Adrian J. Pearce muestra cómo en el contexto de las reformas borbónicas este censo, mandado a realizar por el virrey Castelfuerte, sirvió para detener el negativo impacto fiscal que la epidemia de 1718-23 produjo al diezmar a un importante porcentaje de la población indígena y desactualizar los censos usados para calcular las cuotas del tributo y la mita. Este objetivo fue cumplido con éxito al reclasificar como tributarios a población que antes tenía una situación fiscal poco definida (forasteros, mestizos y yanaconas) al punto de que tras la epidemia se tenía tantos tributarios como antes. Sin embargo, como indica también Pearce, este hecho no sólo produjo una mayor presión fiscal hacía los indígenas sino también malos manejos por parte de caciques y corregidores que ocasionaron malestar social y revueltas, inscribiéndose así este censo en la primera coyuntura de rebeliones indígenas del siglo XVIII.

Los ensayos relativos al siglo XIX, salvo el de Christiansen, abordan desde una perspectiva política temas poco trabajados con los 90′: las ideas, los conflictos regionales y la educación. Al respecto, Natalia Sobrevilla en “Conflicto regional, guano y poder” afirma que el caudillismo y los conflictos regionales durante la primera mitad del siglo XIX no desaparecieron en la época del guano y más bien mantuvieron su lenguaje constitucional y su apelación a la ciudadanía armada; sin embargo, adquirieron nuevas características como el uso de buques y el control de los recursos del guano. En este contexto, el rol jugado por la ciudad de Arequipa es importante dado que al asumir el liderazgo político de la región sur cuestionó continuamente el poder de Lima. Esto llevo a que los conflictos políticos opusieran a las regiones del norte y sur, tal como sucedió en las coyunturas de la Confederación Peruano Boliviana de 1836-1839, la Regeneración y el Directorio entre 1840 y 1842, la Revolución Liberal de 1853-1855 y la Reacción de 1856-1858. Martín Monsalve, por otra parte, en “Del sufragio a la sociedad civil: pánicos morales, utopías liberales y las campañas electorales de 1850 a 1858” analiza los cambios ideológicos de la élite liberal respecto al tema del sufragio y muestra cómo de ser considerado como un medio de construcción ciudadana y de integración social del pueblo pasó a ser visto, tras la frustrante experiencia liberal en las elecciones directas de 1855-1858, como una “fuente de corrupción moral y cívica” que ponía en peligro la estabilidad del país. Este hecho produjo en los liberales una suerte de “pánico moral” -concepto tomado de los estudios subalternos- que les llevó a concentrar su acción política en las asociaciones y en la opinión pública, los cuales fueron considerados como los medios más adecuados para formar a un “verdadero republicano” y controlar moralmente a la plebe. Esto, según concluye Monsalve, significó el paso del liberalismo al republicanismo. En el ensayo de Antonio Espinoza, “Moldeando a los ciudadanos del mañana: el proyecto educativo disciplinador en Lima entre 1850 y 1900”, se analiza, por un lado, el discurso de la élite respecto a la utilidad de educación primaria y, de otra parte, el poder del Estado para poner en práctica esas ideas y las reacciones de la sociedad. En tal sentido, afirma que las élites concebían a la educación como un medio de disciplinar y, tras la guerra con Chile, difundir el patriotismo en los sectores populares, un hecho que propiciaría el desarrollo económico y la estabilidad política del país. Para alcanzar estos objetivos el Estado implementó a través de la escuela una serie de medidas disciplinarias (puntualidad, asistencia, castigos) que no siempre pudieron aplicarse debido tanto a sus limitaciones institucionales (falta de recursos materiales y humanos) como por la resistencia a su autoridad de parte de los padres de familia. Alejado de estos temas políticos y más cerca de los estudios subalternos y de género, en el último ensayo de este grupo, “Sirvientes, dependientes e hijas adoptadas: los distintos nombres de las trabajadoras domésticas. Cajamarca siglo XIX”, Tanja Christiansen, usando juicios sobre secuestros, estudia las relaciones sociales de dependencia mantenidas entre sirvientas domésticas menores de edad y sus patrones a través de sus discursos, contradiscursos y el rol de las autoridades políticas. Christiansen afirma que los patrones defendían la custodia de la menor, incluso de la de sus propios familiares, utilizando un discurso paternalista basado en su rol protector de la moral sexual de la menor y garantizado por su calidad moral y social. Asimismo, por los gastos de manutención, afirmaban tener el derecho de exigirles trabajo e incluso se habla de esclavitud -un tema importante pero apenas analizado-. Respecto a las sirvientas, su voz fue mediada por sus familiares o terceras personas que les ayudaban a escapar, quienes acusaban a los patrones de abusos y castigos. Sin embargo, cuando ellas podían hablar se ponían de parte de los patrones, razón que lleva a la autora a usar como contradiscurso -de manera arriesgada-, las denuncias de sus compañeras de conspiración. Entre ambos grupos se encontraba el Estado, a través de sus autoridades locales (policiales y judiciales), que si bien tendieron a favorecer a los patrones; su labor no fue arbitraria y otorgó compensaciones a las personas afectadas.

En el último grupo de ensayos se da una nueva mirada a algunos temas privilegiados por la historiografía social de los 70′ y 80′: el indigenismo y los movimientos indígena y obrero en los inicios del siglo XX. Juan Fonseca en “Protestantismo, indigenismo y el mundo andino (1900- l 930)” analiza la visión dcl indio de los misioneros protestantes, su relación con el indigenismo y el trabajo educativo realizado con los indígenas. Al respecto, los protestantes al igual que los indigenistas tenían una visión paternalista hacia los indios considerándolos como una población de costumbres atrasadas, hecho, según ellos, generado por la falta de educación, el alcoholismo y la explotación de las autoridades. Este atraso se expresaba en su religión, la cual no había mejorado con el catolicismo y estaba basada en supersticiones e idolatrías. Por ello, para este “indigenismo protestante” el medio para mejorar la situación del indio, y de paso al país, era a través de la predicación del protestantismo y la libertad religiosa. Estas ideas se transformaron en acciones concretas en el Cuzco y en la selva al establecerse escuelas y sociedades protestantes donde se enseñaba a los indígenas conocimientos agrícolas y nuevas costumbres como la abstinencia alcohólica, la puntualidad y la disciplina. Como último punto, Fonseca afirma que los indigenistas peruanos consideraron útil la campaña educativa del protestantismo en tanto “civilizaba” al indio pero no la tomaban como una alternativa religiosa. El ensayo de Annalyda Alvarez-Calderón, “”Es justicia lo que esperamos de Su Excelencia”: política indígena en Puno (1901-l927)”, cuestiona la idea que caracteriza a los movimientos indígenas como violentos e imbuidos de un carácter milenarista y muestra en cambio cómo los campesinos puneños, con el apoyo de las élites locales y nacionales, se movilizaron hacia Lima para reclamar justicia al Estado por la explotación que sufrían por parte de las autoridades locales y los gamonal es, logrando convertir el movimiento local en uno de alcance nacional tras la creación del Comité Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo (1920). De otra parte, en lo relativo a sus reclamos, los indígenas más que estar sumergidos exclusivamente en ideas milenaristas -argumento utilizado por lo gamonales para evidenciar el atraso indígena y desvirtuar los reclamos- manejaban implícitamente ideas políticas -¿liberales, comunistas u otras? La autora no entra a ese nivel de análisis- que “reafirman sus derechos civiles como ciudadanos “indígenas”, contribuyentes, con un enorme potencial para promover el desarrollo de la nación peruana” (313). En el último ensayo de este libro, “La huelga del Ferrocarril del Sur de 1934”, Paulo Drinot a través de esta huelga en Arequipa -Ignorada por la historiografía a pesar de su influencia en Puno, Cuzco, Lima y Trujillo- da una nueva mirada a los conflictos laborales, su relación con la política y el nacionalismo, y las relaciones entre empresa extranjera y Estado. Así, analiza primero las tensas relaciones entre la empresa británica Ferrocarril del Sur y los actores económicos locales debido al aumento de las tasas de transporte, y cómo esto generó constantes críticas imbuidas de una retórica nacionalista. En segundo lugar, respecto a la huelga, resalta cómo los obreros y empleados pese a sus diferencias laborales, sociales y raciales lograron conformarse en un comité único -aunque este punto no está muy desarrollado-. Como último punto, Drinot muestra la victoria de la empresa frente a la huelga, no como un producto exclusivo del “imperialismo informal”, sino debido a sus diferentes estrategias para hacerle frente (división entre obreros y empleados, despidos de dirigentes, reconocimiento de sindicatos alternativos) y a un contexto político favorable caracterizado por el temor del gobierno a que las huelgas llevaran a una revolución social.

