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Fausta Gantús y Alicia Salmerón, (coords). Contribución a un diálogo abierto. Cinco ensayos de historia electoral latinoamericana. México: Instituto Mora, 2016

 

El resurgimiento de la historia política en Latinoamérica y su posterior “boom” se inició en la década de 1990 y fue precisamente con el tema de las elecciones donde se vio como relevante para entender los procesos de independencia de las naciones latinoamericanas y su posterior desarrollo político en el siglo XIX. Múltiples investigaciones, en ese sentido, mostraron las posibilidades del tema electoral para entender mejor las relaciones de poder local y nacional, así como el impacto del constitucionalismo y el liberalismo en la cultura política de las sociedades latinoamericanas. Eso supuso, por supuesto, una nueva forma de concebir el fenómeno político, como una esfera autónoma, alejada de los discursos nacionalistas y no determinada por factores económico-sociales. De esta forma, se rompieron viejos prejuicios —tanto de la historia social como de la historia tradicional— que describían a las elecciones como actos irrelevantes para entender el mundo político debido a la manipulación de la que eran objeto por parte de los caudillos, a lo que se agregaba la poca o nula participación de los sectores populares que dejaba en evidencia la inaplicabilidad de las normas constitucionales, entre otros hechos que fundamentaban la idea de que la democracia en la región sólo era una “ficción”. Contribución a un diálogo abierto. Cinco ensayos de historia electoral latinoamericana, coordinado por las historiadoras mexicanas Fausta Gantús y Alicia Salmerón, es precisamente una necesaria reflexión sobre un aspecto clave en el desarrollo de la historia política latinoamericana decimonónica a partir de los casos de Argentina, Chile, México y Perú.

Como se afirma en el prólogo e introducción del libro, la historia electoral desde las compilaciones de Antonio Annino, Carlos Malamud y Eduardo Posada Carbó[1] siempre buscaron establecer un diálogo entre las historiografías latinoamericanas con el objeto de construir una visión general sobre la región. Por ello, el diálogo historiográfico al que alude el título del libro es relevante dado que este forma parte del proyecto Hacia una historia de las prácticas electorales en México, siglo XIX llevado a cabo en el Instituto Mora, lo cual reafirma la idea de que no es posible entender la experiencia nacional sino se tiene una perspectiva regional, tanto para ubicar problemas y nuevas temáticas de investigación como para establecer una síntesis. A ello apuntan en conjunto los cinco ensayos de este libro.

El caso argentino cuenta con dos ensayos sobre el problema de la práctica electoral en el siglo XIX. El primero, de reflexión historiográfica, está a cargo de la reconocida historiadora argentina Marcela Ternavasio. En “Las prácticas electorales y sus diferentes escenarios. Balances y perspectivas para los estudios del temprano siglo XIX” Ternavasio afirma que la práctica electoral tiene una doble dimensión a tomar en cuenta: sus fundamentos políticos de legitimidad y su práctica compuesta de diversos procedimientos. Ambas complican el análisis histórico, más aún por la escasez o fragmentación de las fuentes que pueden llevar a estudios descriptivos y desconectados o generalizaciones con bases empíricas endebles. Una forma de enfrentar este problema es la de analizar la elección en espacios locales concretos. Su propio trabajo[2], influenciado por Frank O’Gorman, Antonio Annino y François–Xavier Guerra, prestaba atención a identificar la construcción del poder político y cómo la lógica de representación definió la forma del régimen desde lo local; de esta manera, desde lo particular se podía establecer interpretaciones más amplias con base empírica. Por ejemplo, su hipótesis sobre que el régimen unanimista y plebiscitario de Juan Manuel Rosas (1835-1852) se sostenía en una ruralización de la política se apoyaba en su análisis de la competitividad de las elecciones en su ámbito deliberativo (lista de candidatos y libertad de expresión). Así, identificó que mientras en las elecciones de las zonas rurales las autoridades locales limitaban la competencia controlando la prensa o estableciendo una lista única de candidatos, primando el voto por unanimidad, en la ciudad, en cambio, había una imagen contraria con una fuerte competencia política. En ese sentido, Rosas, para mantenerse en el poder, estableció una institucionalidad electoral que llevó a las ciudades el sistema de unanimidad que además favorecía con una mayor representación del campo. Ternavasio daba así una explicación más compleja del régimen de Rosas, de cómo usó las elecciones para construir y legitimar su poder. Múltiples investigaciones posteriores al trabajo de Ternavasio, de un nivel más local, han mostrado una imagen diferente de las elecciones rurales mostrando que en muchos lugares había competitividad electoral y que más bien durante el gobierno de Rosas se generalizó el voto por unanimidad. No obstante, en conjunto, estás investigaciones, críticas del enfoque “institucionalista” de Ternavasio, no cuestionan la caracterización general del régimen rosista como unanimista, en la medida que se quedan en su análisis del ejercicio del voto local. Por ello, Ternavasio señala que es necesario evitar la “tiranía de las especificidades locales” (81) y que estas deben llevar a interpretaciones más amplias y comparativas, lo cual implica que lo institucional también debe ser visto como “practica electoral”. Es decir, estos estudios deben inscribirse en temáticas más amplias “que revelen las diferentes conexiones existentes entre sufragio, representación, régimen político y soberanía” (81).

Un aporte al reto planteado por Ternavasio es el que presenta el ensayo de María José Navajas, “Articulación de leyes y prácticas electorales en Argentina, 1860-1872”, quien conecta lo institucional con el ejercicio del voto para cuestionar el concepto de “gobierno elector” (la capacidad del gobierno para controlar las elecciones y eliminar la competencia). Así, afirma que los comicios electorales eran espacios difíciles de controlar por los gobiernos porque participaban múltiples actores sometidos a distintas lealtades locales y nacionales. Para probar esta afirmación, Navajas encuentra un nuevo ámbito de estudio de la práctica electoral local en la labor del Parlamento como instancia final de escrutinio o calificación del voto. En tal sentido, identifica, analiza y articula tres escenarios del voto: las normas y sus cambios, la práctica electoral —por medio de informes y protestas— y la Cámara de Diputados como juez electoral. Esto significa confrontar las normas electorales con las denuncias e informes que llegan al Parlamento para impugnar los votos, además de los debates y sentencias sobre las mismas. Esto permite conocer qué hechos y prácticas locales eran más recurrentes en las elecciones, como la participación de las autoridades locales en la interpretación, cumplimiento o no de las normas, las nociones y discursos sobre el derecho y legitimidad del sufragio o las limitaciones del sistema al no contar con funcionarios para cumplir con el envió del registro electoral. Todo ello además cuestiona la idea de un “gobierno elector”. De otra parte, es interesante notar que hechos denunciados como fraude por la prensa —y replicados por la historiografía—como, por ejemplo, la compra de votos, no fueron atendidos dado que la ley no lo prohibía expresamente y que además era un aspecto que los políticos tampoco buscaron reformar legalmente, lo cual significa que en cierta forma estaban legitimados en la práctica. La calificación del voto se vislumbra, así como un prometedor campo de investigación.

