Gabriella Chiaramonti. Ciudadanía y representación en el Perú (1808-1860). Los itinerarios de la soberanía. Lima: UNMSM,SEPS,ONPE, 2005.

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Gabriella Chiaramonti, una de las pioneras en la historia electoral en el Perú, nos presenta la primera parte de una amplia investigación publicada originalmente en italiano en el 2002[2]. El objetivo de este libro es analizar, a través del sufragio, cómo se define y construye históricamente la ciudadanía y la representación en el Perú entre 1808 y 1860. Este marco temporal se justifica porque la crisis de la monarquía hispana producida por la abdicación de Fernando VII y la posterior promulgación de la constitución de Cádiz generó procesos electorales que proporcionaron una inesperada autonomía política a los poderes locales; hecho que según Chiaramonti marcó el proceso político republicano hasta 1860, cuando esta autonomía se fue perdiendo por la intromisión del Estado y la aparición de organizaciones políticas.

Para sustentar esta tesis general, el libro se divide en tres capítulos. El primero «El Perú en la crisis del Imperio», presenta cómo en la segunda mitad del siglo XVIII en el virreinato peruano los objetivos políticos centralizadores de las reformas borbónicas se frustraron debido a que las intendencias no se consolidaron y más bien se reforzaron los poderes locales a través del restablecimiento de los cabildos españoles e indígenas. Esto significó que si por un lado, los peninsulares ocuparon gran parte de los puestos administrativos del Estado, por otro lado, el control del territorio quedó en manos de los criollos. Este hecho va a producir un ambiente político tenso que se agudizará tras la abdicación de Bayona. En tal sentido, en España y América (basados en una concepción antigua de la Monarquía) se reivindicó en el pueblo el derecho de ejercer la soberanía. Posteriormente, estas ideas tendrían presencia en la ambigua constitución de Cádiz que si bien suprimía las diferencias entre españoles y criollos así como la república de indios, asoció la definición de ciudadanía a la noción tradicional de vecino, hecho que se reforzaba al mantener a la parroquia como punto de partida del proceso electoral. Por ello, según la autora

«La ciudadanía y la representación no poseían unos fundamentos individuales sino comunitarios […] En Cádiz, a la soberanía controlada desde el centro se contrapone una construcción de la representación de distinto origen: no era el Estado el que construía la ciudadanía sino la comunidad local». (p. 107)

Así, esta constitución, permitía una amplia intervención de la sociedad civil en la construcción de la ciudadanía y en la consolidación de una idea tradicional de representación (el mandato imperativo). En la práctica, esto minó el orden virreinal, porque la elección de nuevas municipalidades —con solo facultades administrativas— en un contexto político convulso hizo que cobraran importancia política, llegando a considerarse depositarios de la soberanía, lo cual ocasionó no solo conflictos con el Virrey sino también con otros núcleos urbanos de mayor jerarquía.

Los problemas anteriormente mencionados son analizados más detenidamente en el segundo capítulo «La constitución de Cádiz desembarca en Lima». Al respecto, Chiaramonti menciona que el virrey Fernando Abascal era consciente de los inconvenientes de la constitución de Cádiz para mantener el orden y la unidad del virreinato. Así, la abolición del tributo le dejaba sin recursos para mantener la milicia y por otra parte la libertad de prensa difundía ideas subversivas. Pese a ello, Abascal acató e hizo juramentar la constitución y convocó a elecciones porque sabía que era el único medio de legitimar su gobierno. Sobre la juramentación, Chiaramonti resalta las características barrocas y religiosas de la ceremonia porque ello confirmaría simbólicamente el retorno a la tradición pactista. Respecto a las elecciones para elegir diputados para las cortes y constituir los ayuntamientos constitucionales, se da cuenta de la amplia participación electoral de todos los sectores de la población, incluyendo la población indígena (a la cual se da mayor atención para desvirtuar las afirmaciones que señalan su ausencia o pasividad en las elecciones). Este hecho se debía a las características del sistema electoral indirecto de cuatro grados y de dos grados (para elegir diputados y constituir ayuntamientos, respectivamente) que permitía una amplia participación en los primeros grados para después ir cerrando las elecciones en un grupo más reducido. Según Chiaramonti esto produjo «una “oligarquización” de la representación y, por la otra, el reforzamiento del localismo en las primeras fases del proceso» (p. 143). Por otra parte, la novedad de las elecciones radicó en que se integró, aunque no sin conflictos, a la república de españoles y de indios permitiendo que en ellas salieran representantes de ambos grupos si contaban con mayoría, aunque también expresaron mutuos acuerdos. Por esto y para mantener el orden y evitar aspiraciones autonomistas, Abascal trató de manejar las elecciones de ayuntamientos para que salieran elegidos representantes de su confianza. Sin embargo, esto no fue del todo posible porque la definición de los requisitos para los ciudadanos-electores estaba en manos de las parroquias. Por ello, una vez elegidas, Abascal buscó resquicios legales para limitar sus funciones originando conflictos en Cusco, Puno, Arequipa y Lima. Así, pese a sus intentos, los ayuntamientos debilitaron el poder del Estado y rompieron con las jerarquías territoriales; hechos que no cambiaron en 1814 cuando se restablecieron los antiguos cabildos tras disolución de la constitución de Cádiz.

