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Fausta Gantús y Alicia Salmerón, (coords). Contribución a un diálogo abierto. Cinco ensayos de historia electoral latinoamericana. México: Instituto Mora, 2016

 

El resurgimiento de la historia política en Latinoamérica y su posterior “boom” se inició en la década de 1990 y fue precisamente con el tema de las elecciones donde se vio como relevante para entender los procesos de independencia de las naciones latinoamericanas y su posterior desarrollo político en el siglo XIX. Múltiples investigaciones, en ese sentido, mostraron las posibilidades del tema electoral para entender mejor las relaciones de poder local y nacional, así como el impacto del constitucionalismo y el liberalismo en la cultura política de las sociedades latinoamericanas. Eso supuso, por supuesto, una nueva forma de concebir el fenómeno político, como una esfera autónoma, alejada de los discursos nacionalistas y no determinada por factores económico-sociales. De esta forma, se rompieron viejos prejuicios —tanto de la historia social como de la historia tradicional— que describían a las elecciones como actos irrelevantes para entender el mundo político debido a la manipulación de la que eran objeto por parte de los caudillos, a lo que se agregaba la poca o nula participación de los sectores populares que dejaba en evidencia la inaplicabilidad de las normas constitucionales, entre otros hechos que fundamentaban la idea de que la democracia en la región sólo era una “ficción”. Contribución a un diálogo abierto. Cinco ensayos de historia electoral latinoamericana, coordinado por las historiadoras mexicanas Fausta Gantús y Alicia Salmerón, es precisamente una necesaria reflexión sobre un aspecto clave en el desarrollo de la historia política latinoamericana decimonónica a partir de los casos de Argentina, Chile, México y Perú.

Como se afirma en el prólogo e introducción del libro, la historia electoral desde las compilaciones de Antonio Annino, Carlos Malamud y Eduardo Posada Carbó[1] siempre buscaron establecer un diálogo entre las historiografías latinoamericanas con el objeto de construir una visión general sobre la región. Por ello, el diálogo historiográfico al que alude el título del libro es relevante dado que este forma parte del proyecto Hacia una historia de las prácticas electorales en México, siglo XIX llevado a cabo en el Instituto Mora, lo cual reafirma la idea de que no es posible entender la experiencia nacional sino se tiene una perspectiva regional, tanto para ubicar problemas y nuevas temáticas de investigación como para establecer una síntesis. A ello apuntan en conjunto los cinco ensayos de este libro.

El caso argentino cuenta con dos ensayos sobre el problema de la práctica electoral en el siglo XIX. El primero, de reflexión historiográfica, está a cargo de la reconocida historiadora argentina Marcela Ternavasio. En “Las prácticas electorales y sus diferentes escenarios. Balances y perspectivas para los estudios del temprano siglo XIX” Ternavasio afirma que la práctica electoral tiene una doble dimensión a tomar en cuenta: sus fundamentos políticos de legitimidad y su práctica compuesta de diversos procedimientos. Ambas complican el análisis histórico, más aún por la escasez o fragmentación de las fuentes que pueden llevar a estudios descriptivos y desconectados o generalizaciones con bases empíricas endebles. Una forma de enfrentar este problema es la de analizar la elección en espacios locales concretos. Su propio trabajo[2], influenciado por Frank O’Gorman, Antonio Annino y François–Xavier Guerra, prestaba atención a identificar la construcción del poder político y cómo la lógica de representación definió la forma del régimen desde lo local; de esta manera, desde lo particular se podía establecer interpretaciones más amplias con base empírica. Por ejemplo, su hipótesis sobre que el régimen unanimista y plebiscitario de Juan Manuel Rosas (1835-1852) se sostenía en una ruralización de la política se apoyaba en su análisis de la competitividad de las elecciones en su ámbito deliberativo (lista de candidatos y libertad de expresión). Así, identificó que mientras en las elecciones de las zonas rurales las autoridades locales limitaban la competencia controlando la prensa o estableciendo una lista única de candidatos, primando el voto por unanimidad, en la ciudad, en cambio, había una imagen contraria con una fuerte competencia política. En ese sentido, Rosas, para mantenerse en el poder, estableció una institucionalidad electoral que llevó a las ciudades el sistema de unanimidad que además favorecía con una mayor representación del campo. Ternavasio daba así una explicación más compleja del régimen de Rosas, de cómo usó las elecciones para construir y legitimar su poder. Múltiples investigaciones posteriores al trabajo de Ternavasio, de un nivel más local, han mostrado una imagen diferente de las elecciones rurales mostrando que en muchos lugares había competitividad electoral y que más bien durante el gobierno de Rosas se generalizó el voto por unanimidad. No obstante, en conjunto, estás investigaciones, críticas del enfoque “institucionalista” de Ternavasio, no cuestionan la caracterización general del régimen rosista como unanimista, en la medida que se quedan en su análisis del ejercicio del voto local. Por ello, Ternavasio señala que es necesario evitar la “tiranía de las especificidades locales” (81) y que estas deben llevar a interpretaciones más amplias y comparativas, lo cual implica que lo institucional también debe ser visto como “practica electoral”. Es decir, estos estudios deben inscribirse en temáticas más amplias “que revelen las diferentes conexiones existentes entre sufragio, representación, régimen político y soberanía” (81).