Sin negar el valor de cada uno de estos ensayos, una mirada al conjunto del libro lleva a preguntamos si en realidad, como quieren los editores, éste contribuye a “una manera distinta de pensar y escribir la historia peruana” (9). La impresión es que, aparentemente, sí lo consiguen por la relectura o novedad de los temas que abordan pero no teóricamente. Ello debido a que sólo se objeta los paradigmas de la historiografía “crítica” de los 70′ y 80′ y no se cuestiona de la misma manera a la de los 90′. Así, por ejemplo, el republicanismo, las categorías de Foucault, de los llamados estudios subalternos o de género merecerían un análisis más detenido desde el punto de vista teórico y político. Veamos algunos ejemplos. La noción de republicanismo, tan discutida en la historiografía norteamericana por su cuestionamiento a la paternidad ideológica liberal de los Estados Unidos y esgrimida hoy como una alternativa entre el liberalismo y el socialismo, es mencionada pero no definida en el texto de Monsalve a pesar de que concluye afirmando que en el Perú a mediados del siglo XIX éste desplazó al liberalismo. Conclusión además discutible teniendo en cuenta que en otros países hispanoamericanos (Argentina, México) autores como José Antonio Aguilar, Gabriel Negretto y Luis Barrón afirman lo contrario: que el liberalismo desplazó al republicanismo y que éste estaba más bien asociado con el discurso político de las primeras décadas del siglo XIX[2]. De otra parte, las virtudes explicativas de categorías como “pánico moral” en este cambio de ideas políticas no parecen claras, sobre todo porque en las elecciones de 1850 el Club Progresista ya las había hecho parte de su discurso político sin mediar los “pánicos morales” que produjo la acción de la plebe en las elecciones directas, lo cual también nos lleva a pensar si en este afán de dar protagonismo a “los de abajo” no se está cayendo en una nueva especie de determinismo social de lo político[3]. Algo similar sucede con el ensayo de Sobrevilla que subestima, como otros estudios políticos de los 90′, un aspecto importante en el juego político: las instituciones. Por ello, al tratar de desvirtuar las afirmaciones que caracterizan la época del guano como políticamente estable, no toma en cuenta que esta estabilidad se refería a que el Estado, a pesar de la violencia política, pudo hacer funcionar instituciones vitales para el sistema político que antes tenían una existencia muy precaria, como es el caso del parlamento. Con todo, este libro contiene excepciones a lo mencionado. De ellas la más clara es la de Scott, con una interesante propuesta teórica que recupera la experiencia física de los sujetos, un aspecto poco considerado en los estudios subalternos, a veces excesivamente concentrados en discursos. Problema, que por otra parte, es notorio en el ensayo de Cristiansen que al buscar los discursos y contradiscursos de las relaciones de dependencia entre sirvientas y patrones no toma demasiado en cuenta el contexto social de los sujetos. En consecuencia, no analiza con detenimiento el tráfico de menores, un hecho que complejiza los juicios al hacer dudar de las buenas intenciones dc las partes en conflicto, sean estos hacendados o familiares, y de los “contradiscursos”, obtenidos indirectamente de terceras personas.

Lo mencionado no tiene otro objeto que llamar la atención sobre la necesidad de discutir el bagaje teórico que las ciencias sociales de los 90′ ha dejado en la historiografía, dado que en muchos casos -y no sólo desde la historia-, se les ha venido usando de manera superficial y con el único objeto de dar cierto toque de sofisticación a una investigación. Un hecho que resulta incomprensible, en tanto las teorías mencionadas tienen una agenda política concreta y no buscan solamente “sofisticar” la investigación social. Por ello, si como señalan los editores, no existe una historiografía crítica o conservadora inherentemente buena o mala, no se puede negar que existe otra más bien naif. Aún así, parafraseando a Macera, es  necesario no olvidar que una historiografía es conservadora o crítica por algo más que su método. En suma, más que superar “esquizofrenias” parece también importante discutir los actuales paradigmas teóricos, dado que ello contribuiría a un mayor debate de ideas y rompería esa especie de “consenso” improductivo por la que atraviesa actualmente la “ecléctica” historiografía peruana.

 


[1] Publicado en Revista Andina. 43 (Cusco, 2006): 279-282. Versión PDF.

[2] Ver los ensayos del libro: José Antonio Aguilar y Rafael Rojas (Coord.). El republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos de historia intelectual y política. México: CIDE, FCE, 2002.

[3] Sobre las ideas políticas en la campaña electoral de 1849-1851 ver Alex Loayza Pérez, “El Club Progresista y la coyuntura electoral de 1849-1851”. En: Cristóbal Aljovín de Losada y Sinesio López (ed.). Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo. Lima: IEP, 2005. pp. 395-424.

Sebastián Lorente. Escritos fundacionales de historia peruana. Historia del Perú compendiada para uso de los colegios y de las personas ilustradas (1876). Historia de la civilización peruana (1879). Compilación y estudio introductorio de Mark Thurner. Lima: COFIDE/UNMSM, 2005.

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Sebastián Lorente (1813-1884) es uno de los personajes más importantes en la historia educativa del Perú decimonónico. Su llegada al Perú para dirigir uno de los principales bastiones liberales, el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe (1844-1849), y, posteriormente, su labor como decano de la Facultad de Letras de la universidad San Marcos (1868-1884) coincide con una etapa de modernización educativa expresadas en los reglamentos de 1855 y 1876 –en cuya elaboración participó– que desplazó a la estructura institucional heredada de las reformas borbónicas. Simultáneamente a estas labores, Lorente se dedicó a publicar materiales de enseñanza dirigidos a la educación secundaria. Así, desde la década de 1850, publicó compendios de filosofía, geografía, higiene, historia universal que tuvieron varias reediciones. De estos compendios sobresalen los dedicados a la historia del Perú. Por ello, la reedición de Historia del Perú compendiada para uso de los colegios y de las personas ilustradas (1876) e Historia de la civilización peruana (1879), y el sugerente estudio introductorio de Mark Thurner nos permite observar con mayor atención su obra como historiador.