El caso chileno, en comparación con el argentino, muestra un panorama historiográfico muy distinto sobre las elecciones decimonónicas. La falta de investigaciones a nivel local, sólo permite por el momento dar visiones institucionales generales a partir de las legislación electoral y ciertos datos estadísticos, lo cual, evidentemente, es importante también, pero se privilegia sobre todo la segunda mitad del siglo XIX[3]. Macarena Ponce de León Atria en “La construcción del poder electoral y participación política en Chile. Siglos XIX y XX” se pregunta cómo se amplió el sufragio en Chile y se hizo efectiva la representación política. Para ello recurre al análisis de la construcción institucional de un sistema electoral por parte del Estado chileno desde fines del siglo XIX a mediados del siglo XX bajo la idea de que esta institución debía ser autónoma de los poderes locales y partidos políticos y que su objetivo era democratizar el voto, universalizarlo. Cruza entonces un tema clásico en la historiografía chilena como es el de la construcción del Estado con el de las elecciones, estableciendo una periodización general de los cambios en las instituciones electorales (de los municipios y agentes estatales locales del siglo XIX a la centralización con la Dirección de Registro electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones del siglo XX), tipo de representación (del principio de la mayoría al respeto de las minorías), y la universalización del sufragio (del voto censitario al de las mujeres, pasando por el de los sectores populares). Asimismo, se utiliza los padrones electorales para identificar de forma muy general la composición social del cuerpo electoral a partir de sus actividades económicas identificando la ampliación social de la participación electoral popular.

Las amplias posibilidades de los padrones electorales son exploradas en el ensayo del historiador peruano Jesús A. Cosamalón Aguilar, “La “brecha no explicada.” Los padrones electorales y su contribución para el estudio de la etnicidad y el racismo en el Perú del siglo XIX”. Más que un estudio institucional o local de las elecciones —que para el caso peruano no son pocos[4]— busca mostrar las posibilidades del registro electoral como fuente para la historia social en general y de la discriminación racial en particular. Ello es posible, dado que estos registros definían quién tenía derecho a voto según determinadas características sociales, económicas y culturales; es decir, identificaban quién era ciudadano o no. Pese a que desde la Constitución de Cádiz la legislación permitía a una amplia población masculina el derecho a voto —el ser alfabeto no era un requisito excluyente— este no escapaba de ciertas consideraciones sociales. Así, en el censo de la ciudad de Lima de 1860, elaborado por la municipalidad de aquella ciudad para establecer el registro electoral, incluía las categorías de nombre, tipo de vivienda y nombres de los residentes, presencia de menores de edad (menos de 21 años), nacionalidad, edad, religión, estado civil, profesión, si era alfabeto o no y lo más interesante la “raza”. Cosamalón analiza este censo para probar cómo los criterios étnicos atravesaron los requisitos de derecho a sufragio. De hecho, en la legislación no había restricciones de tipo étnico, pero en la elaboración del censo se utilizaban categorías, como “raza” y alfabetismo, que organizaban las jerarquías sociales en Lima. Así, los criterios socioeconómicos y culturales estaban atravesados por lo étnico (lo blanco se asociaba a la riqueza y educación y lo no blanco a la pobreza y analfabetismo) y por ello, en la práctica, por medio del registro electoral, se excluía como votante a una parte importante de la población indígena y afrodescendiente de la ciudad. Este hecho iba de la mano con el surgimiento de nuevas élites peruanas costeñas en cuyo proyecto de modernidad no formaba parte los indígenas y afrodescendientes y más bien eran considerados trabas sociales que superar.

El libro finaliza con el ensayo de Israel Arroyo, “Republicanismo y parlamentarismo en México, 1824-1911”, cuyo objetivo es discutir el tema del presidencialismo y el parlamentarismo en el sistema político mexicano a través de las elecciones del poder ejecutivo. Es decir, vuelve a un tema clásico —el origen del presidencialismo mexicano—bajo una nueva perspectiva. Arroyo afirma que diferencia del modelo republicano estadounidense, donde la elección del presidente era hecha por los ciudadanos, en el modelo mexicano el presidente fue elegido por el congreso (constituyentes, federales, estatales, departamentales, el de las Cámaras de diputados y senadores y voto por diputaciones) y, en menor medida por juntas electorales hasta 1857. Esta especie de republicanismo parlamentario tendrá un cambio con la Constituyente de 1857 cuando se consolide un sistema republicano presidencialista y se elija al presidente de forma directa por los ciudadanos —aunque por medio de electores primarios—. Esto es importante porque el esquema de legitimidad presidencial cambió. No obstante, aún el parlamento votaba en caso de que el candidato presidencial no obtuviera mayoría absoluta en las elecciones primarias —hecho poco común por la característica poco competitiva de las elecciones con uno o dos candidatos—y en la elección de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, el parlamento podía interpelar ministros y ratificar a los altos de la burocracia civil y militar. No obstante, este presidencialismo se acrecentará tras la revolución mexicana, pese a los intentos de volver al parlamentarismo.

Para finalizar esta reseña, es necesario resaltar que la historia electoral en América Latina tiene en los casos argentino y mexicano sus más importantes exponentes y, por lo mismo, ha influido notablemente en las demás historiografías de la región —como se evidencia en las referencias bibliográficas del prólogo y la introducción—. Por ello, la inclusión de los casos peruano y chileno —que muestran un desarrollo menor pero no menos sustancial— es importante tanto para mostrar el estado de sus estudios (Chile, más no en el caso del Perú) como para presentar nuevas rutas de investigación (Perú). En conjunto, los ensayos reseñados aportan valiosas y sugerentes ideas y, aunque se podría objetar que no hay un diálogo directo entre ellos, Israel Arroyo cumple con creces tal labor en la introducción de este libro, haciendo un balance crítico, estableciendo conexiones y resaltando las nuevas líneas de investigación propuestas. En tal sentido, Contribución a un diálogo abierto…, es un libro clave para reflexionar y discutir sobre los alcances y límites de la historia política en Latinoamérica, tras casi tres décadas de hegemonía.

 

[1] Antonio Annino (coordinador), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995; Carlos Malamud (editor), Partidos políticos y elecciones en América Latina y la Península Ibérica, 1830-1930, Madrid, Instituto Universitario Ortega y Gasset, 1995, 2 volúmenes; Eduardo Posada Carbó (editor), Elections before Democracy. The History of Elections in Europe and Latin America, Londres, MacMillan, 1996.

[2] Marcela Ternavasio, Revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852, Buenos Aires, Siglo XXI editores Argentina, 2002.

[3] Para el siglo XIX aún tienen vigencia las investigaciones de Germán Urzúa Valenzuela, Historia política de Chile y su evolución electoral: (desde 1810 a 1992), Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1992; y J. Samuel Valenzuela, Democratización vía reforma: la expansión del sufragio en Chile, Buenos Aires, Ediciones del IDES,1985.

[4] Un balance de la producción de historia electoral peruana se puede ver en Cristóbal Aljovín de Losada y Francisco Núñez Díaz, “Ensayo bibliográfico. Las elecciones peruanas decimonónicas”, en Elecciones, año 5, número 6, pp. 219-242.

Carlos Aguirre. Reseña a Natalia Majluf. Escultura y espacio público. Lima, 1850-1879. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1994.

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Nota: La historia de los usos y las funciones de la escultura pública en Lima, iniciada por Alfonso Castrillón*, tiene un hito fundamental en el breve ensayo publicado por Natalia Majluf en 1994. Prácticamente todos los estudios posteriores sobre el tema evidencian su impronta. Pese a su importancia este ensayo solo tuvo dos reseñas (que hayamos podido identificar). Esta valiosa crítica de Carlos Aguirre plantea bien algunos de los puntos que marcarían la historiografía peruana de esa década y las siguientes. Agradecemos a Carlos Aguirre habernos permitido reproducir su texto**.