Un aporte al reto planteado por Ternavasio es el que presenta el ensayo de María José Navajas, “Articulación de leyes y prácticas electorales en Argentina, 1860-1872”, quien conecta lo institucional con el ejercicio del voto para cuestionar el concepto de “gobierno elector” (la capacidad del gobierno para controlar las elecciones y eliminar la competencia). Así, afirma que los comicios electorales eran espacios difíciles de controlar por los gobiernos porque participaban múltiples actores sometidos a distintas lealtades locales y nacionales. Para probar esta afirmación, Navajas encuentra un nuevo ámbito de estudio de la práctica electoral local en la labor del Parlamento como instancia final de escrutinio o calificación del voto. En tal sentido, identifica, analiza y articula tres escenarios del voto: las normas y sus cambios, la práctica electoral —por medio de informes y protestas— y la Cámara de Diputados como juez electoral. Esto significa confrontar las normas electorales con las denuncias e informes que llegan al Parlamento para impugnar los votos, además de los debates y sentencias sobre las mismas. Esto permite conocer qué hechos y prácticas locales eran más recurrentes en las elecciones, como la participación de las autoridades locales en la interpretación, cumplimiento o no de las normas, las nociones y discursos sobre el derecho y legitimidad del sufragio o las limitaciones del sistema al no contar con funcionarios para cumplir con el envió del registro electoral. Todo ello además cuestiona la idea de un “gobierno elector”. De otra parte, es interesante notar que hechos denunciados como fraude por la prensa —y replicados por la historiografía—como, por ejemplo, la compra de votos, no fueron atendidos dado que la ley no lo prohibía expresamente y que además era un aspecto que los políticos tampoco buscaron reformar legalmente, lo cual significa que en cierta forma estaban legitimados en la práctica. La calificación del voto se vislumbra, así como un prometedor campo de investigación.

El caso chileno, en comparación con el argentino, muestra un panorama historiográfico muy distinto sobre las elecciones decimonónicas. La falta de investigaciones a nivel local, sólo permite por el momento dar visiones institucionales generales a partir de las legislación electoral y ciertos datos estadísticos, lo cual, evidentemente, es importante también, pero se privilegia sobre todo la segunda mitad del siglo XIX[3]. Macarena Ponce de León Atria en “La construcción del poder electoral y participación política en Chile. Siglos XIX y XX” se pregunta cómo se amplió el sufragio en Chile y se hizo efectiva la representación política. Para ello recurre al análisis de la construcción institucional de un sistema electoral por parte del Estado chileno desde fines del siglo XIX a mediados del siglo XX bajo la idea de que esta institución debía ser autónoma de los poderes locales y partidos políticos y que su objetivo era democratizar el voto, universalizarlo. Cruza entonces un tema clásico en la historiografía chilena como es el de la construcción del Estado con el de las elecciones, estableciendo una periodización general de los cambios en las instituciones electorales (de los municipios y agentes estatales locales del siglo XIX a la centralización con la Dirección de Registro electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones del siglo XX), tipo de representación (del principio de la mayoría al respeto de las minorías), y la universalización del sufragio (del voto censitario al de las mujeres, pasando por el de los sectores populares). Asimismo, se utiliza los padrones electorales para identificar de forma muy general la composición social del cuerpo electoral a partir de sus actividades económicas identificando la ampliación social de la participación electoral popular.