El tercer y último capítulo, «El legado de Cádiz (1821-1860)», busca comprender los fundamentos del nuevo sistema republicano: su idea de nación, ciudadanía y representación a través de un minucioso análisis de las constituciones, las leyes electorales y las prácticas políticas que produjeron. De esta manera, Chiaramonti desplaza el análisis de las acciones de los caudillos llamando la atención en la estabilidad institucional que existía en el parlamento (expresado en su producción legislativa y constitucional) y las municipales; hecho necesario para los caudillos ya que les permitía legitimar su poder a través del sufragio. Así, señala que en la dinámica política de la época interactuaban tres actores: los caudillos, el parlamento y las comunidades locales que elegían representantes y tenían la capacidad de aceptar o rechazar a los gobiernos de turno. En su análisis presenta cómo entre 1821 y 1860 persistieron las nociones de ciudadanía y representación constituidas tras los procesos electorales gaditanos. Así, sobre la ciudadanía, llama la atención sobre sus raíces municipales (dado su control del registro cívico para decidir quién votaba), hecho que explicaría que se le asignará la misma categoría de vecino. También menciona que en el Perú, a diferencia de otros países, existía un sufragio amplio que permitía el voto de los indígenas como una manera de integrarlos a la «nación cívica». Sin embargo, de este hecho no se deducía que la participación en todas las fases de la representación política era igualitaria. Todo lo contrario, existían mecanismos para seleccionar quiénes tenían derecho a elegir y ser elegidos: el sistema de elección de dos grados o indirecto (colegios parroquiales y provinciales) y los requisitos para ser elegido representante (vecindad). En tal sentido, se recalca que a diferencia de Francia la representación en el Perú no se construyó a partir de nuevas circunscripciones territoriales uniformes y definidas sino más bien sobre las coloniales: las intendencias, los partidos y las parroquias. Así, mientras el sufragio en la parroquia era amplio y daba legitimidad a las comunidades locales y a los ciudadanos, en el nivel provincial (en la elección de senadores y diputados) se representaba una nación como un conjunto de territorios y no de ciudadanos. Es decir, la nación descrita por los diputados americanos en las cortes. Por ello, las elecciones lejos de ser un acto por el cual la sociedad elige a sus representantes se convierte en un proceso de negociación entre diferentes grupos de notables y sus redes sociales. Estos hechos no cambiarán con la breve experiencia del sufragio directo entre 1855-1860. Al respecto, Chiaramonti llama la atención sobre la agudización del control local de las elecciones que hizo posible la elección de más de un representante, lo cual llevó a que en la constitución de 1860 se retornará al sufragio indirecto.

Como último punto, Chiaramonti analiza la relación entre los caudillos y los pueblos. Así, a través de la lectura de las constituciones repara en que a excepción de Cádiz y la carta de 1823, que sitúan la soberanía en la nación, no existe en las demás un artículo que señale claramente quién detentaba la soberanía. Esto le permite afirmar que estas fuentes muestran las ambigüedades de la naturaleza administrativa o representativa de las municipalidades, que se asumen como pueblos soberanos cuando consideraban roto el pacto social; es decir, veían su adhesión al Estado no como una integración conjunta sino como una asociación entre diferentes cuerpos soberanos. Así, siguiendo a Antonio Annino, se afirma que «Los acuerdos con los pueblos precedían y preconstituían los acuerdos de las asambleas y fundaba la legitimidad de la acción del caudillo, que más que una revuelta militar aparecía como un movimiento municipalista encabezado por un jefe militar». (p. 332). Esto cambió en el periodo de 1855 y 1862 debido a que con el crecimiento de la burocracia local se inicia un proceso de legitimación entre el centro y las periferias políticas que se expresó en la creación de nuevas provincias y el aumento del número de representantes parlamentarios. Finalmente, el libro concluye señalando que el problema de la gobernabilidad durante la primera mitad del siglo XIX radicó, por un lado, en la carencia de un centro político y de una elite dirigente y, por otro lado, en la existencia de una fuerte «sociedad de sociedades» conformada por «cuerpos territoriales que habían heredado del constitucionalismo gaditano una amplia autonomía, sustancialmente reconocida luego en el contexto republicano» (p. 344). Este hecho explicaría que el Estado en su proyecto de fortalecer su poder, circunscribiera el sufragio a los alfabetos en 1896.