 

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Majluf

 

Natalia Majluf ha publicado un breve y sugestivo ensayo sobre el rol de la escultura pública y los proyectos urbanísticos en la redefinición del espacio público de Lima de la segunda mitad del siglo XIX. Combinando perspectivas analíticas derivadas tanto de Foucault – el énfasis en la matriz disciplinaria del estado y sus instituciones en los afanes normalizadores que ella conlleva- como de Habermas –la constitución de una “esfera pública” burguesa en las sociedades liberales del sigo XIX- la autora ofrece un ángulo particularmente novedoso desde el cual acercarnos a diversos componentes de la relación entre estado y sociedad, entre elites y clases populares, y también entre discursos reguladores y conductas sociales en la Lima decimonónica.

La escultura, nos dice la autora, debe ser vista no sólo como parte de la historia del arte, sino también de la historia política (p.8), inmersa en un “complejo sistema de significados” y, como tal, dando forma a lo que ella llama “la materialidad del discurso” (p.9). Las esculturas, en la narrativa de la autora, adquieren casi vida propia, “habitan” la ciudad (p.7), se convierten en personajes portadores/transmisores de “un complejo sistema de creencias sobre progreso, cultura, educación popular y control del espacio urbano”(p.9). El argumento central es que la escultura publica fue usada para emitir un claro mensaje político en relación a conceptos como orden, ciudadanía, estado y nación: “Los monumentos fueron como faros disciplinarios, intento de formar y moldear una memoria colectiva y de crear un espacio nacional”(p.38). “La escultura del XIX, por medio de su emplazamiento en lugares considerados públicos, intenta apropiarse de las calles, reclamándolas para el estado y para la nación”(p.9). En otras palabras, las esculturas fueron usadas –al igual que otros espacios e instituciones- para emitir un discurso normalizador de conductas bajo los moldes “civilizadores” de las elites criollas del XIX. De este modo, los proyectos urbanísticos adquieren su pleno significado cuando se les analiza en relación con procesos más globales –consolidación del estado, formación de la nación- y al interior de estrategias de “ingeniería social” destinadas a moldear las conductas de la gente.

La autora traza con claridad las líneas maestras del uso que el estado hizo de la escultura en su intento por constituir una esfera pública en la Lima del XIX. Más que espacios para el encuentro o diálogo –es decir, espacio democráticos- se trató, nos dice Majluf, del intento de crear espacios sujetos a la autoridad del estado en los cuales fuera posible “la imposición de un modelo cultural”(p.17). El carácter excluyente de esos espacios así definidos – un comentarista se refiere a la “escogida concurrencia” que visitaría los espacios públicos (p. 19) – constituye en realidad el corolario esperable de una concepción también excluyente de la “nación” peruana, esa comunidad que los criollos del XIX imaginaron blanca y europeizada, urbana y burguesa. Para conseguir ese ideal pusieron en práctica diversas estrategias (educación popular, represión policial, redención por la cárcel), una de las cuales fue el rediseño y apropiación de los espacios públicos en la ciudad. A través de él se buscaba “uniformizar las costumbres”, lo que serviría de base “para la paz y el progreso de los pueblos”, como sostuvo el diario El Progreso (p.32).

Un aspecto importante de esta apropiación estatal del espacio público tiene que ver con el carácter importado de la ideología que la sustentaba. A lo largo del texto queda claro que el ideal disciplinario de las elites limeñas se nutría de contenidos culturales importados de Europa, percibidos como la vanguardia de la civilización y el progreso (ver la notable cita colocada por la autora en la página 27). La seducción por la cultura europea marchaba paralela al desprecio por la cultura indígena y en general por todo aquello teñido de color local. Esto motivó no sólo que no se tomara en cuenta la tradición escultórica local, como señala la autora, sino además que no se encuentren siquiera rasgos del pasado indígena en los temas desarrollados por la escultura. “La nueva nación peruana negaba su historia”(p.33). Resulta interesante preguntarse porqué, en el ámbito de la escultura, no tuvo ningún impacto la apropiación retórica del pasado indígena por parte de la elite criolla, presente –si bien débilmente- en otros niveles discursivos como la literatura, por ejemplo.[1]

La respuesta tiene que ver con la diversidad de las audiencias y de las estrategias asignadas a cada una de ellas: la pedagogía popular que se reclamaba de la escultura hacía imposible el recurso a símbolos ajenos al mensaje de la civilización que se pretendía emitir. En el México del porfiriato, por mencionar un caso de contraste, los proyectos para erigir estatuas en el Paseo de la Reforma incluyeron un monumento en homenaje a Cuauhtemoc. Una estatua de Atahualpa en la Lima del siglo XIX resultaría ciertamente inimaginable, a pesar de los reclamos para erigir una a su padre, Huayna Cápac.[2]

El surgimiento de la preocupación por el “ornato público” como un proceso ligado a la creación de espacios de sociabilidad evidencia los afanes controlistas del estado, que convierten así la creación de una esfera pública en un asunto virtualmente retorico. El carácter más bien represivo de este proceso se patentiza en la erección de rejas destinadas a proteger las esculturas. ¿Protegerlas contra quién? Pues contra aquellos mismos sujetos a quienes estaba destinado el mensaje que portaban. El estado sentía la necesidad, así, de poner en práctica su misión reguladora y represiva (p. 18). Un afán de vigilancia se escondía también detrás de esa obsesión por construir espacios ordenados, higiénicos, controlados: por esa misma época, como sabemos, se construía la penitenciaria de Lima, destinada a erradicar el delito transformando a los criminales en sujetos dóciles y obedientes. La pedagogía del castigo era la última etapa en el proceso de normalización con que el estado buscaba edificar una sociedad disciplinada.

Hay muchos otros temas estimulantes en este breve ensayo –la secularización del espacio público, por ejemplo, como un eje importante en las (conflictivas) relaciones entre estado e iglesia. Las limitaciones de espacio nos impiden dar cuenta de ellos. Sin embargo, nos quedamos pensando, después de leerlo, si esa “ambición frustrada” o esa “acción ilusoria”, como llama Natalia Majluf a la obsesión disciplinaria y normalizadora contenida en las esculturas públicas, no necesita ser contrastada con otra historia, aquella de las gentes a quienes estaba dirigido el mensaje. Hacia el final del ensayo la autora propone “cuestionar la recepción de estas esculturas en el espacio público” afirmando que lo más probable es que los destinatarios del mensaje no se hubieran dejado convencer por él (si es que acaso de enteraron de su existencia) (p.38). Nos hubiese gustado que el ensayo indagara en esa “otra historia”: después de todo, las plazas, alamedas y parques fueron escenario no sólo de los intentos controlistas y pedagógicos del estado, sino también de las prácticas cotidianas de sus usuarios. El propósito disciplinario fue ciertamente resistido por aquellos grupos a quienes en principio debía ayudar a controla y normalizar. Como en el México colonial descrito por Pamela Voekel –en el que plebeyos, vagabundos, y otros marginales simplemente ignoraban las regulaciones y terminaban orinando al costado del palacio de gobierno [3] – es claro que en Lima las esculturas, plazas y parques no siempre pudieron desempeñar el rol disciplinario que les había sido asignado. Estamos pues ante una historia trunca: proyectos que no se concretan, discursos que no cuajan, mensajes no atendidos. Una mirada “desde el otro lado” nos habría permitido seguir el rastro a la conducta social de aquellos limeños y limeñas desobedientes y desordenados –artesanos, vendedores ambulantes, trabajadores eventuales, jornaleros, sirvientes, vagos y mendigos – que desafiando las regulaciones se apropiaban de plazas, alamedas, mercados y chinganas, desarrollando en esos espacios una cultura pública cuyos contornos conocemos muy poco y que, sin duda, desempeñó también un importante rol en ese proceso de redefinición del espacio público del que nos ha hablado, con tanta solvencia, Natalia Majluf.