Las amplias posibilidades de los padrones electorales son exploradas en el ensayo del historiador peruano Jesús A. Cosamalón Aguilar, “La “brecha no explicada.” Los padrones electorales y su contribución para el estudio de la etnicidad y el racismo en el Perú del siglo XIX”. Más que un estudio institucional o local de las elecciones —que para el caso peruano no son pocos[4]— busca mostrar las posibilidades del registro electoral como fuente para la historia social en general y de la discriminación racial en particular. Ello es posible, dado que estos registros definían quién tenía derecho a voto según determinadas características sociales, económicas y culturales; es decir, identificaban quién era ciudadano o no. Pese a que desde la Constitución de Cádiz la legislación permitía a una amplia población masculina el derecho a voto —el ser alfabeto no era un requisito excluyente— este no escapaba de ciertas consideraciones sociales. Así, en el censo de la ciudad de Lima de 1860, elaborado por la municipalidad de aquella ciudad para establecer el registro electoral, incluía las categorías de nombre, tipo de vivienda y nombres de los residentes, presencia de menores de edad (menos de 21 años), nacionalidad, edad, religión, estado civil, profesión, si era alfabeto o no y lo más interesante la “raza”. Cosamalón analiza este censo para probar cómo los criterios étnicos atravesaron los requisitos de derecho a sufragio. De hecho, en la legislación no había restricciones de tipo étnico, pero en la elaboración del censo se utilizaban categorías, como “raza” y alfabetismo, que organizaban las jerarquías sociales en Lima. Así, los criterios socioeconómicos y culturales estaban atravesados por lo étnico (lo blanco se asociaba a la riqueza y educación y lo no blanco a la pobreza y analfabetismo) y por ello, en la práctica, por medio del registro electoral, se excluía como votante a una parte importante de la población indígena y afrodescendiente de la ciudad. Este hecho iba de la mano con el surgimiento de nuevas élites peruanas costeñas en cuyo proyecto de modernidad no formaba parte los indígenas y afrodescendientes y más bien eran considerados trabas sociales que superar.

El libro finaliza con el ensayo de Israel Arroyo, “Republicanismo y parlamentarismo en México, 1824-1911”, cuyo objetivo es discutir el tema del presidencialismo y el parlamentarismo en el sistema político mexicano a través de las elecciones del poder ejecutivo. Es decir, vuelve a un tema clásico —el origen del presidencialismo mexicano—bajo una nueva perspectiva. Arroyo afirma que diferencia del modelo republicano estadounidense, donde la elección del presidente era hecha por los ciudadanos, en el modelo mexicano el presidente fue elegido por el congreso (constituyentes, federales, estatales, departamentales, el de las Cámaras de diputados y senadores y voto por diputaciones) y, en menor medida por juntas electorales hasta 1857. Esta especie de republicanismo parlamentario tendrá un cambio con la Constituyente de 1857 cuando se consolide un sistema republicano presidencialista y se elija al presidente de forma directa por los ciudadanos —aunque por medio de electores primarios—. Esto es importante porque el esquema de legitimidad presidencial cambió. No obstante, aún el parlamento votaba en caso de que el candidato presidencial no obtuviera mayoría absoluta en las elecciones primarias —hecho poco común por la característica poco competitiva de las elecciones con uno o dos candidatos—y en la elección de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, el parlamento podía interpelar ministros y ratificar a los altos de la burocracia civil y militar. No obstante, este presidencialismo se acrecentará tras la revolución mexicana, pese a los intentos de volver al parlamentarismo.

Para finalizar esta reseña, es necesario resaltar que la historia electoral en América Latina tiene en los casos argentino y mexicano sus más importantes exponentes y, por lo mismo, ha influido notablemente en las demás historiografías de la región —como se evidencia en las referencias bibliográficas del prólogo y la introducción—. Por ello, la inclusión de los casos peruano y chileno —que muestran un desarrollo menor pero no menos sustancial— es importante tanto para mostrar el estado de sus estudios (Chile, más no en el caso del Perú) como para presentar nuevas rutas de investigación (Perú). En conjunto, los ensayos reseñados aportan valiosas y sugerentes ideas y, aunque se podría objetar que no hay un diálogo directo entre ellos, Israel Arroyo cumple con creces tal labor en la introducción de este libro, haciendo un balance crítico, estableciendo conexiones y resaltando las nuevas líneas de investigación propuestas. En tal sentido, Contribución a un diálogo abierto…, es un libro clave para reflexionar y discutir sobre los alcances y límites de la historia política en Latinoamérica, tras casi tres décadas de hegemonía.

 

[1] Antonio Annino (coordinador), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995; Carlos Malamud (editor), Partidos políticos y elecciones en América Latina y la Península Ibérica, 1830-1930, Madrid, Instituto Universitario Ortega y Gasset, 1995, 2 volúmenes; Eduardo Posada Carbó (editor), Elections before Democracy. The History of Elections in Europe and Latin America, Londres, MacMillan, 1996.