La investigación de Chiaramonti está sustentada en un gran trabajo de fuentes y sobre todo en una novedosa perspectiva de análisis constitucional y electoral. Sin embargo, se podría argüir que la autora extiende al caso peruano la tesis de Antonio Annino respecto a la experiencia municipal mexicana sin plantear sus diferencias[3]. En ese sentido, da la impresión de que la experiencia gaditana generó el mismo proceso de autonomía local. Así, se podría objetar que no podía ser igual en la medida que en el Perú, por ejemplo, no triunfó el federalismo; además, genera dudas que entre 1820 y 1860 las municipalidades existieron con la fuerza que le imprime la autora sobre todo si tenemos en cuenta que el rol de los prefectos, subprefectos y gobernadores en la política local no era solo nominal sino parte importante de las alianzas políticas del presidente-caudillo con determinadas elites locales (porque habría precisar que el poder local no era monolítico); era claro, una relación de clientela y por lo mismo frágil. Pese a ello, como evidencian Ulrich Mücke y Charles Walker, este sistema permitía al presidente-caudillo centralizar sus redes políticas en el Estado; y a su vez, para una de las diferentes facciones en que se dividía el poder local, contar con un puesto del Estado le permitía el acceso a recursos económicos, legales y militares para sobreponerse a sus competidores[4]. Así, en el estudio de Víctor Peralta sobre la burocracia estatal, elite regional y comunidades indígenas en el Cuzco, se demuestra como gracias al manejo del tributo indígena la burocracia estatal no solo se convirtió en la intermediaria entre el Estado y las elites locales sino también entre éstas y las comunidades indígenas. Por otra parte, Cecilia Méndez menciona que durante el primer gobierno de Gamarra (1829-1833), las autoridades civiles de Huanta “eran constantemente acosados, burlada su autoridad, o simplemente ignorados por las autoridades políticas nombradas por el gobierno central, cabe decir, el prefecto o jefe político de un departamento y el subprefecto o jefe político de una provincia, que en aquellos tiempos eran casi invariablemente oficiales del ejército”. Esto llevó a los huantinos a apoyar a Orbegoso en su lucha contra Gamarra[5]. Estos hechos son evidentes sobre todo entre 1839 y 1855 cuando las municipalidades fueron suspendidas y reemplazadas por los gobernadores. Así, en la elección presidencial de 1849-1851 es notoria la injerencia de los prefectos en la campaña electoral; posteriormente, en la revolución de 1854, las actas de los pueblos rebelados señalan la presencia de síndicos procuradores y gobernadores y no de municipios[6]. Por otra parte, y pasando a otro tema, nada parece indicar que la vida parlamentaria fuese normal. El rol del parlamento, a diferencia de las cortes de antiguo régimen, es el de gobernar y formar parte del Estado y no ser un cuerpo externo a este. Nada de ello ocurrió entre 1820 y 1840: el parlamento se reunió doce veces a pesar de que las constituciones de 1823, 1828 y 1834 establecieron su reunión anual. El problema era que de esas reuniones solo siete cumplieron más o menos su rol gobernante y cuatro de ellas se realizaron durante el primer gobierno de Gamarra. Además, entre 1840 y 1845 el parlamento no funcionó y recién entre 1845 y 1860 tuvo una vida más estable. Hasta entonces, por lo general su convocatoria correspondía al caudillo, por ello no extraña que la representación responda a un mandato imperativo. No podían reclamar representar a la nación cuando en realidad representaban a un sector alzado en armas.

Como último punto, si seguimos las tesis de Annino ¿por qué no se puede hablar de que tras esta experiencia local peruana hay una especie de «liberalismo popular» y no, como menciona Chiaramonti, un regreso a la tradición «pactista»? Creo que en este punto la autora asume una visión limitada de lo que significa el liberalismo, similar a la François-Xavier Guerra, circunscribiéndolo de manera implícita dentro de un concepto de modernización económico-social. Como consecuencia de ello le da contenidos ajenos al lenguaje político del siglo XIX y lo concibe como una ideología política inmutable que sigue un único modelo: el anglosajón (individualista y laico). De esta manera, se resalta el tradicionalismo de ciertas prácticas e ideas políticas como totalmente opuestas al liberalismo y más bien cercanas a la tradición hispana (organicista y católica) cuando en realidad no lo eran necesariamente. En todo caso, el liberalismo no cayó en un territorio política y socialmente vacío. Eso plantea un problema que no puede ser resuelto solo señalando “continuidades” coloniales, más aún cuando otros autores plantean que el liberalismo hispano transformó la cultura política peruana[7].