 

* Alfonso Castrillón. “Escultura monumental y funeraria en Lima”, en Escultura en el Perú, Colección Arte y Tesoros del Perú. Lima: Editorial del Banco de Crédito del Perú, 1991, pp. 325-385.

** Publicada originalmente en Revista Andina, Año 12, N° 1, Julio 1994, pp. 560-561. La otra reseña mencionada es la de Gabriel Ramón publicada en la revista Histórica, Vol. 20, Nº 1, pp. 180-184. Una crítica reciente al trabajo de Majluf en la tesis de Daniel Vifian. Escultura civil público estatal en Lima de 1852 a 1860. Tesis de Licenciatura en Arte. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014, pp. 17-19.

[1] Ver Cecilia Méndez, Incas sí, Indios no. Apuntes para una historia del nacionalismo criollo en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1993.

[2] Barbara A. Tenenbaum, “Streetwise history: The paseo de la Reforma and the Porfirian State, 1876- 1910”, en: William H. Beezley y otros, eds. Rituals of Rule, Rituals of Resistance. Public Celebrations and Popular Culture in Mexico. Scholarly Resocurces, Wilmington, 1994.

[3] “Peeing on the Palace: Bodily Resistance to Bourbon Reform in Mexico City”, Journal of Historical Sociology, vol. 5 n° 2, junio 1992.

 

La foto del encabezado proviene de la página de la Fundación Histarmar. Historia y arqueología marítima.

 

Marie-Danielle Demélas. Reseña a Heraclio Bonilla. Un siglo a la deriva. Ensayos sobre el Perú, Bolivia y la guerra. Lima: IEP, 1980.

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¡QUÉ BELLO TÍTULO! Pero, también, cuántas ambigüedades: el siglo del cual es menester, ¿será acaso el de los decenios del siglo XIX precedentes a la guerra llamada “del Pacífico” o, más bien, el siglo XX, posterior a la derrota, y que reafirma al Perú en su rol de nación dependiente y periférica?

El tema, definido de entrada por el autor en el prefacio, es a priori fundamental, ya que se ocupa de un periodo clave del siglo XIX andino e intenta una historia comparada del Perú y Bolivia, empresa excepcional en el medio de los investigadores sudamericanos donde, a pesar de brillantes pero raras individualidades, nos lamentamos por ignorar la historia nacional de nuestros vecinos más próximos; que esta empresa haya sido lograda es un punto sobre el cual debatiremos a lo largo del presente artículo. Pero el riesgo habrá sido asumido y es éste el mérito del autor. Las primeras páginas de la obra testimonian también el coraje de su ambición ya que se propone, a partir de un punto de vista económico, aventurarnos sobre el terreno de los estudios sociales; es decir, esclarecer las relaciones de fuerza y de poder de los dos países andino en épocas de crisis mayor.

Comencemos por las novedades anunciadas ya en la página 10: “… proponer nuevas líneas de análisis…” Pero, sin embargo, esta obra muestra no ser ni el resultado de una investigación histórica inédita, ni siquiera un ensayo, ya que sólo se trata de una recopilación formada por seis artículos ya publicados en revistas peruanas (Revista del Museo Nacional, Histórica) o extranjeras (Desarrollo Económico de Argentina, Revista Stórica Italiana de Nápoles, Past and Present de Londres, Hemisphere Perspectives on the Union States); es así como, antes de aparecer editado en un volumen bajo los auspicios del Instituto de Estudios Peruanos, el primer artículo de esta recopilación ha sido objeto de tres publicaciones, el segundo de dos, etc.

Aunque algunos artículos hayan sido retocados (por ejemplo el cuarto, que trata de Bolivia en el siglo XIX) estamos en el derecho de asombrarnos por algunas redundancias fáciles de evitar, sin embargo: el lector se ve obligado a leer, dos veces y de manera detallada, el pesado relato del desencadenamiento del conflicto entre Perú, Chile y Bolivia. Pecados veniales todos éstos, pero que demuestran un cierto descuido editorial, pues se habrían podido evitar sin mucho esfuerzo. De mayor importancia nos parecen las críticas que se pueden formular sobre las fuentes utilizadas.

En lo concerniente al Perú, está demás decir que Heraclio Bonilla ha explorado los archivos diplomáticos y consulares que ha tenido a su disposición para consulta tanto en Europa (Francia y Gran Bretaña) como en Estados Unidos. Asimismo, ha tenido acceso a las muy ricas fuentes del Archivo Agrario (lamentablemente mal conservado, mal catalogado y amenazado por la dispersión; falto de créditos y falto, sobre todo, de una política de conservación archivística por parte del Estado peruano).

Pero el uso de estos documentos no es de una riqueza extrema pues Bonilla tiende a utilizar las fuentes extranjeras casi exclusivamente para interpretar y explicar los trends (direcciones, decursos) de la historia andina, y para completar las conclusiones que extrae, a menudo sobre puntos de simple detalle, con los fondos del Archivo Agrario. Aunque ningún lector tenga la inocencia de tomar por moneda corriente los juicios dados por los agentes diplomáticos y consulares extranjeros en ejercicio en el Perú, habría bueno subrayar de manera más notoria: 1) Que la finalidad esencial de la correspondencia diplomática era defender los intereses británicos, norteamericanos o franceses en el Perú. El testimonio de estos encargados de negocios –razonando, en fondo de ellos mismos, como representantes de comercio o como agentes bancarios- es entonces de los más susceptible de desconfianza, y no hay que esperar ninguna imparcialidad. 2) el testimonio de estas tres potencias, de las que el Perú no es sino una de las opciones (y a menudo de los menores) de las políticas imperialistas o mercantilistas, debe también ser manejado con suma preocupación por todas las contradicciones interestatales que revela: Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia no toman en cuenta solamente su relación con el Perú, sino que conservan en mente su rivalidad triangular.

En materia de fuentes históricas la simple desconfianza no basta, y no es sino siguiendo las imbricaciones de los intereses y sus contradicciones que se pueden develar el sentido y el valor de los testimonios sobre los cuales se construye la historia. Utilizar fuentes no consiste en coser punto por punto, lado a lado, como un patch work, probando, si es posible, su talento en la armonía de los colores, sino que se debe tratar “el territorio del historiador” como un tablero donde las piezas son movibles, y donde cada movimiento modifica el sentido general de la partida de juego.

¿Es acaso posible considerar como un testimonio de valor del sentimiento nacional peruano las expresiones despectivas del invasor Patricio Lynch, aun si el efecto provocador que nos comunica el autor tiene el mérito de despertar el interés del lector desde las primeras líneas de su artículo (pp. 177-178)? Artificio literario ciertamente; trabajo de historiador, no.

En lo concerniente a Bolivia, Bonilla no ha recurrido sino a fuentes de segunda mano, por falta de tiempo sin duda, y es lamentable, pues si la inestabilidad política y la ausencia de cooperación intelectual internacional no ha permitido a Bolivia el poseer una generación de historiadores tan brillantes como la que se manifiesta hoy día en el Perú, ella dispone en Sucre de fondos de archivo incomparables, gracias al trabajo efectuado desde hace años por Don Gunnar Mendoza, quien es digno de citar en toda América del Sur.