[2] Marcela Ternavasio, Revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852, Buenos Aires, Siglo XXI editores Argentina, 2002.

[3] Para el siglo XIX aún tienen vigencia las investigaciones de Germán Urzúa Valenzuela, Historia política de Chile y su evolución electoral: (desde 1810 a 1992), Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1992; y J. Samuel Valenzuela, Democratización vía reforma: la expansión del sufragio en Chile, Buenos Aires, Ediciones del IDES,1985.

[4] Un balance de la producción de historia electoral peruana se puede ver en Cristóbal Aljovín de Losada y Francisco Núñez Díaz, “Ensayo bibliográfico. Las elecciones peruanas decimonónicas”, en Elecciones, año 5, número 6, pp. 219-242.

Antonio Zapata. Pensando a la derecha: historia intelectual y política. Lima: Editorial Planeta, 2016.

 

Presentar una historia y una interpretación de la política y de las ideas del espectro llamado derecha peruana, es un esfuerzo que merece valorarse porque asume una tarea que en el medio académico local no se ha hecho y que para peor está saturada de sentidos comunes errados o bastante desinformados. El historiador Antonio Zapata recoge el desafío, ordena y sistematiza desde su experiencia profesional y de antiguo militante de izquierda los materiales de esa historia, y construye un texto que presenta varias características centrales de la composición ideológica y política de la derecha, y que, paradójicamente, muestra que no hay una sola derecha sino varias y que llegan a coexistir entre sí a lo largo del siglo XX.

A partir de esta constatación básica se tejen varios hilos conductores que anudan los ideales y las prácticas unas veces convergente y otras contradictorias de las derechas en el Perú. Tal como lo expone el autor, pueden rastrearse, según su constitución doctrinal y su composición social (siguiendo a Norberto Bobbio), el privilegio más básico de su definición: libertad individual antes que igualdad social, concepto que está presente desde principios del siglo XX en la intelectualidad de la república aristocrática y permanece hasta el principio del siglo XXI en la tecnocracia que acompañó al fujimorismo y al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Si entendemos en cambio a la derecha por la praxis de sus actores, más que por la doctrina o el origen social de sus miembros, las derechas pueden situarse también entre las capas medias y populares de la sociedad peruana, por ejemplo, por el arraigo popular del odriísmo, el fujimorismo y el acuñismo, que enlazan su relación con las masas por prácticas redistributivas “populistas”, clientelistas y autoritarias, que le permiten tener no solo un nicho electoral sino también emocional con ellas.

 

De Izquierda a Derecha: Eudocio Ravines, Pedro Beltrán, Raúl Haya de la Torre y Manuel A. Odría.

Otra manera de entender a las derechas, señala el autor, es en función de los contextos internacionales y las corrientes ideológicas, que han privilegiado por momentos su relación el liberalismo, la socialdemocracia o la relación entre Estado y mercado. Esta última relación es muy instructiva en torno a la ubicación y la precariedad ideológica de los partidos políticos en el Perú, porque pueden abarcar tanto a los grupos de derecha como de izquierda en un punto básico: el hegemónico cuestionamiento del papel del Estado en el mercado. Este aspecto, señala el autor, es cardinal en la identidad del aprismo durante el segundo gobierno de Alan García con su filosofía del perro del hortelano, llevándolo a un callejón sin salida en la vía de afirmarse como una opción de derechas que curiosamente varios de sus militantes aún se reclama como de centro izquierda. El autor considera sin embargo que los virajes y zigzagueos del aprismo según el contexto, responde a lo que un historiador aprista llama la política en estado puro o la necesidad de adecuar la acción al momento. En un afán por cohesionar los aspectos cardinales de la acción al principio filosófico del aprismo, Zapata explica que una característica propia del aprismo en el espectro de los partidos políticos y más de derecha, es hacer política sobre una base doctrinal que tenga como base el favorecimiento del desarrollo y la justicia social (p. 41), una actitud que se halla presente en Haya de la Torre y que actualmente varios miembros del partido aprista dicen que Alan García no haría más que reproducirla.