Con todo y para finalizar esta reseña, habría que resaltar que más que objeciones, este libro sugiere con su novedoso análisis algo más interesante y productivo para la investigación histórica: nuevas preguntas.

 


[1] Esta es una versión ampliada de la reseña publicada originalmente en el Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, 25, 3 (2005): 477-480. PDF.

[2] Suffragio e rappresentanza nel Perú dell’ 800: gli itinerari della sovranità (1808-1860). Torino: OTTO, 2002. Varias de las ideas presentadas en este libro fueron planteadas ya en su artículo “Andes o Nación: La Reforma Electoral de 1896 en el Perú”, en. Antonio Annino (coord). Historia de las Elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. De la formación del espacio político nacional. Buenos Aires: FCE, 1995.

[3] Sobre la obra de Annino ver por ejemplo, Antonio Annino y Raymond Buve, (coords.), El liberalismo mexicano. Hamburgo-Münster: AHILA, 1993; Antonio Annino. “Ciudadanía “versus” gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de un dilema”. En Hilda Sábato (Coord.). Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina. México: FCE-EI Colegio de México, 1999; y  “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821”. En Antonio Annino (coord.). Historia de las elecciones en Iberoamérica.

[4] Charles F. Walker De Tupac Amaru a Gamarra. Cusco y la formación del Perú republicano, 1780-1840. Cusco. CBC, 1999. Capítulo V; y Ulrich Mücke. “Estado nacional y poderes provinciales. Aspectos del sistema político peruano antes de la Guerra con Chile”. En: Anuario de Estudios Americanos, LVI, 1, (Sevilla 1999): 173-194.

[5] Víctor Peralta Ruíz. En pos del tributo. Burocracia estatal, elite regional y comunidades indígenas en el Cuzco rural (1826-1854). Cuzco: CERABC, 1991; Cecilia Méndez. “Tradiciones liberales en los Andes: militares y campesinos en la formación del estado peruano”, en Marta Irurozqui (ed.), La mirada esquiva. Reflexiones históricas sobre la interacción del estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú) siglo XIX, Madrid, CSIC, 2005, p. 141.

[6] Sobre la campaña electoral de 1849-1851 ver mi estudio “El Club Progresista y la coyuntura electoral de 1849-1851”. En: Cristóbal Aljovín de Losada y Sinesio López (ed.). Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo. Lima: IEP, 2005. pp. 395-424.

[7] Víctor Peralta Ruíz. La independencia y la cultura política peruana (1808-1821), Lima: IEP, Fundación M. J. Bustamante De la Fuente, 2010.

Debate. La imagen a través del espejo. Comentarios al ensayo de Cecilia Méndez, “De indio a serrano: nociones de raza y geografía en el Perú (siglos XVIII-XXI)”

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A veces la búsqueda de esa imagen del Perú es la búsqueda de una identidad personal: la imagen puede terminar reflejando como un espejo la imagen del propio investigador Alberto Flores Galindo  [2]

    Siguiendo el estilo de Alberto Flores Galindo en su “Republica sin ciudadanos”[3], Cecilia Méndez nos proporciona un ensayo con ideas muy sugerentes sobre la historiografía peruana y el racismo. Para Méndez, siguiendo el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el racismo fue un ingrediente primordial en la violencia política de las décadas de 1980 y 1990. Sobre todo, la indiferencia capitalina hacía las víctimas se explica esencialmente por una cuestión racial. Así, Méndez busca rastrear históricamente esa indiferencia racista explicando cómo se alejó o, mejor dicho, expulsó al indio del imaginario político y social limeño. En tal sentido, su ensayo tiene dos objetivos: 1. Cómo el término “indio” de no tener un referente geográfico en la colonia pasó a ubicarse en la sierra y convertirse de manera despectiva en “serrano”, y 2. Por qué los historiadores peruanos no tienen interés en investigar a la sociedad rural del siglo XIX. La respuesta de la primera pregunta explicaría la segunda.