Ante todo, es necesario señalar que la historiografía del siglo XX, como recuerda Thurner, no le ha prestado atención a las obras históricas de Lorente; es más, no se le ha considerado como historiador. Así, desde La historia en el Perú (1910) de José de la Riva Agüero hasta El Perú desde la escuela (1989) de Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliart, Lorente ha sido descalificado por ser español, por ser su obra propia de un «vulgarizador» o por tener un discurso racista sobre el indio. Es decir, que dentro de los parámetros de los mencionados investigadores, Lorente no escribía ni historia científica ni con un discurso nacional integrador. Uno de los pocos defensores de su obra fue Raúl Porras Barrenechea al afirmar, en clara respuesta a Riva Agüero, que «Lorente fue uno de los grandes pioneros de la historia peruana. Sus obras no pueden ser compendio ni vulgarización de lo que no existía», además de mencionar que poseía las más altas cualidades del historiador: «aptitud para las ideas generales, proseguir el curso de las transformaciones espirituales de una época, juzgarlos teniendo en cuenta el espíritu de la época con ánimo comprensivo», además «como historiador preocupado de la revolución social y de la génesis de la nacionalidad. Lorente ocupa un puesto mucho más alto que el de otros historiadores, absorbidos por el dato y la función informativa »[1]. En este mismo sentido, Thurner sigue el ánimo comprehensivo del maestro Porras.

Thurner, afirma que la importancia de la obra histórica de Lorente radica en el hecho de que tuvo el rol fundacional de narrar la nación peruana como un proceso evolutivo de un espíritu nacional civilizador, a la manera de Michelet para el caso francés. A mediados del siglo XIX en el Perú esto suponía una ruptura con la tradición historiográfica virreinal pero sobre todo con el discurso nacional de las primeras décadas de la república. En el primer caso, la historia se encontraba estrechamente unida a la política dinástica, narrando las acciones de los reyes con el objetivo de instruir al príncipe y a las personas ilustradas. Sin embargo, esto no significaba que la historia se limitaba a la narración simple de acontecimientos como en el caso de los anales; todo lo contrario, la historia debía seguir determinadas reglas poéticas para presentar la verdad de manera clara y reflexiva. En el virreinato peruano, personajes como Pedro Peralta y Barnuevo siguiendo estas ideas habían construido un discurso histórico que unía la tradición incaica con la de la monarquía española. Con la independencia esta tradición se rompe ya que se concibe al virreinato como una etapa oscura, como una «Edad Media». Así, el discurso político republicano busca legitimidad y referencia histórica en la época incaica. En la práctica este discurso tuvo mucha influencia política pero en las pocas obras históricas que circularon se nota la tendencia de mostrar a la historia del Perú como un continuo desde los incas hasta la república, pasando por el virreinato, como es el caso de la obra de José María Córdova y Urrutia y sus Tres épocas del Perú o compendio de su historia (1844). Aunque no lo menciona Thurner, dado que no escribió ningún texto de historia, una voz influyente en contra el discurso histórico republicano fue la de Bartolomé Herrera debido a que sus ideas políticas se basaba en un discurso histórico que afirmaba que la base de la nación peruana se encontraban en la época del virreinato (lo español y lo católico) mientras que la época incaica por su barbarie y paganismo no podía aportar algo significativo a la república.

Frente a estos discursos históricos, tanto el de la independencia como el de Herrera, Lorente construye un discurso integrador al considerar al Perú como una civilización antigua donde cada fase de su desarrollo era trascendente. Esto lo ligaba con la tradición historiográfica virreinal, de la cual también compartía determinados principios lógicos, morales y metafísicos. Así, el objetivo de la historia era ser clara, ordenada y debía impartir una enseñanza práctica pero no ya a los príncipes sino al pueblo. Por otra parte, según Thurner, Lorente se diferenciaba de otros historiadores de su época por su dominio del discurso filosófico de la historia universal. En tal sentido, relacionó acontecimientos guiado por su método crítico, el cuál le permitía una narración simple de los hechos pero que se explicaban por sí mismos. En palabras del propio Lorente: «Como en la historia de la civilización están absorbidos todos los hechos, [está] debe presentar cierto carácter de universalidad, ocupándose de las influencias físicas y morales, de las instituciones políticas y religiosas, de la industria, el arte y la ciencia, de las costumbres y de toda suerte de usos; más no por eso ha de degenerarse en una exposición enciclopédica, que se haría interminable, enojosa y confusa; bástale para sus altos fines que los hechos estén perfectamente determinados y atribuidos a sus verdaderas causas; el que desee más amplios datos y explicaciones más detenidas debe buscar la ilustración en otro género de estudios. Lo que el historiador de la cultura peruana no debe nunca perder de vista es la armonía entre todos los elementos civilizadores; el todo orgánico, que constituye la civilización, ha de reaparecer distintamente en el conjunto armonioso de su historia. De aquí la necesidad de remontar y descender la corriente de los siglos para contemplar el desarrollo nacional en sus más remotos orígenes, siguiéndolo sin saltos en las diversas épocas; la necesidad de no olvidar ningún principio, ni rémora alguna de la cultura; la necesidad de exagerar conquista alguna, ni de atenuar los contrastes» (p. 312). Esto es a grandes rasgos lo novedoso y sugerente del estudio introductorio de Thurner. Veamos ahora los textos de Lorente.

Historia del Perú compendiada…, es una síntesis de su Historia General del Perú, una colección de seis tomos publicados por Lorente a partir de 1860 que va desde la época «Antigua» hasta 1828, a la cual se ha agregado información hasta la dictadura de Prado (1867). En esta, Lorente divide la historia del Perú en seis épocas: la de los curacas, los incas, la conquista, el virreinato, la emancipación y, finalmente, la república. Salvo, las dos breves coyunturas de la conquista y la emancipación, Lorente presenta cada época histórica con una narración de los principales hechos de un determinado periodo, finalizando con una visión general de sus principales tendencias políticas y culturales teniendo como marco el progreso de la civilización, es decir el devenir histórico hacía la sociedad liberal. Sin embargo, cuando analiza cada periodo establece comprensivamente cuáles son los logros civilizadores para su época. Así, cuando analiza el periodo de la «civilización inca», menciona las ventajas sociales de su socialismo, aunque critica sus limitaciones para la conformación de un individuo libre; en ese mismo sentido, respecto a la «civilización colonial» pese a ser muy crítico con las costumbres sociales económicamente poco productivas y la «empleomanía» afirma que hubo un progreso moral importante debido a la evangelización. Respecto a la república, si bien menciona las trabas que existen para lograr estabilidad (problemas políticos, sociales, etc.) también resalta el desarrollo del espíritu de asociación y de crédito que aseguran el progreso moral y económico de la sociedad.

Historia de la civilización peruana está dedicada exclusivamente a la “civilización” primitiva e incaica. Para Lorente, la civilización en el Perú tiene interés por su antigüedad, sus variadas formas bajo los curacas hasta la república, su gran desarrollo (su influencia y poder bajo los incas y en el virreinato) y sus violentos contrastes (los abusos de la civilización colonial, los elementos reacios a la civilización en la república). Lorente resalta que lo mejor que la civilización peruana ha ofrecido al estado social es su espíritu comunal dado que permitió bajo los incas lograr conformar una sociedad solidaria y benéfica a los individuos, lejos de las utopías socialistas. Por otra parte, en el desarrollo de este texto, Lorente además de mencionar las características de cada época hace una reseña de las principales fuentes e investigaciones sobre los incas. Lo más resaltante es su discusión con las tesis de otros autores (Humboldt, Tshudi, Rivero, entre otros) respecto al origen y las características del hombre americano; además, a lo largo del texto discute críticamente respecto a la validez de las afirmaciones de ciertos cronistas o autores contemporáneos sobre el gobierno, la religión y la cultura incaica. Asimismo, es necesario resaltar su análisis de geografía histórica donde si bien considera que la diversidad de climas y productos es una fuente potencial de desarrollo para el Perú también menciona, en clara alusión a los efectos económicos y sociales del guano, que «hay en ella gravísimos peligros para la civilización del Perú. Semejante a los premios de lotería, la riqueza que poco cuesta, después de disiparse con una rapidez que parece un sueño, suele dejar a los individuos y a los pueblos imprevisores hábitos dispendiosos, descrédito y miseria» (p. 304). En suma, este trabajo demuestra la madurez intelectual de Lorente y lo mejor de sus dotes como historiador. Lo mencionado hasta aquí no hace sino resaltar de manera muy simple las principales virtudes que hace atractiva y actual la relectura de la obra histórica de Lorente, considerada con toda justicia como un clásico sanmarquino.