En esta última frontera el autor traza precisamente un aspecto que también articula, más allá de las distinciones que tienen las derechas entre sí, sus tensas relaciones con la democracia. Para el autor las derechas aristocráticas doctrinarias y tecnocráticas, como el Partido Aprista y los populismos militaristas de Benavides, Odría y del propio fujimorismo (versión Alberto o Keiko), no son democráticas sino autoritarias, en grado mayor o menor, estas aparecen afectadas por un rasgo estructural que acentúa jerarquías, racismo y clasismo como fundamentos reproductivos del orden establecido. Pueden cambiar los contextos y hasta las ideas, pero no desaparecen los fundamentos mismos de su esencia jerarquizadora y discriminadora.

 

Pedro Pablo Kuczynski, Juan Luis Cipriani y Keiko Fujimori. Fuente: El Comercio.

Un aspecto adicional, que no desarrolla el autor con mayor énfasis a lo largo del texto pero que aparece al final es la religión y sus instituciones: iglesias católica y evangélicas, aparecen mencionadas como parte de un orden que propende conservarlo, pero al igual que la Fuerza Armada, que si está mejor tratado a lo largo del texto, aparecen vectores de izquierdas que disputan la lógica derechista sin romper necesariamente la estabilidad y continuidad de las mismas, y que son precisamente las carencias del endeble sistema de partidos políticos por lo menos hasta la década de 1990. En este sentido, el autor no observa como las nociones donde mejor se han afincado la reproducción de las lógicas derechistas e izquierdistas fuera del partido aprista, han sido precisamente la Iglesia y la Fuerza Armada, instituciones que precisamente harían con el aprismo la historia política peruana del siglo XX.

Mario Meza Bazán

Universidad Antonio Ruiz de Montoya

 

* Publicado originalmente en la revista OjoZurdo, Nº 3, 2017.

Rolando Rojas. La república imaginada. Representaciones culturales y discursos políticos en la época de la Independencia. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2017.

 

La irrupción de la modernidad política en Hispanoamérica —el paso de un gobierno monárquico a uno republicano-representativo— siempre han sido materia de controversia en cuanto a sus efectos democratizadores a lo largo del siglo XIX. La historiografía económico-social resaltó que el cambio político se articuló con la desigualdades económicas, sociales y raciales coloniales dando como resultado que el discurso político “democrático” fuese superficial en la práctica. La historiografía política, en respuesta, sin negar la desigualdad social y con diferentes énfasis, ha incidido en cómo las élites construyeron un discurso nacional que integraba a los sectores populares en la comunidad política, mostrando como ciertos mecanismos institucionales les permitía participar políticamente de forma efectiva. Rolando Rojas en La república imaginada reflexiona sobre estos temas en un espacio y periodo circunscrito: Lima durante el gobierno del libertador argentino José de San Martín, el Protectorado (1821-1822), cuando la independencia peruana recién proclamada no estaba asegurada —los españoles fueron vencidos en 1824—. Su objetivo es responder dos preguntas: ¿cómo imaginaban los criollos liberales la nación peruana? y ¿cómo ésta se relacionó con la formación política republicana? Es decir, cómo la idea de nación se articuló con el régimen político. A partir de las ideas de historiadores como Mónica Quijada y no tanto del concepto usado durante el Protectorado, Rojas afirma que la nación se concibió de forma política, como una comunidad con los mismos derechos civiles y políticos, donde, no obstante, la población indígena y popular debía primero “civilizarse” según un modelo burgués mediante la educación, las reformas económicas y el sufragio. Hasta entonces, según esta perspectiva, las élites criollas debían asumir el liderazgo político desde Lima, la sede política y cultural desde donde se intervendría lo andino y popular. Para Rojas, estas ideas fueron la base de una concepción “criolla liberal” sobre la nación y de la “cuestión indígena” vigente en el Perú durante el siglo XIX, que entró en crisis a inicios del siglo XX cuando nuevas formas de concebir a la nación incluyeron a indígenas —y su cultura— y obreros como agentes políticos claves, con reformas económicas y sociales más radicales que las liberales (reformas laborales, de propiedad, etc.). Este es uno de los puntos más interesantes del libro porque Rojas amplía sus reflexiones fuera de la coyuntura del Protectorado para comprender el discurso nacional y político liberal.