En este ensayo, Méndez explica, por medio del análisis de una muestra de textos e imágenes producidos por intelectuales limeños, cómo a partir de fines del siglo XVIII al “indio” se le empieza a ubicar geográficamente fuera de Lima y, de manera más evidente, en el siglo XIX se le asocia con la sierra y lo atrasado. Ya desde fines del siglo XIX en los textos escolares, y después con José Carlos Mariátegui, se “racializa” la división geográfica del país en tres regiones naturales, donde se procede a “blanquear” la costa. Ello se convertiría en una imagen arraigada en el imaginario popular contemporáneo que influirá en la historiografía. Es claro que aquí se plantea más hipótesis que certezas, un tema tan complejo requeriría de un libro. Pero, como Flores Galindo gustaba hacer, Méndez quiere provocar debate sobre un problema contemporáneo evidenciando su carga histórica. Veamos las dudas que me genera, en particular en el tema de la historiografía que es hacía donde al final conecta en sus reflexiones el pasado con el presente.

En términos generales, su idea de “racialización geográfica” es sugerente y factible. Sin embargo, hubiera sido más convincente si lo conectará con la historiografía de cada coyuntura que analiza; solo para ver si funciona su hipótesis general. Aparte de ello, no queda claro por qué acaba su análisis con Mariátegui. Lo menciono porque la producción sociológica y antropológica de fines de la década de 1960 dio una imagen del indio diferente a la de Mariátegui y los indigenistas, donde la movilidad espacial y social es su característica (pienso en el libro El Indio y el poder en el Perú[4]). Estas posiciones se encontraron en el debate de la famosa mesa de Todas las Sangres entre José María Arguedas y Aníbal Quijano, Henri Favre, entre otros[5]. Ello es importante porque la “Nueva” historia social peruana que surge muy poco tiempo después tenía una imagen del indio muy diferente. Méndez muestra cómo la obra del sociólogo Nelson Manrique, Las guerrillas indígenas en la Guerra con Chile. Campesinado y nación[6], que planteaba la idea de “nacionalismo” indígena, fue la excepción ante “nuevos” historiadores como Heraclio Bonilla -curiosamente antropólogo de formación- que veían a los indígenas como un rebaño sin iniciativa política propia. Idea por lo demás compartida por parte de la izquierda política peruana. Pero entonces por qué Méndez no le da especial interés a esta generación de historiadores sociales, más aún cuando esta inició los estudios modernos sobre el siglo XIX que proporcionaron además una imagen de esa época que tendrá cierto asidero en la “Idea crítica” de la historia peruana divulgada en la educación en la década de 1980. ¿Acaso este discurso no ayudaría a explicar, en parte, la presunta indiferencia social de la academia limeña hacia el indígena en la década de 1980 y su conexión con la historiografía? Yo creo que sí, pero Méndez prefiere otros caminos; en realidad su crítica apunta a otra generación de historiadores.

Sobre el hecho de que la historiografía, pese al “boom” de la historia política de la década del 1990, no le interesa estudiar la sociedad rural, Méndez tiene dos explicaciones: una relativa a la disciplina misma y otra de carácter político, la más polémica. 1. La historiografía limeña no se ha podido desprender de aquella tradición “positivista” decimonónica que asume como su exclusivo objeto de estudio las sociedades con escritura; así, la población rural o indígena sería objeto de estudio de antropólogos y sociólogos y no de historiadores. 2. El desinterés se explicaría además porque de manera “subconsciente” los historiadores limeños no asumen a la población rural como parte de la nación; es decir, extiende a este grupo las conclusiones de la CVR sobre la indiferencia de intelectuales y clases medias limeñas ante la población rural durante la época de la violencia política.

Veamos. Ante estas afirmaciones y la forma de argumentar uno no puede estar menos que de acuerdo pero, tras la emoción de escuchar una voz crítica en una academia tan propensa a la adulación, uno se da cuenta de que Méndez ofrece menos de lo que promete. No muestra ejemplos concretos. Critica a políticos de derecha y a la política neoliberal (Alan García, Antero Flores Araoz) pero no directamente a historiadores. De otra parte, es muy difícil para el caso peruano hablar de “booms” historiográficos teniendo en cuenta la magra producción intelectual local, sobre todo de libros. La década de 1990, además, fue muy difícil para investigar in situ. Parte de los textos que menciona en las páginas 65 y 67 son producto de tesis doctorales sustentadas por peruanos en el extranjero y ya de inicios del nuevo siglo (p. e. Aljovín, García Bryce, Espinoza, Monsalve) o de historiadores que trabajan en universidades extranjeras (Aguirre, Hünefeldt, McEvoy, la misma Méndez). Es más complicado también esperar una gran producción circunscribiéndose a una época o tema particular. A la academia peruana, mientras no tenga algo similar al Conacyt mexicano o el Conicet argentino, es difícil que se le pueda exigir tener una gran producción sobre un tema específico o que se desprenda totalmente de su “positivismo”.

