El resurgimiento de la historia política en Latinoamérica y su posterior “boom” se inició en la década de 1990 y fue precisamente con el tema de las elecciones donde se vio como relevante para entender los procesos de independencia de las naciones latinoamericanas y su posterior desarrollo político en el siglo XIX. Múltiples investigaciones, en ese sentido, mostraron las posibilidades del tema electoral para entender mejor las relaciones de poder local y nacional, así como el impacto del constitucionalismo y el liberalismo en la cultura política de las sociedades latinoamericanas. Eso supuso, por supuesto, una nueva forma de concebir el fenómeno político, como una esfera autónoma, alejada de los discursos nacionalistas y no determinada por factores económico-sociales. De esta forma, se rompieron viejos prejuicios —tanto de la historia social como de la historia tradicional— que describían a las elecciones como actos irrelevantes para entender el mundo político debido a la manipulación de la que eran objeto por parte de los caudillos, a lo que se agregaba la poca o nula participación de los sectores populares que dejaba en evidencia la inaplicabilidad de las normas constitucionales, entre otros hechos que fundamentaban la idea de que la democracia en la región sólo era una “ficción”. Contribución a un diálogo abierto. Cinco ensayos de historia electoral latinoamericana, coordinado por las historiadoras mexicanas Fausta Gantús y Alicia Salmerón, es precisamente una necesaria reflexión sobre un aspecto clave en el desarrollo de la historia política latinoamericana decimonónica a partir de los casos de Argentina, Chile, México y Perú.
Como se afirma en el prólogo e introducción del libro, la historia electoral desde las compilaciones de Antonio Annino, Carlos Malamud y Eduardo Posada Carbó[1] siempre buscaron establecer un diálogo entre las historiografías latinoamericanas con el objeto de construir una visión general sobre la región. Por ello, el diálogo historiográfico al que alude el título del libro es relevante dado que este forma parte del proyecto Hacia una historia de las prácticas electorales en México, siglo XIX llevado a cabo en el Instituto Mora, lo cual reafirma la idea de que no es posible entender la experiencia nacional sino se tiene una perspectiva regional, tanto para ubicar problemas y nuevas temáticas de investigación como para establecer una síntesis. A ello apuntan en conjunto los cinco ensayos de este libro.
El caso argentino cuenta con dos ensayos sobre el problema de la práctica electoral en el siglo XIX. El primero, de reflexión historiográfica, está a cargo de la reconocida historiadora argentina Marcela Ternavasio. En “Las prácticas electorales y sus diferentes escenarios. Balances y perspectivas para los estudios del temprano siglo XIX” Ternavasio afirma que la práctica electoral tiene una doble dimensión a tomar en cuenta: sus fundamentos políticos de legitimidad y su práctica compuesta de diversos procedimientos. Ambas complican el análisis histórico, más aún por la escasez o fragmentación de las fuentes que pueden llevar a estudios descriptivos y desconectados o generalizaciones con bases empíricas endebles. Una forma de enfrentar este problema es la de analizar la elección en espacios locales concretos. Su propio trabajo[2], influenciado por Frank O’Gorman, Antonio Annino y François–Xavier Guerra, prestaba atención a identificar la construcción del poder político y cómo la lógica de representación definió la forma del régimen desde lo local; de esta manera, desde lo particular se podía establecer interpretaciones más amplias con base empírica. Por ejemplo, su hipótesis sobre que el régimen unanimista y plebiscitario de Juan Manuel Rosas (1835-1852) se sostenía en una ruralización de la política se apoyaba en su análisis de la competitividad de las elecciones en su ámbito deliberativo (lista de candidatos y libertad de expresión). Así, identificó que mientras en las elecciones de las zonas rurales las autoridades locales limitaban la competencia controlando la prensa o estableciendo una lista única de candidatos, primando el voto por unanimidad, en la ciudad, en cambio, había una imagen contraria con una fuerte competencia política. En ese sentido, Rosas, para mantenerse en el poder, estableció una institucionalidad electoral que llevó a las ciudades el sistema de unanimidad que además favorecía con una mayor representación del campo. Ternavasio daba así una explicación más compleja del régimen de Rosas, de cómo usó las elecciones para construir y legitimar su poder. Múltiples investigaciones posteriores al trabajo de Ternavasio, de un nivel más local, han mostrado una imagen diferente de las elecciones rurales mostrando que en muchos lugares había competitividad electoral y que más bien durante el gobierno de Rosas se generalizó el voto por unanimidad. No obstante, en conjunto, estás investigaciones, críticas del enfoque “institucionalista” de Ternavasio, no cuestionan la caracterización general del régimen rosista como unanimista, en la medida que se quedan en su análisis del ejercicio del voto local. Por ello, Ternavasio señala que es necesario evitar la “tiranía de las especificidades locales” (81) y que estas deben llevar a interpretaciones más amplias y comparativas, lo cual implica que lo institucional también debe ser visto como “practica electoral”. Es decir, estos estudios deben inscribirse en temáticas más amplias “que revelen las diferentes conexiones existentes entre sufragio, representación, régimen político y soberanía” (81).