Para probar estas ideas, Rojas analiza en tres capítulos las representaciones culturales sobre los criollos, indígenas y los sectores populares que encuentra en la prensa limeña, memorias y testimonios de viajeros extranjeros relacionándolos con la política del Protectorado los que son conectados con el discurso liberal decimonónico en los epílogos de cada capítulo. Como queda claro en el primero, “La autorrepresentación criolla. Disputas entre patriotas “extranjeros” y limeños”, fue prioritario que los criollos limeños fundamenten su capacidad para gobernar a la nación peruana contra las élites criollas extranjeras, quienes tomaron control del gobierno bajo el discurso de que los limeños eran incapaces tanto para luchar por su independencia como para autogobernarse a causa de su carácter “sensual” y su poco desarrollado “espíritu de la libertad”. Los limeños, por su parte, trataron de explicar primero los hechos que limitaron sus acciones rebeldes, resaltando el apoyo dado a San Martín al llegar al Perú, pero poco después su discurso se tornó beligerante y anti-extranjero calificando al libertador como un déspota que buscaba instalar un gobierno monárquico. Rojas resalta un hecho sobre este debate: este trascendió, con otros referentes, al discurso historiográfico nacionalista que debatía si la independencia peruana fue “conseguida” por los peruanos o “concedida” por los extranjeros. Habría que agregar que este asunto no era meramente historiográfico o cultural dado que de forma similar al Protectorado lo que estaba en juego era la lucha pública por la historia que se articulaba con el cuestionamiento a la capacidad política de las élites dirigentes: desde Bartolomé Herrera en 1846 hasta Heraclio Bonilla en 1972.[1]

La elite limeña al defender ardorosamente su rol dirigente, apartó de su discurso a indígenas y sectores populares, pero, debido a que el nuevo régimen se legitimaba en la soberanía popular, su exclusión sin más no era posible. Rojas muestra lo ambivalente del discurso liberal criollo respecto a la capacidad política del “pueblo”, aunque, este era un hecho intrínseco al gobierno representativo en general. El segundo capítulo, “Incas sí, indios también. Las representaciones sobre los indios”, cuestiona desde el título, un conocido ensayo de Cecilia Méndez[2] quien afirma que en el discurso nacional de las élites peruanas en la época de la Confederación Perú-boliviana (1836-1839) se exaltaba el pasado Inca, pero al mismo tiempo se despreciaba al indígena contemporáneo. Rojas está de acuerdo con Méndez en que los liberales criollos incluyeron el pasado prehispánico en la historia de la nación, a lo que agrega que además se estableció una línea de continuidad en la lucha contra el opresor español desde Tupac Amaru II hasta San Martín, donde los incas habrían recobrado su independencia más no su poder debido —según los criollos— a que la opresión española los había degradado. Rojas, a diferencia de Méndez, muestra cómo los liberales construyeron un discurso político integrador del indígena —con antecedentes en el discurso ilustrado del siglo XVIII y en la Constitución de Cádiz— que, buscando redimirlo, planteó la necesidad de su educación y de eliminar el sistema de opresión que le afectaba (mita, tributos), otorgándosele derechos civiles y políticos que fortalecieron su “agencia” política y social. El indígena, en tanto luchó contra el dominio colonial y era miembro de la comunidad política, fue considerado “patriota” y ciudadano, respectivamente, pero su presencia armada en Lima formando montoneras y guerrillas generó temor en la élite limeña llevando a plantear ciertas limitaciones a sus derechos como dirigentes políticos. Además de Méndez, hubiera sido interesante que Rojas dialogará con Ulrich Mücke[3] quien en su análisis del discurso sobre el indígena de los liberales peruanos de mediados del siglo XIX muestra varios puntos en común con los del Protectorado, pero que imaginaban al Perú como un país socialmente dividido entre lo moderno-urbano y tradicional-rural que en un futuro cercano integraría al indígena, es decir una idea de nación con ciertas diferencias a lo señalado por Rojas.

En el último capítulo, “Entre la redención y la coerción. Las representaciones del mundo popular”, se muestra como el temor y la ambivalencia de las élites hacía los indígenas fue también característico de sus representaciones sobre los sectores populares. Según Rojas, la militarización trastocó el orden social en tanto el ejército patriota necesitaba de los sectores populares quienes, como servidores a la causa patriota, obtenían una mayor libertad y ascenso social fomentando actitudes transgresoras del orden social. Por ello, desde el gobierno de San Martín se intentó regular la cultura popular en la ciudad, prohibiendo festividades y juegos de azar, sin éxito. La educación, en ese sentido, fue considerada esencial para integrarlos a la nación, “civilizándolos”. El temor no llevó a plantear la exclusión política. Según Rojas, el liberalismo decimonónico mantuvo estas ideas, más inclusivas que las de las élites conservadoras que buscaban excluir políticamente a indígenas y sectores populares. Así, además de defender el derecho al sufragio, este liberalismo tomó una posición pro-indígena y ya a fines del siglo XIX oficializó la cultura popular como “cultura criolla”.