El problema es que como Méndez espera que haya muchos libros sobre los temas que ella trabaja, obvia lo que se ha hecho para otras épocas y lo que se investiga o publica fuera de instituciones como el Instituto de Estudios Peruanos o la universidad Católica. Le recomendaría ver, por ejemplo, la tesis de Mario Meza sobre la aplicación de Ley de Conscripción Vial en Huamanga y Canta del cual ya hay por lo menos dos artículos publicados, uno en la Revista Andina; es decir, en una revista importante y accesible[7]. O, ciñéndonos a la época que prefiere Méndez, la de Francisco Núñez sobre las elecciones e indígenas durante las Cortes de Cádiz en Arequipa, Cajamarca, Lima y Trujillo y la de Marissa Bazán sobre indígenas en la Lima de las Cortes de Cádiz a quien cita a pie de página pero con nombre equivocado[8]. Es decir, el positivismo que denuncia no es tan hegemónico y, en todo caso, ¿todos los historiadores debemos volcarnos a estudiar poblaciones rurales para demostrar estar a la altura de los tiempos o que no somos racistas? Lo dudo. Bajo esa lógica, el historiador que no investiga sobre los sectores populares, la mujer o las poblaciones afrodescendientes es elitista, machista o racista. Sí y no. El tema es más complejo.

El hecho de que escaseen las tesis o libros dedicados al tema que Méndez defiende no significa que se carezca de posición respecto al rol político de la población indígena en la historia republicana. La historiografía social, incluido el propio Flores Galindo en su tesis sobre los mineros de Cerro de Pasco, calificó a la población rural de “pre-políticos”[9]. Sin embargo, a partir de la década de 1990 difícilmente se encontrará tal afirmación. Creo que no basta con ver las temáticas de los libros para establecer una tendencia sino que es necesario ver que discurso hay en ellos. O ver también qué escriben los historiadores en forma de artículos o reseñas. Además, algunos de los libros que menciona tratan lo complejo que es la política decimonónica para establecer un régimen que integre a los sectores populares urbanos y rurales. Los indígenas no serán protagonistas pero están presentes. Asimismo, algunos muestran de manera crítica la política discriminadora de la elite política hacía los sectores populares rurales. Es decir, se puede trabajar elites o temas urbanos y ser crítico y no necesariamente caer en la hagiografía o ser socialmente indiferente.

Pero hay algo grave en su identificación de la historiografía limeña. Méndez hace implícitamente una división donde circulan, por un lado, autores con nombres y apellidos y, de otro lado, los anónimos de “universidades nacionales” (San Marcos, Federico Villarreal, etc.); es decir, según puedo deducir de su ensayo, los “neopositivistas” (aquellos con cierta sofisticación teórica pero que no trabajan poblaciones ágrafas) y los “positivistas clásicos” (aquellos sin teoría y ceñidos al documento), respectivamente. No estoy seguro de que tan real sea esa descripción. Lo único que me queda claro es que en la limeña “República de Clío” hay ciudadanos de primera y segunda clase. No es novedad, pero parafraseando a Méndez, creo que sin querer reproduce a nivel local las estructuras de desigualdad académica de Estados Unidos respecto de Latinoamérica que ella misma denuncia en este y otro artículo[10]. A ello se agrega que tratando de probar su tesis no examina ninguna obra de los “neopositivistas” y, en cambio, sí le dedica algunas críticas a los “positivistas clásicos” por ser “apolíticos”. Supongo que es menos arriesgado hacerlo. Méndez afirma que la politización y el senderismo en las universidades nacionales llevaron a que los historiadores formados en ellas se refugiaran en el “apolítico” positivismo clásico. El mensaje casi desesperado que pretenden dar, en la voz de Méndez, sería “soy historiador(a), no me confundan con el camarada Gonzalo”[11]. No se cita a ningún “positivista clásico” para probar esta afirmación. Es así que además de no tener nombres tampoco tienen voz. Méndez, paradójicamente, al mencionarlos los invisibiliza.