Un aporte al reto planteado por Ternavasio es el que presenta el ensayo de María José Navajas, “Articulación de leyes y prácticas electorales en Argentina, 1860-1872”, quien conecta lo institucional con el ejercicio del voto para cuestionar el concepto de “gobierno elector” (la capacidad del gobierno para controlar las elecciones y eliminar la competencia). Así, afirma que los comicios electorales eran espacios difíciles de controlar por los gobiernos porque participaban múltiples actores sometidos a distintas lealtades locales y nacionales. Para probar esta afirmación, Navajas encuentra un nuevo ámbito de estudio de la práctica electoral local en la labor del Parlamento como instancia final de escrutinio o calificación del voto. En tal sentido, identifica, analiza y articula tres escenarios del voto: las normas y sus cambios, la práctica electoral —por medio de informes y protestas— y la Cámara de Diputados como juez electoral. Esto significa confrontar las normas electorales con las denuncias e informes que llegan al Parlamento para impugnar los votos, además de los debates y sentencias sobre las mismas. Esto permite conocer qué hechos y prácticas locales eran más recurrentes en las elecciones, como la participación de las autoridades locales en la interpretación, cumplimiento o no de las normas, las nociones y discursos sobre el derecho y legitimidad del sufragio o las limitaciones del sistema al no contar con funcionarios para cumplir con el envió del registro electoral. Todo ello además cuestiona la idea de un “gobierno elector”. De otra parte, es interesante notar que hechos denunciados como fraude por la prensa —y replicados por la historiografía—como, por ejemplo, la compra de votos, no fueron atendidos dado que la ley no lo prohibía expresamente y que además era un aspecto que los políticos tampoco buscaron reformar legalmente, lo cual significa que en cierta forma estaban legitimados en la práctica. La calificación del voto se vislumbra, así como un prometedor campo de investigación.
El caso chileno, en comparación con el argentino, muestra un panorama historiográfico muy distinto sobre las elecciones decimonónicas. La falta de investigaciones a nivel local, sólo permite por el momento dar visiones institucionales generales a partir de las legislación electoral y ciertos datos estadísticos, lo cual, evidentemente, es importante también, pero se privilegia sobre todo la segunda mitad del siglo XIX[3]. Macarena Ponce de León Atria en “La construcción del poder electoral y participación política en Chile. Siglos XIX y XX” se pregunta cómo se amplió el sufragio en Chile y se hizo efectiva la representación política. Para ello recurre al análisis de la construcción institucional de un sistema electoral por parte del Estado chileno desde fines del siglo XIX a mediados del siglo XX bajo la idea de que esta institución debía ser autónoma de los poderes locales y partidos políticos y que su objetivo era democratizar el voto, universalizarlo. Cruza entonces un tema clásico en la historiografía chilena como es el de la construcción del Estado con el de las elecciones, estableciendo una periodización general de los cambios en las instituciones electorales (de los municipios y agentes estatales locales del siglo XIX a la centralización con la Dirección de Registro electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones del siglo XX), tipo de representación (del principio de la mayoría al respeto de las minorías), y la universalización del sufragio (del voto censitario al de las mujeres, pasando por el de los sectores populares). Asimismo, se utiliza los padrones electorales para identificar de forma muy general la composición social del cuerpo electoral a partir de sus actividades económicas identificando la ampliación social de la participación electoral popular.