Ahora bien, los trabajos a los cuales se refiere Bonilla son de un valor desigual: si la tesis de Brook Larson para la región de Cochabamaba es de un nivel notable, no sucede los mismo en cuanto a la del Ph. D de Erwin P. Grieshaber, sobre la cual Bonilla apoya la parte más original de sus afirmaciones concernientes al siglo XIX boliviano[1]. Grieshaber ha tenido el mérito de abocarse a un tema inédito y esencial, el de las tierras comunales indígenas, y de intentar una estimación del peso respectivo de la hacienda y de las comunidades en ese siglo XIX boliviano. Hace falta felicitarlo, pero también considerar este esbozo por lo que es en sí: un trabajo de pionero, establecido a partir de datos numéricos discutibles y utilizados sin mucho espíritu crítico.

Era tentador encontrar en una tesis anglosajona la afirmación de que las comunidades indígenas habían resistido, a pesar de todo, las agresiones infligidas en el siglo XIX por parte tanto de la hacienda como del estado criollo. Pero los hechos son tercos y a veces contradicen las más bellas esperanzas.

Asimismo, Bonilla se refiere –lamentablemente, como la mayoría de historiadores y periodistas que tienen que hablar de Bolivia- a la Historia de Bolivia de Alcides Arguedas[2]; no es citando sin cesar a este triste autor que resolveremos el problema histórico de la inestabilidad política de Bolivia. La historia republicana de este país queda aún por hacer; pero, para ocuparnos de esta tarea, hagamos primero un poco de orden; y no pongamos en igualdad de condiciones la obra considerable de un Jorge Basadre con las páginas ennegrecidas de este mediocre escribano sin talento histórico ni literario que fue Alcides Arguedas.

Concluyo estas críticas sobre las fuentes utilizadas por Bonilla diferenciando bien entre los defectos que son de su incumbencia y aquellas comúnmente encontradas por los investigadores andinos que, rehusándose, a limitar su trabajo a una monografía detallada, asumen el riesgo y revelan de esta manera su “talón de Aquiles”: querer ser sintético tiene el peligro de avanzar a conclusiones prematuras y frágiles, dado el lamentable estado de la archivística sudamericana en lo concerniente a la época republicana.

Una problemática extraña

I. La utilización, a menudo poco crítica, de este tipo de documentación ha conducido al autor a una visión europeo-centrista del mundo andino. Confesado su punto de partida, el “economicismo”, a través del estudio de cuadros de importación-exportación elaborados por los servicios consulares británicos (cf. pp. 58 y sgts., extractos de los British Parlamentary Papers), subraya el aspecto mejor conocido del Perú: su dependencia con relación al mercado mundial –principalmente representado por Gran Bretaña-, su rápida especialización dentro de la división del trabajo en la economía capitalista mundial como país exportador de materias primas, tanto agrícolas como minerales; sin embargo, este modelo bien conocido esquiva también el problema crucial de este país que no es solamente costeño, sino también andino. ¿Qué es lo que compone realmente la mayor parte del Producto Nacional Bruto del Perú (y la pregunta es igualmente válida para Bolivia) -si acaso este término de PNB tiene algún sentido?- ¿Los productos comercializables en el mercado mundial (guano, azúcar, algodón…) , o la producción limitada al consumo y a la circulación nacional (chuño, quinua, maíz, chicha, charqui, arroz, frutales, trigo, cebada, papa y productos de los rebaños andinos)? Heraclio Bonilla habla de “la ausencia de un mercado verdaderamente nacional”. Afirmación perfectamente aceptable –de acuerdo a nuestros criterios económicos contemporáneos- pero, si reconocemos la validez del modelo propuesto por John Murra[3], ¿cómo integrar la eficacia de la circulación vertical de los productos y los hombres andinos, a menudo sobre distancias considerables, con la ausencia de un mercado nacional? La conclusión de los artículos 1 y 2 exigiría que el Perú, finalmente, no hubiera sido sino la periferia del capitalismo británico, reemplazado luego por el imperialismo norteamericano. Que el Perú sea, desde antes de la guerra del Pacifico, una pieza de las potencias mercantilistas, luego imperialistas (y esto aún desde antes de la independencia) es evidente; pero para diferenciar entre todas estas influencias sería incluso necesario elaborar, muy detalladamente, un balance.

Y, una vez establecido este balance que permitirá trazar el cuadro de las formas de dependencia de los países andinos con relación a los capitales y al mercado mundial, que no se olvide que en la hora del Imperialismo, fase superior… , existen todavía en el ámbito andino, formas residuales de circulación de un sobreproducto, características de un mundo preindustrial. Así, por ejemplo, la venta anticipada de diezmos y primicias eclesiásticas practicada por la Iglesia, y todas las otras formas de especulación a corto plazo, en un mundo andino que no esperó la expansión imperialista para florecer y ser fuente de beneficios.

¿Cuál es entonces la historia real de la dependencia de los países andinos en el siglo XIX? Dependencia del capital británico, francés y yanqui; todo esto ha sido ampliamente demostrado. Pero, ¿cómo definir la época de José Carlos Mariátegui y, en particular, en base a los precedentes estudios de Bonilla? Y, ¿en qué medida esta dependencia estructura el conjunto de la producción nacional? Esta es la pregunta que no aparece planteada y que nos parece sin embargo crucial.

II. ¿Tiene el autor una visión teleológica de la historia? La pregunta puede parecer absurda, pero se nos viene a la mente al leer las siguientes líneas: “El infortunio que padecieron (Perú y Bolivia) en 1879 era el precio que debió pagar la clase dirigente de ambos países por no haber sido capaz de fortalecer una economía y cohesionar internamente a sus sociedades” (p. 150). Frase que yo no puedo interpretar sino de la siguiente manera: la derrota habría sido una sanción merecida.

Dejemos de lado estos problemas metafísicos planteados por este tipo de frases y vocabulario, pues nos conducirían a debatir sobre el rol de la trascendencia en la historia andina, y más bien discutamos sobre los siguientes puntos:

1.- ¿Cuáles son los roles respectivos de una clase llamada “dominante” y de las clases dominadas cuando un acontecimiento grave (una guerra) precipita el curso de los acontecimientos históricos? Dicho de otra manera ¿cuál es el rol de las masas en la historia? Muchas de las conclusiones de Bonilla parecen hacer poco caso del poder de las masas. (Pero hay otros predecesores, hombres de acción y prestigio, que por haber caído también en esta desestimación, yacen desde fines de los años de 1960 en el recuerdo de las accidentadas tierras de Ñancahuazú)[4]. Sin embargo, el resultado de la larga polémica sostenida con Nelson Manrique sobre la importancia acordada a las guerrillas indígenas en la sierra central parece haber conducido a Bonilla a matizar y enriquecer su posición, hecho que le reconocemos[5].

En el caso preciso de Bolivia, sin embargo, hay afirmaciones que no podemos pasar sin comentario: “Gobierno inestables y de grupos reposaron en la extorsión fiscal de la masa indígena, al mismo tiempo que le retiraban toda posibilidad de participación política” (p. 150). Ahora bien, este es el meollo del problema socio-político boliviano: la inmensa mayoría de la oblación indígena, ¿está en verdad políticamente marginada? Yo no lo creo. No ha sido, como se ha escrito generalmente, una simple masa de maniobra utilizada en beneficio de los uno y los otros (por Belzú, por Corral, por los liberales, por el MNR). Contrariamente a las ideas vertidas, ella ha sabido, por una parte, crear situaciones políticas nuevas. Lo que no subraya Grieshaber, y tampoco Bonilla que sigue paso a paso sus conclusiones, es que en 1871 las tierras comunales vendidas por Melgarejo retornan a las comunidades indígenas, no por la voluntad del parlamento (que en estos momentos pierde la iniciativa política), sino porque las tierras están ocupadas por sus propietarios indios y que el aparato del Estado no dispone de los medios para desalojarlos. Todo esta claramente en los debates de la Cámara (consultar El redactor de la Asamblea de…) de 1871, 1872, 1874, así como en la prensa. Ahora bien, las tierras comunales habían sido vendidas por la administración melgarejista, antes que nada, para hacer frente a los gastos de un aparato de Estado en el que los empleados vivían sin paga desde hacía meses. La agitación de los funcionarios y oficiales después de 1871, desposeídos de sus jugosas adquisiciones en los años 1866-1870, y que la nueva administración era incapaz de indemnizar –a pesar de sus declaraciones y decretos leyes- sería lo que podría explicarnos parcialmente la inestabilidad política boliviana de 1871 a 1880. Y esta relación de fuerzas ha sido originada por la voluntad masiva de las comunidades de recuperar sus tierras.