* Reseña publicada en Investigaciones Sociales. Revista del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. XII, 16 (Lima UNMSM, 2006): 572-575. Versión PDF.

[1] Raúl Porras Barrenechea. Fuentes para la historia peruana. Lima: Juan Mejía Baca & P. L. Villanueva, 1968, pp. 256-257, 259.

Gabriella Chiaramonti. Ciudadanía y representación en el Perú (1808-1860). Los itinerarios de la soberanía. Lima: UNMSM,SEPS,ONPE, 2005.

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Gabriella Chiaramonti, una de las pioneras en la historia electoral en el Perú, nos presenta la primera parte de una amplia investigación publicada originalmente en italiano en el 2002[2]. El objetivo de este libro es analizar, a través del sufragio, cómo se define y construye históricamente la ciudadanía y la representación en el Perú entre 1808 y 1860. Este marco temporal se justifica porque la crisis de la monarquía hispana producida por la abdicación de Fernando VII y la posterior promulgación de la constitución de Cádiz generó procesos electorales que proporcionaron una inesperada autonomía política a los poderes locales; hecho que según Chiaramonti marcó el proceso político republicano hasta 1860, cuando esta autonomía se fue perdiendo por la intromisión del Estado y la aparición de organizaciones políticas.

Para sustentar esta tesis general, el libro se divide en tres capítulos. El primero «El Perú en la crisis del Imperio», presenta cómo en la segunda mitad del siglo XVIII en el virreinato peruano los objetivos políticos centralizadores de las reformas borbónicas se frustraron debido a que las intendencias no se consolidaron y más bien se reforzaron los poderes locales a través del restablecimiento de los cabildos españoles e indígenas. Esto significó que si por un lado, los peninsulares ocuparon gran parte de los puestos administrativos del Estado, por otro lado, el control del territorio quedó en manos de los criollos. Este hecho va a producir un ambiente político tenso que se agudizará tras la abdicación de Bayona. En tal sentido, en España y América (basados en una concepción antigua de la Monarquía) se reivindicó en el pueblo el derecho de ejercer la soberanía. Posteriormente, estas ideas tendrían presencia en la ambigua constitución de Cádiz que si bien suprimía las diferencias entre españoles y criollos así como la república de indios, asoció la definición de ciudadanía a la noción tradicional de vecino, hecho que se reforzaba al mantener a la parroquia como punto de partida del proceso electoral. Por ello, según la autora

«La ciudadanía y la representación no poseían unos fundamentos individuales sino comunitarios […] En Cádiz, a la soberanía controlada desde el centro se contrapone una construcción de la representación de distinto origen: no era el Estado el que construía la ciudadanía sino la comunidad local». (p. 107)

Así, esta constitución, permitía una amplia intervención de la sociedad civil en la construcción de la ciudadanía y en la consolidación de una idea tradicional de representación (el mandato imperativo). En la práctica, esto minó el orden virreinal, porque la elección de nuevas municipalidades —con solo facultades administrativas— en un contexto político convulso hizo que cobraran importancia política, llegando a considerarse depositarios de la soberanía, lo cual ocasionó no solo conflictos con el Virrey sino también con otros núcleos urbanos de mayor jerarquía.

Los problemas anteriormente mencionados son analizados más detenidamente en el segundo capítulo «La constitución de Cádiz desembarca en Lima». Al respecto, Chiaramonti menciona que el virrey Fernando Abascal era consciente de los inconvenientes de la constitución de Cádiz para mantener el orden y la unidad del virreinato. Así, la abolición del tributo le dejaba sin recursos para mantener la milicia y por otra parte la libertad de prensa difundía ideas subversivas. Pese a ello, Abascal acató e hizo juramentar la constitución y convocó a elecciones porque sabía que era el único medio de legitimar su gobierno. Sobre la juramentación, Chiaramonti resalta las características barrocas y religiosas de la ceremonia porque ello confirmaría simbólicamente el retorno a la tradición pactista. Respecto a las elecciones para elegir diputados para las cortes y constituir los ayuntamientos constitucionales, se da cuenta de la amplia participación electoral de todos los sectores de la población, incluyendo la población indígena (a la cual se da mayor atención para desvirtuar las afirmaciones que señalan su ausencia o pasividad en las elecciones). Este hecho se debía a las características del sistema electoral indirecto de cuatro grados y de dos grados (para elegir diputados y constituir ayuntamientos, respectivamente) que permitía una amplia participación en los primeros grados para después ir cerrando las elecciones en un grupo más reducido. Según Chiaramonti esto produjo «una “oligarquización” de la representación y, por la otra, el reforzamiento del localismo en las primeras fases del proceso» (p. 143). Por otra parte, la novedad de las elecciones radicó en que se integró, aunque no sin conflictos, a la república de españoles y de indios permitiendo que en ellas salieran representantes de ambos grupos si contaban con mayoría, aunque también expresaron mutuos acuerdos. Por esto y para mantener el orden y evitar aspiraciones autonomistas, Abascal trató de manejar las elecciones de ayuntamientos para que salieran elegidos representantes de su confianza. Sin embargo, esto no fue del todo posible porque la definición de los requisitos para los ciudadanos-electores estaba en manos de las parroquias. Por ello, una vez elegidas, Abascal buscó resquicios legales para limitar sus funciones originando conflictos en Cusco, Puno, Arequipa y Lima. Así, pese a sus intentos, los ayuntamientos debilitaron el poder del Estado y rompieron con las jerarquías territoriales; hechos que no cambiaron en 1814 cuando se restablecieron los antiguos cabildos tras disolución de la constitución de Cádiz.