Las amplias posibilidades de los padrones electorales son exploradas en el ensayo del historiador peruano Jesús A. Cosamalón Aguilar, “La “brecha no explicada.” Los padrones electorales y su contribución para el estudio de la etnicidad y el racismo en el Perú del siglo XIX”. Más que un estudio institucional o local de las elecciones —que para el caso peruano no son pocos[4]— busca mostrar las posibilidades del registro electoral como fuente para la historia social en general y de la discriminación racial en particular. Ello es posible, dado que estos registros definían quién tenía derecho a voto según determinadas características sociales, económicas y culturales; es decir, identificaban quién era ciudadano o no. Pese a que desde la Constitución de Cádiz la legislación permitía a una amplia población masculina el derecho a voto —el ser alfabeto no era un requisito excluyente— este no escapaba de ciertas consideraciones sociales. Así, en el censo de la ciudad de Lima de 1860, elaborado por la municipalidad de aquella ciudad para establecer el registro electoral, incluía las categorías de nombre, tipo de vivienda y nombres de los residentes, presencia de menores de edad (menos de 21 años), nacionalidad, edad, religión, estado civil, profesión, si era alfabeto o no y lo más interesante la “raza”. Cosamalón analiza este censo para probar cómo los criterios étnicos atravesaron los requisitos de derecho a sufragio. De hecho, en la legislación no había restricciones de tipo étnico, pero en la elaboración del censo se utilizaban categorías, como “raza” y alfabetismo, que organizaban las jerarquías sociales en Lima. Así, los criterios socioeconómicos y culturales estaban atravesados por lo étnico (lo blanco se asociaba a la riqueza y educación y lo no blanco a la pobreza y analfabetismo) y por ello, en la práctica, por medio del registro electoral, se excluía como votante a una parte importante de la población indígena y afrodescendiente de la ciudad. Este hecho iba de la mano con el surgimiento de nuevas élites peruanas costeñas en cuyo proyecto de modernidad no formaba parte los indígenas y afrodescendientes y más bien eran considerados trabas sociales que superar.
El libro finaliza con el ensayo de Israel Arroyo, “Republicanismo y parlamentarismo en México, 1824-1911”, cuyo objetivo es discutir el tema del presidencialismo y el parlamentarismo en el sistema político mexicano a través de las elecciones del poder ejecutivo. Es decir, vuelve a un tema clásico —el origen del presidencialismo mexicano—bajo una nueva perspectiva. Arroyo afirma que diferencia del modelo republicano estadounidense, donde la elección del presidente era hecha por los ciudadanos, en el modelo mexicano el presidente fue elegido por el congreso (constituyentes, federales, estatales, departamentales, el de las Cámaras de diputados y senadores y voto por diputaciones) y, en menor medida por juntas electorales hasta 1857. Esta especie de republicanismo parlamentario tendrá un cambio con la Constituyente de 1857 cuando se consolide un sistema republicano presidencialista y se elija al presidente de forma directa por los ciudadanos —aunque por medio de electores primarios—. Esto es importante porque el esquema de legitimidad presidencial cambió. No obstante, aún el parlamento votaba en caso de que el candidato presidencial no obtuviera mayoría absoluta en las elecciones primarias —hecho poco común por la característica poco competitiva de las elecciones con uno o dos candidatos—y en la elección de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, el parlamento podía interpelar ministros y ratificar a los altos de la burocracia civil y militar. No obstante, este presidencialismo se acrecentará tras la revolución mexicana, pese a los intentos de volver al parlamentarismo.
Para finalizar esta reseña, es necesario resaltar que la historia electoral en América Latina tiene en los casos argentino y mexicano sus más importantes exponentes y, por lo mismo, ha influido notablemente en las demás historiografías de la región —como se evidencia en las referencias bibliográficas del prólogo y la introducción—. Por ello, la inclusión de los casos peruano y chileno —que muestran un desarrollo menor pero no menos sustancial— es importante tanto para mostrar el estado de sus estudios (Chile, más no en el caso del Perú) como para presentar nuevas rutas de investigación (Perú). En conjunto, los ensayos reseñados aportan valiosas y sugerentes ideas y, aunque se podría objetar que no hay un diálogo directo entre ellos, Israel Arroyo cumple con creces tal labor en la introducción de este libro, haciendo un balance crítico, estableciendo conexiones y resaltando las nuevas líneas de investigación propuestas. En tal sentido, Contribución a un diálogo abierto…, es un libro clave para reflexionar y discutir sobre los alcances y límites de la historia política en Latinoamérica, tras casi tres décadas de hegemonía.
[1] Antonio Annino (coordinador), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995; Carlos Malamud (editor), Partidos políticos y elecciones en América Latina y la Península Ibérica, 1830-1930, Madrid, Instituto Universitario Ortega y Gasset, 1995, 2 volúmenes; Eduardo Posada Carbó (editor), Elections before Democracy. The History of Elections in Europe and Latin America, Londres, MacMillan, 1996.
[2] Marcela Ternavasio, Revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852, Buenos Aires, Siglo XXI editores Argentina, 2002.
[3] Para el siglo XIX aún tienen vigencia las investigaciones de Germán Urzúa Valenzuela, Historia política de Chile y su evolución electoral: (desde 1810 a 1992), Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1992; y J. Samuel Valenzuela, Democratización vía reforma: la expansión del sufragio en Chile, Buenos Aires, Ediciones del IDES,1985.
[4] Un balance de la producción de historia electoral peruana se puede ver en Cristóbal Aljovín de Losada y Francisco Núñez Díaz, “Ensayo bibliográfico. Las elecciones peruanas decimonónicas”, en Elecciones, año 5, número 6, pp. 219-242.