Por otro lado, una parte de la población indígena y sus líderes poseen una conciencia clara del juego político: en 1899 y 1920, dos insurrecciones gigantescas agitan el Altiplano; para sublevarse, las comunidades indígenas han debido escoger un momento, y lo han esperado pacientemente: en el primer caso, la guerra federalista que opone a los criollos del Sur contra los del Norte; en el segundo caso, el golpe de estado tan repudiado de Bautista Saavedra…

En Bolivia el terreno político no es un campo cerrado donde solo podrían enfrentarse, por ser los únicos que conocen las reglas de juego, los representantes de una ínfima minoría criolla…

2.- ¿Qué es una clase dominante en el Perú? El debate ampliamente desarrollado durante los años 1960-1970 sobre la oligarquía en el Perú, en el que participó –sin embargo- la elite de investigadores sociales andinos de entonces, no fue en realidad más que el puerto de las montañas[6].

Para el investigador que descubre al principio de la década de 1980 el mundo andino, es difícil de aceptar sin sonreírse este concepto de clase dominante, cuando aquello a lo que se enfrenta cotidianamente parece más bien una imbricación de niveles de poder de una complejidad extrema y en la cual ningún esquema, aunque tenga la coherencia del marxismo, puede ser eficiente.

3.- ¿Cómo es posible hablar del Estado sin aclarar lo que constituye el núcleo mismo de su poder: la legislación fiscal? Dicho de otra manera, acerquémonos a este infernal problema del tributo. Recordemos de pasada que el Estado (las diferentes formas de poder centralizado que para mayor comodidad designaremos así), de acuerdo a las sociedades y herencias jurídico-políticas que hace suyas en el transcurso de los siglos, ha abordado este problema de la legislación fiscal de formas bastante diversas. No es necesario decir que, para un francés, será siempre en términos políticos que el Estado negocia el consentimiento fiscal. La reunión de los Estados Generales no tenía otra razón de ser, y lo genial del Tercer Estado, en 1789, es haber conducida esta negociación con mano magistral. No sucede lo mismo en las sociedades andinas donde el consentimiento fiscal se negocia bajo otras dos formas:

a. Por la garantía de ciertas formas de acceso a la tierra. Es precisamente lo que demuestran los trabajos de Tristan Platt[7]. No debemos, por esto, asombrarnos de la siguiente contradicción: los criollos, diputados o publicistas, se indignan por la conservación del tributo, al que consideran supervivencia de un Antiguo Régimen por abolir, bajo pena de ver escapárseles los arcanos de la modernidad; mientras que la mayor parte de los comuneros se esfuerza por pagar puntualmente su tasa de tributo. Cumplir con el tributo es para ellos asegurarse el usufructo familiar de las parcelas de los originarios, agregados…

De tal manera, pretender, como lo hace Bonilla –y antes que él buena parte de la historiografía tradicional-, que el tributo es abolido en el Perú en 1854 (cuando los recursos extraídos del guano permiten satisfacer ampliamente las necesidades del Estado) y en Bolivia en 1882, es cometer dos errores fundamentales: primero, negar la evidencia. El tributo es percibido bajo otros nombres a lo largo del siglo XIX, y aún después, en Perú y Bolivia. Igualmente, es desconocer la ambigüedad, la complejidad de las relaciones entre la capital y los departamentos en los países andinos; en Lima el tributo puede ser olvidado, descuidado, considerado como un rezago del pasado que quisiéramos negar, mientras que en las tierras altas continua siendo pieza a veces esencial de las relaciones de fuerza, de las luchas que hacen vivir y morir hombres en Puno, Cusco, La Paz, Ayacucho…

b. El tributo, borrado de un solo tirón en Lima, se mantiene en los departamentos andinos pues es, a la vez, recurso fiscal esencial y garantía de un orden social y cultural nacido de las relaciones entre fuerzas hispano-andinas, estabilizado durante la colonia, y que perdurará más allá de la Independencia, de 1854, y de todos los decretos que los limeños quisieran firmar.

La misma demostración podría ser hecha para Bolivia. Pero resumamos para volver a los esencial: los criollos peruano-bolivianos, muy al tanto de los debates económicos que agitan al mundo moderno, quisieron fundar Estados-Nación bajo el modelo europeo (generalmente jacobino, ¿pensaron alguna vez en los modelos alemanes e italianos?), y dar una base material a sus especulaciones, aboliendo el tributo y destruyendo las tierras de los que se llamaba comunidades indígenas –producto bastardo de estructuras preincaicas y de los cambios traídos por la conquista. Reconstruyamos sus debates pero abandonémoslos a sus fantasmas; el historiador del siglo XX, ¿debería, él también, considerar el tributo como una supervivencia arcaica o más bien reconocer en ella una característica propia de una sociedad diferente de las europeas y diferente también de lo que la voluntad universalista y revolucionaría quiso hacer (y logro en parte)?

Para concluir estas líneas, que habrán parecido al lector pobladas de inútiles digresiones y de severas actitudes a veces desagradables para con alguien de quien sólo quiero criticar su texto, quisiera reafirmar mi solidaridad con las nuevas orientaciones tomadas por los investigadores andinos en los últimos años, sea cual sea la fragilidad de los edificios que nacen de tales trabajos; pues más allá de todas las divergencias, nos une el mismo rechazo a renunciar a comprender estas sociedades poscoloniales y pluriétnicas, aun si al estudiarlas tan de cerca, tenemos a veces la sensación de avanzar sobre el borde de una espada particularmente filuda.

 

* Esta reseña se publicó originalmente en Allpanchis, 21, 1983, pp. 205-211. Agradecemos a la autora por autorizar su publicación.

* *Nota de la autora:

1) Esta reseña fue traducida con un tono agresivo que no poseía el original en francés. En ese tiempo, los responsables de revistas pensaban a veces que con polémica y conflictos personales, se iban a vender más ejemplares.

2) Con el tiempo, los debates intelectuales andinos de los años 80 parecen bizantinos. Fue la gran época de la ciencias sociales, durante la cual los mejores investigadores perdieron su tiempo en polémicas estériles. Pero muy pocos de esos trabajos ayudaron a entender lo que vivieron los Andes durante las décadas siguientes, y ninguna de las teorías de moda en ese tiempo podría explicar la evolución política y el auge actual del Perú.

M.-D. Demélas

Junio de 2015.

 

[1] Brook Larson, Economic Decline and Social Change in an Agrarian Hinterland: Cochabamba, (Bolivia) in the Late Colonial Period, Ph. D Thesis, Columbia University, 1978; Erwin P. Grieshaber, Survival of Indian Communities in Nineteenth-Century Bolivia, Ph. D. University of North Carolina at Chapel Hill 1977. Nota del Editor.