El tercer y último capítulo, «El legado de Cádiz (1821-1860)», busca comprender los fundamentos del nuevo sistema republicano: su idea de nación, ciudadanía y representación a través de un minucioso análisis de las constituciones, las leyes electorales y las prácticas políticas que produjeron. De esta manera, Chiaramonti desplaza el análisis de las acciones de los caudillos llamando la atención en la estabilidad institucional que existía en el parlamento (expresado en su producción legislativa y constitucional) y las municipales; hecho necesario para los caudillos ya que les permitía legitimar su poder a través del sufragio. Así, señala que en la dinámica política de la época interactuaban tres actores: los caudillos, el parlamento y las comunidades locales que elegían representantes y tenían la capacidad de aceptar o rechazar a los gobiernos de turno. En su análisis presenta cómo entre 1821 y 1860 persistieron las nociones de ciudadanía y representación constituidas tras los procesos electorales gaditanos. Así, sobre la ciudadanía, llama la atención sobre sus raíces municipales (dado su control del registro cívico para decidir quién votaba), hecho que explicaría que se le asignará la misma categoría de vecino. También menciona que en el Perú, a diferencia de otros países, existía un sufragio amplio que permitía el voto de los indígenas como una manera de integrarlos a la «nación cívica». Sin embargo, de este hecho no se deducía que la participación en todas las fases de la representación política era igualitaria. Todo lo contrario, existían mecanismos para seleccionar quiénes tenían derecho a elegir y ser elegidos: el sistema de elección de dos grados o indirecto (colegios parroquiales y provinciales) y los requisitos para ser elegido representante (vecindad). En tal sentido, se recalca que a diferencia de Francia la representación en el Perú no se construyó a partir de nuevas circunscripciones territoriales uniformes y definidas sino más bien sobre las coloniales: las intendencias, los partidos y las parroquias. Así, mientras el sufragio en la parroquia era amplio y daba legitimidad a las comunidades locales y a los ciudadanos, en el nivel provincial (en la elección de senadores y diputados) se representaba una nación como un conjunto de territorios y no de ciudadanos. Es decir, la nación descrita por los diputados americanos en las cortes. Por ello, las elecciones lejos de ser un acto por el cual la sociedad elige a sus representantes se convierte en un proceso de negociación entre diferentes grupos de notables y sus redes sociales. Estos hechos no cambiarán con la breve experiencia del sufragio directo entre 1855-1860. Al respecto, Chiaramonti llama la atención sobre la agudización del control local de las elecciones que hizo posible la elección de más de un representante, lo cual llevó a que en la constitución de 1860 se retornará al sufragio indirecto.

Como último punto, Chiaramonti analiza la relación entre los caudillos y los pueblos. Así, a través de la lectura de las constituciones repara en que a excepción de Cádiz y la carta de 1823, que sitúan la soberanía en la nación, no existe en las demás un artículo que señale claramente quién detentaba la soberanía. Esto le permite afirmar que estas fuentes muestran las ambigüedades de la naturaleza administrativa o representativa de las municipalidades, que se asumen como pueblos soberanos cuando consideraban roto el pacto social; es decir, veían su adhesión al Estado no como una integración conjunta sino como una asociación entre diferentes cuerpos soberanos. Así, siguiendo a Antonio Annino, se afirma que «Los acuerdos con los pueblos precedían y preconstituían los acuerdos de las asambleas y fundaba la legitimidad de la acción del caudillo, que más que una revuelta militar aparecía como un movimiento municipalista encabezado por un jefe militar». (p. 332). Esto cambió en el periodo de 1855 y 1862 debido a que con el crecimiento de la burocracia local se inicia un proceso de legitimación entre el centro y las periferias políticas que se expresó en la creación de nuevas provincias y el aumento del número de representantes parlamentarios. Finalmente, el libro concluye señalando que el problema de la gobernabilidad durante la primera mitad del siglo XIX radicó, por un lado, en la carencia de un centro político y de una elite dirigente y, por otro lado, en la existencia de una fuerte «sociedad de sociedades» conformada por «cuerpos territoriales que habían heredado del constitucionalismo gaditano una amplia autonomía, sustancialmente reconocida luego en el contexto republicano» (p. 344). Este hecho explicaría que el Estado en su proyecto de fortalecer su poder, circunscribiera el sufragio a los alfabetos en 1896.

La investigación de Chiaramonti está sustentada en un gran trabajo de fuentes y sobre todo en una novedosa perspectiva de análisis constitucional y electoral. Sin embargo, se podría argüir que la autora extiende al caso peruano la tesis de Antonio Annino respecto a la experiencia municipal mexicana sin plantear sus diferencias[3]. En ese sentido, da la impresión de que la experiencia gaditana generó el mismo proceso de autonomía local. Así, se podría objetar que no podía ser igual en la medida que en el Perú, por ejemplo, no triunfó el federalismo; además, genera dudas que entre 1820 y 1860 las municipalidades existieron con la fuerza que le imprime la autora sobre todo si tenemos en cuenta que el rol de los prefectos, subprefectos y gobernadores en la política local no era solo nominal sino parte importante de las alianzas políticas del presidente-caudillo con determinadas elites locales (porque habría precisar que el poder local no era monolítico); era claro, una relación de clientela y por lo mismo frágil. Pese a ello, como evidencian Ulrich Mücke y Charles Walker, este sistema permitía al presidente-caudillo centralizar sus redes políticas en el Estado; y a su vez, para una de las diferentes facciones en que se dividía el poder local, contar con un puesto del Estado le permitía el acceso a recursos económicos, legales y militares para sobreponerse a sus competidores[4]. Así, en el estudio de Víctor Peralta sobre la burocracia estatal, elite regional y comunidades indígenas en el Cuzco, se demuestra como gracias al manejo del tributo indígena la burocracia estatal no solo se convirtió en la intermediaria entre el Estado y las elites locales sino también entre éstas y las comunidades indígenas. Por otra parte, Cecilia Méndez menciona que durante el primer gobierno de Gamarra (1829-1833), las autoridades civiles de Huanta “eran constantemente acosados, burlada su autoridad, o simplemente ignorados por las autoridades políticas nombradas por el gobierno central, cabe decir, el prefecto o jefe político de un departamento y el subprefecto o jefe político de una provincia, que en aquellos tiempos eran casi invariablemente oficiales del ejército”. Esto llevó a los huantinos a apoyar a Orbegoso en su lucha contra Gamarra[5]. Estos hechos son evidentes sobre todo entre 1839 y 1855 cuando las municipalidades fueron suspendidas y reemplazadas por los gobernadores. Así, en la elección presidencial de 1849-1851 es notoria la injerencia de los prefectos en la campaña electoral; posteriormente, en la revolución de 1854, las actas de los pueblos rebelados señalan la presencia de síndicos procuradores y gobernadores y no de municipios[6]. Por otra parte, y pasando a otro tema, nada parece indicar que la vida parlamentaria fuese normal. El rol del parlamento, a diferencia de las cortes de antiguo régimen, es el de gobernar y formar parte del Estado y no ser un cuerpo externo a este. Nada de ello ocurrió entre 1820 y 1840: el parlamento se reunió doce veces a pesar de que las constituciones de 1823, 1828 y 1834 establecieron su reunión anual. El problema era que de esas reuniones solo siete cumplieron más o menos su rol gobernante y cuatro de ellas se realizaron durante el primer gobierno de Gamarra. Además, entre 1840 y 1845 el parlamento no funcionó y recién entre 1845 y 1860 tuvo una vida más estable. Hasta entonces, por lo general su convocatoria correspondía al caudillo, por ello no extraña que la representación responda a un mandato imperativo. No podían reclamar representar a la nación cuando en realidad representaban a un sector alzado en armas.

Como último punto, si seguimos las tesis de Annino ¿por qué no se puede hablar de que tras esta experiencia local peruana hay una especie de «liberalismo popular» y no, como menciona Chiaramonti, un regreso a la tradición «pactista»? Creo que en este punto la autora asume una visión limitada de lo que significa el liberalismo, similar a la François-Xavier Guerra, circunscribiéndolo de manera implícita dentro de un concepto de modernización económico-social. Como consecuencia de ello le da contenidos ajenos al lenguaje político del siglo XIX y lo concibe como una ideología política inmutable que sigue un único modelo: el anglosajón (individualista y laico). De esta manera, se resalta el tradicionalismo de ciertas prácticas e ideas políticas como totalmente opuestas al liberalismo y más bien cercanas a la tradición hispana (organicista y católica) cuando en realidad no lo eran necesariamente. En todo caso, el liberalismo no cayó en un territorio política y socialmente vacío. Eso plantea un problema que no puede ser resuelto solo señalando “continuidades” coloniales, más aún cuando otros autores plantean que el liberalismo hispano transformó la cultura política peruana[7].