Estas reflexiones comprehensivas del proyecto liberal decimonónico cambian de tono en las conclusiones, “Re-imaginando la nación liberal”, donde Rojas más que reflexionar sobre el discurso liberal durante el Protectorado se ocupa de explicar el “fracaso” —¿o pérdida de hegemonía? — del liberalismo a fines del siglo XIX, lo cual hace perder fuerza al tema principal del libro dándole prioridad a otro más bien secundario. En todo caso, si se plantea una comparación entre el liberalismo criollo en sus inicios y su “fracaso” se necesitaría un mayor apoyo documental. Por lo demás es necesario dejar de ver las ideas de socialistas e indigenistas como autónomas y reconocer cierta influencia del liberalismo. Para poner un ejemplo, las ideas de Mariátegui sobre los indígenas y sus comunidades estaban influenciadas por estudios de juristas liberales pro-indígenas, es más, la idea de la existencia de una cultura indígena como parte de la nacionalidad no era rechazada por los liberales.[4]

La república imaginada es un aporte para entender la política y el proyecto liberal durante el Protectorado en Lima a lo que se agrega el mérito de establecer su proyección y conexiones con el liberalismo decimonónico, un tema poco trabajado por la historiografía peruana debido, por un lado, a la desconfianza a modelos normativos de parte de las perspectivas discursivas y de los conceptos políticos y, por otro lado, a la búsqueda de una supuesta tradición republicana peruana.

* Esta reseña se basa en la publicada en Temas Americanistas, número 40, junio 2018, pp. 299-302.

[1] Al respecto ver Alex Loayza Pérez, “La independencia peruana. Memoria e historia”, en Revista Argumentos, N° 3, Año 9, Julio 2015.

[2] Méndez, Cecilia. Incas sí, indios no: apuntes para el estudio del nacionalismo criollo en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1993. (Documentos de Trabajo N° 56)

[3] Mücke, Ulrich. “La desunión imaginada. Indios y nación en el Perú decimonónico”, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, 36, (1999), pp. 219-232.

[4] Leibner, Gerardo. El mito del socialismo indígena en Mariátegui. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999.

Ulrich Mücke. Política y burguesía en el Perú. El Partido Civil antes de la Guerra con Chile. Lima: IFEA/IEP, 2010.

Tras el apogeo de la historia social y económica en la década de 1970 y su visión pesimista de la política decimonónica peruana, a la que se le denominó el “siglo a la deriva” porque no hubo nación ni burguesía, una nueva generación de historiadores décadas después se encargó de revisar esas tesis desde una perspectiva política buscando recrear el imaginario de los actores para así desentrañar la lógica de sus acciones. Se encontró entonces un panorama político muy rico y complejo que la historiografía anterior no avizoró por considerar  la política como un reflejo de la estructura económica. Pero en algunos casos, este revisionismo buscando contradecir la imagen de un país “a la deriva”, se concentró demasiado en mostrar un país “encaminado”, dejando de lado uno de los temas más importantes del mundo político y al que la historia social siempre le interesó: el poder. En tal sentido, es un hecho positivo que, tras once años desde su publicación en alemán y siete en inglés, se edite en español la tesis doctoral del historiador alemán Ulrich Mücke sobre uno de los temas políticos claves del Perú republicano del siglo XIX: la formación del Partido Civil. Como menciona el autor, la historiografía ha pasado de explicar su surgimiento a partir de los cambios en la estructura económica y social que dieron lugar a una clase “rentista” y sin “proyecto nacional” a plantear desde el análisis del discurso político de su líder Manuel Pardo que este diseñó e intento poner en práctica por medio de este partido un proyecto político nacional[1]. Ambas perspectivas, sin embargo, pasan por alto un hecho importante: cómo este partido se organizó y conquistó el poder. Así, la tesis general del libro es que el Partido Civil más que seguir e implementar un proyecto político nacional democrático le interesaba sobre todo conseguir el poder (34). Mücke revisita la perspectiva de Bonilla -evidente ya en el título del libro- pero articulándolo con un riguroso análisis político.