[2] Alcides Arguedas, Historia general de Bolivia. El proceso de la nacionalidad, 1809-1921. La Paz, Arnó Hermanos, 1922. Nota del editor.

[3] John V. Murra, Formaciones económicas y políticas del mundo andino, Lima, IEP, 1975. Nota del editor.

[4] Se refiere a la guerrilla de Ñancahuazú que comandada por Ernesto Che Guevara pretendía establecer un foco guerrillero en Bolivia. Sin apoyo local, en 1967 acabaron muertos en enfrentamientos con el ejercito boliviano. Nota del editor.

[5] Se refiere al libro de Nelson Manrique, Las guerrillas indígenas en la Guerra con Chile. Campesinado y nación, Lima: Centro de Investigación y Capacitación, 1981, que criticaba la posición de Bonilla establecida en su artículo “El problema nacional y colonial en el contexto de la Guerra del Pacífico”, Histórica, Vol. III; Nº 2, pp. 1-34, y reeditada en Un siglo a la deriva… el debate continuó con otros dos artículos: Heraclio Bonilla, “El campesino indígena y el Perú en el contexto de la Guerra con Chile”, HISLA, Nº 4, 1984, pp. 135-144; y Nelson Manrique, “Campesino, guerra y conciencia nacional”, Revista Andina Nº 7, 1986, pp. 161-172. Nota del editor.

[6] Para el caso peruano ver por ejemplo: Françoise Bourricaud; Jorge Bravo Bresani; Henri Favre y Jean Piel, La oligarquía en el Perú. Tres ensayos y una polémica, Lima IEP, 1969. Nota del Editor.

[7] Tristan Platt, Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el norte de Potosí, Lima, IEP, 1982. Nota del editor.

 

Alberto Flores Galindo. ¿Historia peruana o historia sobre el Perú? (1981). Comentarios al Nuevo perfil de la historia del Perú de H. Bonilla.

Flores Galindo

¿Existe un nuevo perfil de la historia peruana? Una aproximación cuantitativa a la producción historiográfica reciente mostraría que ésta se escinde en dos corrientes principales: de una lado, la historia andina, preocupada por la especificidad de nuestro pasado, obsesionada por las permanencias; y de otro, una corriente que pretende asumir el marxismo, que se interesa principalmente por el estudio de las clases y los movimientos sociales. La historia andina puede remontarse a los textos pioneros de Tello y Valcárcel y posteriormente a la obra de John Murra[1]. La preocupación por la “permanencia”, por los rasgos atemporales del hombre y la cultura andinos, aproximo a esta corriente a la antropología estructural y las posiciones políticas conservadoras, generando un paralelismo y luego una tendencia más divergente con las preocupaciones de los historiadores marxistas. Estos relevaban, por el contrario, el “tiempo corto” de los acontecimientos, de la praxis social expresada, por ejemplo, en los llamados movimientos campesinos. Esta historia marxista algunas veces derivó en los terrenos consabidos de la descripción de hechos y personajes y otras acabó calcando ciertos modelos de la historiografía social europea.

¿Era inevitable ésta escisión en la nueva historiografía peruana? Creo que no. En la década de 1920, José Carlos Mariátegui preocupado por la comunidad, la condición del campesinado indígena y la búsqueda de una vía socialista propia, se propuso articular el marxismo con la tradición andina, lo que significaba utilizar los instrumentos del materialismo histórico para, a la par que comprendíamos al Perú dentro de la historia universal, tratábamos de entender las tendencias específicas de nuestro pasado[2]. Posteriormente, en las décadas siguientes, la confusión entre internacionalismo y dogmatismo llevo a que la historia peruana fuera reducida a ciertas categorías genéricas (esclavismo, feudalismo) que no permitieron ni rescatar su especificidad, ni pensarla en los marcos de una historia universal. El dogmatismo, paradójicamente, condujo así al “provincialismo”.

La nueva historiografía peruana –especialmente el sector influido por el marxismo- tiene un perfil borroso, a consecuencia de investigaciones que si bien son numerosas, obedecen muchas veces a preocupaciones aisladas, erráticas, sin una dirección precisa. Que se mantuviera –y en alguna medida se profundizara- la escisión entre marxismo y cultura andina, explica siquiera parcialmente esta indefinición que hace de la producción historiográfica reciente –con pocas excepciones- un objeto poco diferenciado de lo que se puede escribir en otras latitudes.

Se entiende así que el ensayo de Heraclio Bonilla confunda historiografía del Perú con historiografía sobre el Perú y en sus comentarios alterne libros peruanos con tesis norteamericanas. Carencia de límites precisos: error achacable tanto al objeto de estudio como al reseñador.

Definir una historiografía nacional no equivale a realizar un catálogo de obras, ni enumerar un conjunto de temas. Siendo la historia esa capacidad de una sociedad para asumir e interpretar su tradición, una historiografía se define por los nuevos problemas y perspectivas que plantea desde esa misma experiencia que quiere estudiar. La autonomía que hace años alcanzó nuestra literatura (por lo menos desde Vallejo y Arguedas), todavía no ha sido conseguida por nuestros historiadores a pesar que en fecha tan lejana como 1947, Jorge Basadre reclamó con nitidez una “historia peruana del Perú”. Hay aquí un retraso de las ciencias sociales con respecto a la imaginación[3].

Desde luego que en este panorama, sucintamente esquematizado, admite excepciones: los estudios de Pablo Macera que fundan la moderna historia rural en nuestro país y que posteriormente derivan en la comprensión de ese “nuevo territorio” historiográfico que es la cultura popular andina (pintura mural, retablos, mates); el último libro de Rodrigo Montoya sobre el desarrollo del capitalismo visto desde un pueblo andino de Puquio, la aproximación regional de Nelson Manrique a la economía y cultura del valle del Mantaro… son excepciones (no las únicas) que, señalando un derrotero posible, comienzan a esbozar un perfil propio y distintivo de nuestra historiografía[4].

*Este texto se publicó en La Revista 5 (1981), p. 60. La imagen proviene de la Agencia Andina.

[1] Julio C. Tello, Origen y desarrollo de las civilizaciones prehistóricas andinas, Lima, Lib. e Imp. Gil, 1942; John V. Murra, La organización económica del Estado inca, México, Siglo XXI ed., 1978. Sobre Valcárcel ver la última antología de sus obras por José Luis Rénique: Luis E. Valcárcel, Del indigenismo cusqueño a la antropología peruana, Lima: Ediciones Copé, IEP, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2013. Nota del editor.

[2] José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de la realidad nacional, Lima, Minerva, 1928. Sobre estas ideas ver: Alberto Flores Galindo, La agonía de Mariátegui: la polémica con la Komintern, Lima, DESCO, 1980. Nota del editor.

[3] Jorge Basadre, Meditaciones sobre el destino histórico del Perú, Lima, Ed. Huascarán, 1947. Nota del editor.

[4] Pablo Macera, Trabajos de historia, 4 vols., Lima, Instituto Nacional de Cultura, 1977; Nelson Manrique, Campesinado y nación: las guerrillas indígenas en la guerra con Chile, Lima, Ital Perú, C.I.C, 1981; Rodrigo Montoya, Capitalismo y no capitalismo en el Perú, Lima, Mosca Azul, 1980. Nota del editor.

Manuel Burga. Por una historia andina y nacional (1981). Comentarios al Nuevo perfil de la historia del Perú de H. Bonilla

Burga_Andina

El ensayo de Heraclio Bonilla sobre el nuevo perfil de la historia del Perú tiene un indudable valor informativo. Pero este inventario de títulos, tesis y autores, presentados de acuerdo a un ordenamiento temático y cronológico, evidentemente es incompleto y excesivamente orientado a enumerar los aportes de los investigadores norteamericanos e ingleses sin lo que podríamos denominar un mínimo “control de calidad”. Todos, de acuerdo a Bonilla, son excelentes, notables o fundamentales.