Con todo y para finalizar esta reseña, habría que resaltar que más que objeciones, este libro sugiere con su novedoso análisis algo más interesante y productivo para la investigación histórica: nuevas preguntas.

 


[1] Esta es una versión ampliada de la reseña publicada originalmente en el Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, 25, 3 (2005): 477-480. PDF.

[2] Suffragio e rappresentanza nel Perú dell’ 800: gli itinerari della sovranità (1808-1860). Torino: OTTO, 2002. Varias de las ideas presentadas en este libro fueron planteadas ya en su artículo “Andes o Nación: La Reforma Electoral de 1896 en el Perú”, en. Antonio Annino (coord). Historia de las Elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. De la formación del espacio político nacional. Buenos Aires: FCE, 1995.

[3] Sobre la obra de Annino ver por ejemplo, Antonio Annino y Raymond Buve, (coords.), El liberalismo mexicano. Hamburgo-Münster: AHILA, 1993; Antonio Annino. “Ciudadanía “versus” gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de un dilema”. En Hilda Sábato (Coord.). Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina. México: FCE-EI Colegio de México, 1999; y  “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821”. En Antonio Annino (coord.). Historia de las elecciones en Iberoamérica.

[4] Charles F. Walker De Tupac Amaru a Gamarra. Cusco y la formación del Perú republicano, 1780-1840. Cusco. CBC, 1999. Capítulo V; y Ulrich Mücke. “Estado nacional y poderes provinciales. Aspectos del sistema político peruano antes de la Guerra con Chile”. En: Anuario de Estudios Americanos, LVI, 1, (Sevilla 1999): 173-194.

[5] Víctor Peralta Ruíz. En pos del tributo. Burocracia estatal, elite regional y comunidades indígenas en el Cuzco rural (1826-1854). Cuzco: CERABC, 1991; Cecilia Méndez. “Tradiciones liberales en los Andes: militares y campesinos en la formación del estado peruano”, en Marta Irurozqui (ed.), La mirada esquiva. Reflexiones históricas sobre la interacción del estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú) siglo XIX, Madrid, CSIC, 2005, p. 141.

[6] Sobre la campaña electoral de 1849-1851 ver mi estudio “El Club Progresista y la coyuntura electoral de 1849-1851”. En: Cristóbal Aljovín de Losada y Sinesio López (ed.). Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo. Lima: IEP, 2005. pp. 395-424.

[7] Víctor Peralta Ruíz. La independencia y la cultura política peruana (1808-1821), Lima: IEP, Fundación M. J. Bustamante De la Fuente, 2010.

Debate. La imagen a través del espejo. Comentarios al ensayo de Cecilia Méndez, “De indio a serrano: nociones de raza y geografía en el Perú (siglos XVIII-XXI)”

Historica_1[1]

A veces la búsqueda de esa imagen del Perú es la búsqueda de una identidad personal: la imagen puede terminar reflejando como un espejo la imagen del propio investigador Alberto Flores Galindo  [2]

    Siguiendo el estilo de Alberto Flores Galindo en su “Republica sin ciudadanos”[3], Cecilia Méndez nos proporciona un ensayo con ideas muy sugerentes sobre la historiografía peruana y el racismo. Para Méndez, siguiendo el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el racismo fue un ingrediente primordial en la violencia política de las décadas de 1980 y 1990. Sobre todo, la indiferencia capitalina hacía las víctimas se explica esencialmente por una cuestión racial. Así, Méndez busca rastrear históricamente esa indiferencia racista explicando cómo se alejó o, mejor dicho, expulsó al indio del imaginario político y social limeño. En tal sentido, su ensayo tiene dos objetivos: 1. Cómo el término “indio” de no tener un referente geográfico en la colonia pasó a ubicarse en la sierra y convertirse de manera despectiva en “serrano”, y 2. Por qué los historiadores peruanos no tienen interés en investigar a la sociedad rural del siglo XIX. La respuesta de la primera pregunta explicaría la segunda.

En este ensayo, Méndez explica, por medio del análisis de una muestra de textos e imágenes producidos por intelectuales limeños, cómo a partir de fines del siglo XVIII al “indio” se le empieza a ubicar geográficamente fuera de Lima y, de manera más evidente, en el siglo XIX se le asocia con la sierra y lo atrasado. Ya desde fines del siglo XIX en los textos escolares, y después con José Carlos Mariátegui, se “racializa” la división geográfica del país en tres regiones naturales, donde se procede a “blanquear” la costa. Ello se convertiría en una imagen arraigada en el imaginario popular contemporáneo que influirá en la historiografía. Es claro que aquí se plantea más hipótesis que certezas, un tema tan complejo requeriría de un libro. Pero, como Flores Galindo gustaba hacer, Méndez quiere provocar debate sobre un problema contemporáneo evidenciando su carga histórica. Veamos las dudas que me genera, en particular en el tema de la historiografía que es hacía donde al final conecta en sus reflexiones el pasado con el presente.

En términos generales, su idea de “racialización geográfica” es sugerente y factible. Sin embargo, hubiera sido más convincente si lo conectará con la historiografía de cada coyuntura que analiza; solo para ver si funciona su hipótesis general. Aparte de ello, no queda claro por qué acaba su análisis con Mariátegui. Lo menciono porque la producción sociológica y antropológica de fines de la década de 1960 dio una imagen del indio diferente a la de Mariátegui y los indigenistas, donde la movilidad espacial y social es su característica (pienso en el libro El Indio y el poder en el Perú[4]). Estas posiciones se encontraron en el debate de la famosa mesa de Todas las Sangres entre José María Arguedas y Aníbal Quijano, Henri Favre, entre otros[5]. Ello es importante porque la “Nueva” historia social peruana que surge muy poco tiempo después tenía una imagen del indio muy diferente. Méndez muestra cómo la obra del sociólogo Nelson Manrique, Las guerrillas indígenas en la Guerra con Chile. Campesinado y nación[6], que planteaba la idea de “nacionalismo” indígena, fue la excepción ante “nuevos” historiadores como Heraclio Bonilla -curiosamente antropólogo de formación- que veían a los indígenas como un rebaño sin iniciativa política propia. Idea por lo demás compartida por parte de la izquierda política peruana. Pero entonces por qué Méndez no le da especial interés a esta generación de historiadores sociales, más aún cuando esta inició los estudios modernos sobre el siglo XIX que proporcionaron además una imagen de esa época que tendrá cierto asidero en la “Idea crítica” de la historia peruana divulgada en la educación en la década de 1980. ¿Acaso este discurso no ayudaría a explicar, en parte, la presunta indiferencia social de la academia limeña hacia el indígena en la década de 1980 y su conexión con la historiografía? Yo creo que sí, pero Méndez prefiere otros caminos; en realidad su crítica apunta a otra generación de historiadores.

Sobre el hecho de que la historiografía, pese al “boom” de la historia política de la década del 1990, no le interesa estudiar la sociedad rural, Méndez tiene dos explicaciones: una relativa a la disciplina misma y otra de carácter político, la más polémica. 1. La historiografía limeña no se ha podido desprender de aquella tradición “positivista” decimonónica que asume como su exclusivo objeto de estudio las sociedades con escritura; así, la población rural o indígena sería objeto de estudio de antropólogos y sociólogos y no de historiadores. 2. El desinterés se explicaría además porque de manera “subconsciente” los historiadores limeños no asumen a la población rural como parte de la nación; es decir, extiende a este grupo las conclusiones de la CVR sobre la indiferencia de intelectuales y clases medias limeñas ante la población rural durante la época de la violencia política.