Aun pasando por alto este hecho, sus apreciaciones en lo que respecta a la historiografía de la universidad San Marcos me parecen, por decir lo menos, incorrectas. Si revisa solo las tesis de licenciatura desde 1996 a la fecha verá un panorama diferente[12]. De hecho que hay “positivistas clásicos” pero también “neopositivistas” tanto como en la Católica o Villarreal, para ceñirnos solo a Lima. ¿Hay historia despolitizada? No lo creo, aunque algunas obras lo aparenten. Y de haber revisado al menos el índice de una de las revistas sanmarquinas que califica de “apolíticas”, Perú contemporáneo, habría constatado lo contrario[13]. Sendero Luminoso no despolitizó a los historiadores de San Marcos por temor a ser confundidos con Abimael… Lamentablemente, Méndez reproduce prejuicios. En realidad, estas afirmaciones dicen más de su propio “lugar de producción” que de las características de la historiografía nacional, de la cual no se puede hacer generalizaciones si seguimos circunscribiéndola a ciertas instituciones de Lima. Con todo, si algo caracteriza a la historiografía limeña (positivistas clásicos y neopositivistas por igual) de la época posfujimorista es su falta de debate y autocrítica, al punto que la sección de reseñas en las revistas de historia están conformadas en gran parte por resúmenes publicitarios de libros. ¿Por qué? Por la misma razón por la que Méndez no dice nada de los “neopositivistas”…

Para finalizar, creo que hasta cierto punto las críticas de Méndez son un “jalón de orejas” a las nuevas generaciones de historiadores porque no trabajamos “temas importantes” y estamos “despolitizados”. Discrepo. Hasta la historiografía naif diría que no está despolitizada. Hay política en la historiografía actual. Es evidente que no a la manera de las décadas de 1970 y 1980; pero no todos debemos seguir el estilo de Flores Galindo o que sea nuestro referente obligado. La historiografía peruana reciente, y la imagen del Perú que trata, mal que bien, de construir, no está obligada a mirar en los espejos de otras generaciones, o ¿sí?

 