Esta manera de hacer un balance historiográfico siempre será insuficiente, endeble y muy subjetiva. El desarrollo historiográfico peruano, el conocimiento cada vez más preciso de la historia peruana, está formado más bien por una serie de ideas fundamentales, o regularidades estructurales, que han sido reveladas por un numero reducido de historiadores u otros científicos sociales. Las investigaciones menores, las tesis o las investigaciones de juventud, muchas giran alrededor de órbitas ya conocidas; aunque algunas contribuyan a ampliar y otras descubran nuevos derroteros de explicación.

Por ejemplo para el Perú preinca las investigaciones de Julio C. Tello fueron de una importancia fundamental. Él logro una eficaz combinación entre pensamiento geográfico, la historia y la antropología. Tello nos brindó una concepción de la evolución histórica preinca que la actual antropología peruana no ha perfeccionado, sino que más bien ha preferido acogerse a la cómoda y simplista periodificación de la arqueología norteamericana elaborada por John H. Rowe[1]. La labor arqueológica de Tello desgraciadamente no derivó en una “escuela arqueológica peruana” y sus avances, que ahora son patrimonio de la conciencia histórica nacional (Chavín, Paracas), quedaron más bien como proeza individual.

Algo similar, y para un periodo diferente, ha sucedido con los estudios de John V. Murra sobre el Estado Inca[2]. Antes de Murra se podía pensar en un imperio socialista (Baudin), esclavista (Choy), comunista (Mariátegui)[3]; ahora, además, se le puede pensar como un ordenamiento típicamente andino o una forma asiática (que en realidad es una cómoda adaptación del modelo de Murra a un modelo tributario con un Estado central fuerte). Pero lo interesante de los estudios de Murra es que ahora podemos estudiar el imperio inca no solo en las tradicionales crónicas españolas, sino a través de la arqueología y la antropología. La sociedad andina, de acuerdo a su razonamiento, no es solamente una realidad inerte, muerta y fosilizada, sino también una realidad viva, actuante. Para Murra el imperio no terminó en 1532. La reciprocidad y la economía vertical continuaron hasta el siglo XX. En consecuencia, la constatación de estas supervivencias ha contribuido a un real ordenamiento del perfil de la historia peruana y ha marcado el despegue definitivo de una historia peruana con un gran componente andino.

Otro lamentable descuido de Heraclio Bonilla es el injusto tratamiento a la producción intelectual de Pablo Macera. Para un lector inadvertido, Pablo Macera termina confundido dentro de una pequeña constelación de “brillantes” historiadores. Pero la realidad no es así; Macera ha inaugurado varias líneas importantes de reflexión para entender la historia andina como componente principal de la historia peruana. Todos sus estudios de historia agraria, que terminan en su ensayo sobre la hacienda colonial peruana, constituyen un derrotero desde el dato hasta la abstracción teórica. Pero él no sólo ha encontrado algunas ideas fundamentales para entender la historia colonial y republicana, sino que también ha roturado terrenos nunca antes transitados por historiadores peruanos. Sus pioneros estudios sobre las diferentes expresiones del arte andino popular han permitido rescatar una dimensión muy andina, y por supuesto muy peruana, de nuestra historia[4].

No pretendo demostrar, en un comentario tan breve, que todo el desarrollo historiográfico peruano debe resumirse en los trabajos iluminadores de un grupo reducido de personas; no en absoluto. Pero si creo que este desarrollo que ha contribuido a construir un nuevo perfil de la historia peruana, ha sido la obra del descubrimiento de una serie de ideas fundamentales. Nadie puede negar que los trabajos de Jorge Basadre sobre la república han contribuido a ordenar nuestra memoria histórica de este periodo. Asimismo, cuando observamos el siglo XX, tampoco podemos negar que los trabajos de Francisco García Calderón, Víctor Andrés Belaunde y José Carlos Mariátegui inauguran líneas fundamentales de reflexión sobre las cuales una multitud de estudios menores recientes, armados con nuevas técnicas de investigación histórica, han tratado de avanzar[5].

Podríamos, quizá de una manera demasiado esquemática encontrar una línea fundamental de reflexión desde los estudios de Julio C. Tello, pasando por los de José Carlos Mariátegui, John H. Rowe, John V. Murra, Jorge Basadre, hasta de llegar a los de Pablo Macera, a pesar de que algunos son extranjeros y todos ellos políticamente muy disimiles. Tal línea pretende incluir dentro de nuestra historia una historia más nacional. Esta forma de pensar nuestro desarrollo historiográfico, que sin duda constituye un nuevo perfil de nuestra historia, no puede resumirse en un inventario de títulos presentados dentro de un ordenamiento temático y cronológico. No hay que hacer culto a la tesis extranjera. Hay algunas que no aportan nada o que más bien constituyen un pretexto para ensayar procedimientos metodológicos propios de países extranjeros y que no responden a la necesidad de construir un nuevo rostro, más andino y nacional, de nuestra historia.

 

* Este texto fue publicado en La Revista 5 (1981), pp. 59-60. Foto:  Agencia Andina.

[1] Sobre la obra de Tello puede ser útil su síntesis, Origen y desarrollo de las civilizaciones prehistóricas andinas, Lima, Lib. e Imp. Gil, 1942. Un último trabajo biográfico de importancia con una selección de textos en Richard L. Burger, The Life and Writings of Julio C. Tello: America’s First Indigenous Archaeologist, Iowa City: University of Iowa Press, 2009. Sobre este libro ver la reseña de Gabriel Ramon en http://rcritica.hypotheses.org/199 que amplia la discusión sobre la obra de Tello. Sobre Rowe, Burga se refiere a “Stages and periods in archaeological interpretation”, en Southwestern Journal of Anthropology, Vol. 18, No. 1 (Spring, 1962), pp. 40-54. Sobre el tema de la periodificación  ver: Gabriel Ramon Joffré, «Periodificación en Arqueología peruana: genealogía y aporía«, Bulletin de l’Institut français d’études andines, 2005, 34 (1): 5-33. Nota del editor.

[2] John V. Murra, La organización económica del Estado inca, (México, Siglo XXI ed., 1978). Es la versión en español de la tesis de Murra sustentada en 1955. Nota del editor.

[3] Louis Baudin, L’empire socialiste des Inka, Paris, Institut d’Ethnologie, 1928, primera versión en español de 1943; Emilio Choy, “Desarrollo del pensamiento especulativo en la sociedad esclavista de los incas”, en II Congreso de Historia del Perú, Vol. 2, Lima: Centro de Estudios Histórico Militares del Perú, 1962, pp. 87-101; «Estructuras de amortiguación y lucha de clases en el sistema esclavista incaico”, en Atti del XL Congresso Internazionalle degli Americanisti (Roma-Genova, 1972), Vol. 2, Genova, Tilgher, 1975, pp. 511-513. José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de la realidad nacional, Lima, Minerva, 1928. Nota del editor.

[4] Las investigaciones a los que se refiere Burga están en Pablo Macera, Trabajos de historia, 4 vols., Lima, Instituto Nacional de Cultura, 1977. Nota del editor.

[5] Jorge Basadre, Perú, problema y posibilidad (1931); Historia del república del Perú (1ª edición de 1939); Francisco García Calderón, Le Pérou Contemporain (1907);Víctor Andrés Belaunde, La realidad nacional (1931). Nota del editor.