Veamos. Ante estas afirmaciones y la forma de argumentar uno no puede estar menos que de acuerdo pero, tras la emoción de escuchar una voz crítica en una academia tan propensa a la adulación, uno se da cuenta de que Méndez ofrece menos de lo que promete. No muestra ejemplos concretos. Critica a políticos de derecha y a la política neoliberal (Alan García, Antero Flores Araoz) pero no directamente a historiadores. De otra parte, es muy difícil para el caso peruano hablar de “booms” historiográficos teniendo en cuenta la magra producción intelectual local, sobre todo de libros. La década de 1990, además, fue muy difícil para investigar in situ. Parte de los textos que menciona en las páginas 65 y 67 son producto de tesis doctorales sustentadas por peruanos en el extranjero y ya de inicios del nuevo siglo (p. e. Aljovín, García Bryce, Espinoza, Monsalve) o de historiadores que trabajan en universidades extranjeras (Aguirre, Hünefeldt, McEvoy, la misma Méndez). Es más complicado también esperar una gran producción circunscribiéndose a una época o tema particular. A la academia peruana, mientras no tenga algo similar al Conacyt mexicano o el Conicet argentino, es difícil que se le pueda exigir tener una gran producción sobre un tema específico o que se desprenda totalmente de su “positivismo”.

El problema es que como Méndez espera que haya muchos libros sobre los temas que ella trabaja, obvia lo que se ha hecho para otras épocas y lo que se investiga o publica fuera de instituciones como el Instituto de Estudios Peruanos o la universidad Católica. Le recomendaría ver, por ejemplo, la tesis de Mario Meza sobre la aplicación de Ley de Conscripción Vial en Huamanga y Canta del cual ya hay por lo menos dos artículos publicados, uno en la Revista Andina; es decir, en una revista importante y accesible[7]. O, ciñéndonos a la época que prefiere Méndez, la de Francisco Núñez sobre las elecciones e indígenas durante las Cortes de Cádiz en Arequipa, Cajamarca, Lima y Trujillo y la de Marissa Bazán sobre indígenas en la Lima de las Cortes de Cádiz a quien cita a pie de página pero con nombre equivocado[8]. Es decir, el positivismo que denuncia no es tan hegemónico y, en todo caso, ¿todos los historiadores debemos volcarnos a estudiar poblaciones rurales para demostrar estar a la altura de los tiempos o que no somos racistas? Lo dudo. Bajo esa lógica, el historiador que no investiga sobre los sectores populares, la mujer o las poblaciones afrodescendientes es elitista, machista o racista. Sí y no. El tema es más complejo.

El hecho de que escaseen las tesis o libros dedicados al tema que Méndez defiende no significa que se carezca de posición respecto al rol político de la población indígena en la historia republicana. La historiografía social, incluido el propio Flores Galindo en su tesis sobre los mineros de Cerro de Pasco, calificó a la población rural de “pre-políticos”[9]. Sin embargo, a partir de la década de 1990 difícilmente se encontrará tal afirmación. Creo que no basta con ver las temáticas de los libros para establecer una tendencia sino que es necesario ver que discurso hay en ellos. O ver también qué escriben los historiadores en forma de artículos o reseñas. Además, algunos de los libros que menciona tratan lo complejo que es la política decimonónica para establecer un régimen que integre a los sectores populares urbanos y rurales. Los indígenas no serán protagonistas pero están presentes. Asimismo, algunos muestran de manera crítica la política discriminadora de la elite política hacía los sectores populares rurales. Es decir, se puede trabajar elites o temas urbanos y ser crítico y no necesariamente caer en la hagiografía o ser socialmente indiferente.

Pero hay algo grave en su identificación de la historiografía limeña. Méndez hace implícitamente una división donde circulan, por un lado, autores con nombres y apellidos y, de otro lado, los anónimos de “universidades nacionales” (San Marcos, Federico Villarreal, etc.); es decir, según puedo deducir de su ensayo, los “neopositivistas” (aquellos con cierta sofisticación teórica pero que no trabajan poblaciones ágrafas) y los “positivistas clásicos” (aquellos sin teoría y ceñidos al documento), respectivamente. No estoy seguro de que tan real sea esa descripción. Lo único que me queda claro es que en la limeña “República de Clío” hay ciudadanos de primera y segunda clase. No es novedad, pero parafraseando a Méndez, creo que sin querer reproduce a nivel local las estructuras de desigualdad académica de Estados Unidos respecto de Latinoamérica que ella misma denuncia en este y otro artículo[10]. A ello se agrega que tratando de probar su tesis no examina ninguna obra de los “neopositivistas” y, en cambio, sí le dedica algunas críticas a los “positivistas clásicos” por ser “apolíticos”. Supongo que es menos arriesgado hacerlo. Méndez afirma que la politización y el senderismo en las universidades nacionales llevaron a que los historiadores formados en ellas se refugiaran en el “apolítico” positivismo clásico. El mensaje casi desesperado que pretenden dar, en la voz de Méndez, sería “soy historiador(a), no me confundan con el camarada Gonzalo”[11]. No se cita a ningún “positivista clásico” para probar esta afirmación. Es así que además de no tener nombres tampoco tienen voz. Méndez, paradójicamente, al mencionarlos los invisibiliza.

Aun pasando por alto este hecho, sus apreciaciones en lo que respecta a la historiografía de la universidad San Marcos me parecen, por decir lo menos, incorrectas. Si revisa solo las tesis de licenciatura desde 1996 a la fecha verá un panorama diferente[12]. De hecho que hay “positivistas clásicos” pero también “neopositivistas” tanto como en la Católica o Villarreal, para ceñirnos solo a Lima. ¿Hay historia despolitizada? No lo creo, aunque algunas obras lo aparenten. Y de haber revisado al menos el índice de una de las revistas sanmarquinas que califica de “apolíticas”, Perú contemporáneo, habría constatado lo contrario[13]. Sendero Luminoso no despolitizó a los historiadores de San Marcos por temor a ser confundidos con Abimael… Lamentablemente, Méndez reproduce prejuicios. En realidad, estas afirmaciones dicen más de su propio “lugar de producción” que de las características de la historiografía nacional, de la cual no se puede hacer generalizaciones si seguimos circunscribiéndola a ciertas instituciones de Lima. Con todo, si algo caracteriza a la historiografía limeña (positivistas clásicos y neopositivistas por igual) de la época posfujimorista es su falta de debate y autocrítica, al punto que la sección de reseñas en las revistas de historia están conformadas en gran parte por resúmenes publicitarios de libros. ¿Por qué? Por la misma razón por la que Méndez no dice nada de los “neopositivistas”…

Para finalizar, creo que hasta cierto punto las críticas de Méndez son un “jalón de orejas” a las nuevas generaciones de historiadores porque no trabajamos “temas importantes” y estamos “despolitizados”. Discrepo. Hasta la historiografía naif diría que no está despolitizada. Hay política en la historiografía actual. Es evidente que no a la manera de las décadas de 1970 y 1980; pero no todos debemos seguir el estilo de Flores Galindo o que sea nuestro referente obligado. La historiografía peruana reciente, y la imagen del Perú que trata, mal que bien, de construir, no está obligada a mirar en los espejos de otras generaciones, o ¿sí?