[1] Cecilia Méndez, “De indio a serrano: nociones de raza y geografía en el Perú (siglos XVIII-XXI)”Histórica, Vol. 35, Nº. 1, 2011, pp. 53-102. Versión PDF de esta reseña aquí.
[2] Alberto Flores Galindo. “La imagen y espejo: la historiografía peruana 1910-1986”, Márgenes, Año 2, Nº 4, 1988, p. 72.
[3] Alberto Flores Galindo. Buscando un Inca. Identidad y utopía en los andes. Lima: El Comercio, 2010. Capítulo 8.
[4] Fernando Fuenzalida, et al. El indio y el poder en el Perú. Lima: Moncloa-Campodónico, 1970.
[5] Guillermo Rochabrún (ed.). La Mesa Redonda sobre Todas las sangres, del 23 de junio de 1965, 2a ed. Lima: IEP, PUCP. Fondo Editorial, 2000.
[6] Nelson Manrique. Las guerrillas indígenas en la Guerra con Chile. Campesinado y nación. Lima: Centro de Investigación y Capacitación, 1981.
[7] Mario Meza, Caminos al progreso. Mano de obra y política de vialidad en el Perú. La Ley de Conscripción Vial, 1920-1930. Lima Tesis (Lic. Historia) UNMSM, 1999. Partes de esta tesis están publicados en: “Campesinados, Estado y modernización en la Ley de Conscripción Vial: enfoques y perspectivas para un balance historiográfico”, Diálogos en Historia, Lima, 2, 2002; “Estado, Modernización y la Ley de Conscripción Vial en Perú”, Revista Andina, Cusco, 49, 2, 2009 y “Caminos, campesinos y modernización vial en el Perú. El debate político y la aplicación de la Ley de Conscripción Vial, 1900-1930”, en Dino León, Alex Loayza y Marcos Garfias (Eds.). Trabajos de historia. Religión, cultura y política en el Perú, siglos XVII-XX. Lima: UNMSM, 2011.
[8] Francisco Núñez, Ciudadanía, participación y representación política bajo el régimen de la constitución de Cádiz: 1812-1814, 1820-1823. Lima Tesis (Lic. Historia) UNMSM, 2004. Parte de esta tesis se publicó en “La participación electoral indígena bajo la constitución de Cádiz (1812-1814)”, en Cristóbal Aljovín de Losada; Sinesio López (Eds). Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo. Lima: IEP, 2005. Marissa Bazán Díaz, La participación de los indígenas durante las Cortes de Cádiz. Lima en el ocaso del régimen español (1808-1814). Lima Tesis (Lic. Historia) UNMSM, 2010.
[9] Alberto Flores Galindo. Los mineros de la Cerro de Pasco, 1900-1930. Un intento de caracterización social. Lima: PUCP, Departamento de Ciencias Sociales, 1974.
[10] Ver por ejemplo sus textos “¿Una larga espera? Ironías de la cruzada postcolonialista en Hispanoamérica”, Histórica, Vol. 30, N°2, 2006, pp. 117-128; “El inglés y los subalternos. Comentario a los artículos de Florencia Mallon y Jorge Klor de Alva”, en Pablo Sandoval (comp.). Repensando la subalternidad. Miradas críticas desde/sobre América Latina. Lima: IEP; SEPHIS, 2009.
[11] Méndez, “De indio a serrano”, p. 100.
[12] Ver Alex Loayza Pérez. “Notas sobre la historiografía en la Universidad San Marcos después de la ‘Nueva Historia’ ”, en Dino León, Alex Loayza y Marcos Garfias (Eds.). Trabajos de historia. Religión, cultura y política en el Perú, siglos XVII-XX. Lima: UNMSM, 2011.
[13] Perú contemporáneo. Revista de historia y sociedad. Se publicaron dos números entre el 2000 y 2001 y estuvo dirigida por Marcos Garfias y Rolando Rojas. En el índice del primer número destacan, como evidencia para negar su supuesto carácter “apolítico”, los artículos de Marcos Garfias “Los perdedores de la reforma económica neoliberal de los 90: el caso de los obreros mineros”, Mario Meza “El sistema judicial en el Perú: perspectivas y críticas desde una interpretación histórica” y Nicolás Lynch “Resignificar el socialismo en el Perú”.
___________________________________________________________________________ RESPUESTA DE CECILIA MÉNDEZ ___________________________________________________________________________
Gracias Alex Loayza, por tu bien fundamentada crítica a mi ensayo. Tienes razón en casi todo. El balance que hago es efectivamente parcial y subjetivo y no pretende ser otra cosa. Lo único que lamento es que no quedara claro que mi crítica no iba dirigida a los historiadores de las generaciones jóvenes. Más bien, iba a mi propia generación, y era una crítica de algo que percibí estaba sucediendo en los noventa en la Católica en particular, a la que conozco mejor por dentro, más que en San Marcos, e incluye pinceladas de impresiones que tuve en mis varios viajes a Ayacucho en esa época. Con todo, creo que el fujimorismo tuvo cierto éxito en “despolitizar” (siempre entre comillas, porque creo que todo es político) las universidades; ciertamente, ese era el ambiente de los tiempos. Con respecto a Meza, no entraba en la cronología que quería discutir, sino, tendría que haber incluido a todo lo escrito sobre el siglo XX, para el cual los estudios sobre sociedades rurales y rebeliones indígenas abundan, por contraste con el XIX. En el debate historiográfico me quise concentrar en por qué el boom sobre el siglo XIX priorizó unos temas y descuidó otros. Eso, sí, tu alusión a mi alusión de Mariátegui me parece incorrecta y descontextualizada Esa referencia no es parte de ningún balance historiográfico (Mariátegui fue el último en interesarse por el XIX…) y la traje a colación para demostrar hasta qué punto las ideas de una geografía racializada se reproducen en el XX y no se circunscriben a una elite conservadora sino que trascienden filiaciones políticas e ideologías: son hegemónicas hasta el día de hoy, obstante la literatura del IEP que mencionas dedicada a estudiar las migraciones del campo a la ciudad, y la situación cambiante de los “indios”. Esa literatura partía –y me refiero más específicamente a Matos Mar– (a quien El Comercio le gusta reproducir) del supuesto equivocado de que la sierra antes de 1940 estuvo “aislada” y sólo se empieza a “integrar” con las migraciones campesinas de esa década. Tu critica más efectiva es quizá a que debí ser más directa en mi critica para que se entienda mejor a quien iba a dirigida. No es que no esté en el artículo sino que es más bien sutil. Pues lo digo claramente: uno de los blancos principales de mi crítica era la corriente que representa, por ejemplo, Carmen McEvoy en los noventa, más que las generaciones nuevas. Finalmente, la alusión a Flores Galindo se hizo a pedido de los editores ya que el numero estaba dedicado a él. El artículo no fue escrito con Flores Galindo en la cabeza. Al final, sin embargo, creo que todo encajó perfectamente, aunque de manera un poco irónica. Tito tenía su gran proyecto de Utopía Andina, en el cual yo nunca creí, y discrepé de él abiertamente en “Incas Sí, Indios No. Él fue pionero no por plantear la utopía sino por rastrear al estudio del racismo a donde nadie lo había llevado nunca en el Perú en la “modernización del siglo XIX. El gran historiador de la utopía fue así quien mejor entendió el surgimiento la “anti utopía” que es como él le llamó al racismo. El homenaje entonces funcionó porque al margen de que uno estuviera de acuerdo o en desacuerdo con lo que escribiera Tito, fue uno de los pocos historiadores a quienes le gustaba escribir para debatir, conectar la historia con el presenta y con la política. Ósea, su forma de hacer historia fue (al menos para mí) más importante que lo que decía. ¡Muchas gracias por tomarte el trabajo de comentar y criticar mi ensayo, que para eso lo escribí!