 


[1] Cecilia Méndez, “De indio a serrano: nociones de raza y geografía en el Perú (siglos XVIII-XXI)”Histórica, Vol. 35, Nº. 1, 2011, pp. 53-102. Versión PDF de esta reseña aquí.
[2] Alberto Flores Galindo. “La imagen y espejo: la historiografía peruana 1910-1986”, Márgenes, Año 2, Nº 4, 1988, p. 72.
[3] Alberto Flores Galindo. Buscando un Inca. Identidad y utopía en los andes. Lima: El Comercio, 2010. Capítulo 8.
[4] Fernando Fuenzalida, et al. El indio y el poder en el Perú. Lima: Moncloa-Campodónico, 1970.
[5] Guillermo Rochabrún (ed.). La Mesa Redonda sobre Todas las sangres, del 23 de junio de 1965, 2a ed. Lima: IEP, PUCP. Fondo Editorial, 2000.
[6] Nelson Manrique. Las guerrillas indígenas en la Guerra con Chile. Campesinado y nación. Lima: Centro de Investigación y Capacitación, 1981.
[7] Mario Meza, Caminos al progreso. Mano de obra y política de vialidad en el Perú. La Ley de Conscripción Vial, 1920-1930. Lima Tesis (Lic. Historia) UNMSM, 1999. Partes de esta tesis están publicados en: “Campesinados, Estado y modernización en la Ley de Conscripción Vial: enfoques y perspectivas para un balance historiográfico”, Diálogos en Historia, Lima, 2, 2002; “Estado, Modernización y la Ley de Conscripción Vial en Perú”, Revista Andina, Cusco, 49, 2, 2009 y “Caminos, campesinos y modernización vial en el Perú. El debate político y la aplicación de la Ley de Conscripción Vial, 1900-1930”, en Dino León, Alex Loayza y Marcos Garfias (Eds.). Trabajos de historia. Religión, cultura y política en el Perú, siglos XVII-XX. Lima: UNMSM, 2011.
[8] Francisco Núñez, Ciudadanía, participación y representación política bajo el régimen de la constitución de Cádiz: 1812-1814, 1820-1823. Lima Tesis (Lic. Historia) UNMSM, 2004. Parte de esta tesis se publicó en “La participación electoral indígena bajo la constitución de Cádiz (1812-1814)”, en Cristóbal Aljovín de Losada; Sinesio López (Eds). Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo. Lima: IEP, 2005. Marissa Bazán Díaz, La participación de los indígenas durante las Cortes de Cádiz. Lima en el ocaso del régimen español (1808-1814). Lima Tesis (Lic. Historia) UNMSM, 2010.
[9] Alberto Flores Galindo. Los mineros de la Cerro de Pasco, 1900-1930. Un intento de caracterización social. Lima: PUCP, Departamento de Ciencias Sociales, 1974.
[10] Ver por ejemplo sus textos “¿Una larga espera? Ironías de la cruzada postcolonialista en Hispanoamérica”, Histórica, Vol. 30, N°2, 2006, pp. 117-128; “El inglés y los subalternos. Comentario a los artículos de Florencia Mallon y Jorge Klor de Alva”, en Pablo Sandoval (comp.). Repensando la subalternidad. Miradas críticas desde/sobre América Latina. Lima: IEP; SEPHIS, 2009.
[11] Méndez, “De indio a serrano”, p. 100.
[12] Ver Alex Loayza Pérez. “Notas sobre la historiografía en la Universidad San Marcos después de la ‘Nueva Historia’ ”, en Dino León, Alex Loayza y Marcos Garfias (Eds.). Trabajos de historia. Religión, cultura y política en el Perú, siglos XVII-XX. Lima: UNMSM, 2011.
[13] Perú contemporáneo. Revista de historia y sociedad. Se publicaron dos números entre el 2000 y 2001 y estuvo dirigida por Marcos Garfias y Rolando Rojas. En el índice del primer número destacan, como evidencia para negar su supuesto carácter “apolítico”, los artículos de Marcos Garfias “Los perdedores de la reforma económica neoliberal de los 90: el caso de los obreros mineros”, Mario Meza “El sistema judicial en el Perú: perspectivas y críticas desde una interpretación histórica” y Nicolás Lynch “Resignificar el socialismo en el Perú”.
___________________________________________________________________________ RESPUESTA DE CECILIA MÉNDEZ ___________________________________________________________________________
Gracias Alex Loayza, por tu bien fundamentada crítica a mi ensayo. Tienes razón en casi todo. El balance que hago es efectivamente parcial y subjetivo y no pretende ser otra cosa. Lo único que lamento es que no quedara claro que mi crítica no iba dirigida a los historiadores de las generaciones jóvenes. Más bien, iba a mi propia generación, y era una crítica de algo que percibí estaba sucediendo en los noventa en la Católica en particular, a la que conozco mejor por dentro, más que en San Marcos, e incluye pinceladas de impresiones que tuve en mis varios viajes a Ayacucho en esa época. Con todo, creo que el fujimorismo tuvo cierto éxito en “despolitizar” (siempre entre comillas, porque creo que todo es político) las universidades; ciertamente, ese era el ambiente de los tiempos. Con respecto a Meza, no entraba en la cronología que quería discutir, sino, tendría que haber incluido a todo lo escrito sobre el siglo XX, para el cual los estudios sobre sociedades rurales y rebeliones indígenas abundan, por contraste con el XIX. En el debate historiográfico me quise concentrar en por qué el boom sobre el siglo XIX priorizó unos temas y descuidó otros. Eso, sí, tu alusión a mi alusión de Mariátegui me parece incorrecta y descontextualizada Esa referencia no es parte de ningún balance historiográfico (Mariátegui fue el último en interesarse por el XIX…) y la traje a colación para demostrar hasta qué punto las ideas de una geografía racializada se reproducen en el XX y no se circunscriben a una elite conservadora sino que trascienden filiaciones políticas e ideologías: son hegemónicas hasta el día de hoy, obstante la literatura del IEP que mencionas dedicada a estudiar las migraciones del campo a la ciudad, y la situación cambiante de los “indios”. Esa literatura partía –y me refiero más específicamente a Matos Mar– (a quien El Comercio le gusta reproducir) del supuesto equivocado de que la sierra antes de 1940 estuvo “aislada” y sólo se empieza a “integrar” con las migraciones campesinas de esa década. Tu critica más efectiva es quizá a que debí ser más directa en mi critica para que se entienda mejor a quien iba a dirigida. No es que no esté en el artículo sino que es más bien sutil. Pues lo digo claramente: uno de los blancos principales de mi crítica era la corriente que representa, por ejemplo, Carmen McEvoy en los noventa, más que las generaciones nuevas. Finalmente, la alusión a Flores Galindo se hizo a pedido de los editores ya que el numero estaba dedicado a él. El artículo no fue escrito con Flores Galindo en la cabeza. Al final, sin embargo, creo que todo encajó perfectamente, aunque de manera un poco irónica. Tito tenía su gran proyecto de Utopía Andina, en el cual yo nunca creí, y discrepé de él abiertamente en “Incas Sí, Indios No. Él fue pionero no por plantear la utopía sino por rastrear al estudio del racismo a donde nadie lo había llevado nunca en el Perú en la “modernización del siglo XIX. El gran historiador de la utopía fue así quien mejor entendió el surgimiento la “anti utopía” que es como él le llamó al racismo. El homenaje entonces funcionó porque al margen de que uno estuviera de acuerdo o en desacuerdo con lo que escribiera Tito, fue uno de los pocos historiadores a quienes le gustaba escribir para debatir, conectar la historia con el presenta y con la política. Ósea, su forma de hacer historia fue (al menos para mí) más importante que lo que decía. ¡Muchas gracias por tomarte el trabajo de comentar y criticar mi ensayo, que para eso lo escribí!