 

Mucke

 

Política y burguesía en el Perú está conformado por 10 capítulos agrupados en tres partes. En la primera, “Sociedad y política”, se presentan las bases económico-sociales que hicieron posible la conformación de un partido político. Siguiendo las propuestas de Jürgen Kocka[2], Mücke analiza la burguesía como formación social y experiencia de vida (cap. 1 “La burguesía limeña”) y muestra los efectos sociales de los cambios económicos del Perú de mediados del siglo XIX. La exportación del guano dio por entonces al Estado ingentes recursos fiscales que le permitieron capitalizar, mediante el pago de la deuda interna, a un importante sector comercial que estableció bancos y expandió la agricultura costeña de exportación. Así, para la década de 1860 fue evidente la presencia de una burguesía “comercial-bancaria” que si bien estaba conformada por un pequeño circulo social, no era industrial y aún mantenía relaciones de trabajo tradicional (p. e. los coolies chinos)  no era una “clase rentista y parasitaria” como afirmaba Bonilla. Esta burguesía, dividida en bourgeoisie (grandes comerciantes, banqueros, etc.), académica (profesionales liberales) y pequeña burguesía (comerciantes minoristas, artesanos, etc.), era básicamente limeña y  numéricamente limitada. A diferencia de la burguesía europea, la limeña no tenía que enfrentarse política y socialmente a una clase noble o proletaria . La burguesía limeña era la clase dominante.  Así, su estilo de vida no fomentaba cualidades como el mérito o el esfuerzo personal: la movilidad social se basaba en las relaciones sociales (matrimonio, lazos familiares, etc.) y los contactos políticos. Esto le daba un aristocrático estilo de vida, más aún cuando lo étnico fue un rasgo importante de distinción social: para ser burgués se debía tener un origen europeo. Manuel Pardo fue un claro representante de la bourgeoisie y defendió una ideología librecambista y liberal (cap. 2 “El pensamiento político liberal”) planteando la necesidad de un Estado fuerte,  aunque limitado a garantizar el orden y proporcionar cierta infraestructura (ferrocarriles y escuelas) que permitiera, gracias al mercado, que los individuos se desarrollen por sí mismos. Esto era de gran importancia para la burguesía porque la inestabilidad política tenía efectos negativos en sus negocios. El fortalecimiento del Estado se lograría entonces mediante el consenso político producto de la integración de las distintas elites del país. Este sería el aspecto “nacional” del proyecto de Pardo, es decir estaba limitado socialmente porque para ampliarlo a otros sectores, además de interés, se debía realizar cambios sociales que generarían fuertes conflictos. Además, la integración de la elite parecía más factible teniendo en cuenta que desde mediados del siglo XIX el desarrollo de su vida asociativa le había permitido crear vínculos sociales y políticos que le proporcionaron una identidad social común (cap. 3 “La sociedad civil”) . Estas transformaciones del espacio público y en las relaciones sociales de la burguesía fueron claves para el surgimiento del Partido Civil como evidencia Mücke en el análisis de su estructura organizacional (cap. 4, “El Partido Civil”) donde encuentra que la cabeza de la dirigencia fue ocupada por la bourgeoisie y la burguesía académica no permitiéndose la integración de las elites regionales, a menos que vivieran en Lima. Lo cual, además de centralista, le daba un fuerte carácter de clase al partido. Por ello se entiende que la participación de la pequeña burguesía y de los artesanos, según el análisis prosopográfico de la Junta Central, fuese poco representativa situándose su integración en el ámbito de la movilización electoral. En el caso de los militares, su importancia en el partido radicaba en el hecho de que la política tenía un alto grado de violencia y fue necesario su apoyo para mostrar que Pardo no estaba en contra de ellos.

Para Mücke, los cambios sociales mencionados serían las condiciones estructurales que permitieron a la burguesía conformar el Partido Civil dado que le dio cohesión y la capacidad de establecer redes de comunicación y movilización política. Algo de lo que carecían otras experiencias políticas civiles previas[3]. Así, los conflictos políticos o el surgimiento de una nueva cultura política como señala McEvoy no serían la explicación de su conformación; lo primero no era novedad y lo segundo es dudoso si para ello se usa como indicador los discursos de Pardo que aluden a sus proyectos y no a un imaginario político común. Además, el partido se constituye primero como club y si se convierte en una organización fue debido a procesos políticos no supeditados exclusivamente a la acción de Pardo. A ello apunta la segunda y más importante parte del libro, “Elecciones y parlamento”, donde se muestra como las elecciones (cap. 5 “La campaña electoral de 1871-1872” y cap. 6 “Las elecciones de 1871-1872”) y la conformación de grupos parlamentarios (cap. 7 “El Congreso de la República”) llevaron a crear el Partido Civil como organización política. La importancia de estos factores para la formación de partidos ya lo había señalado Maurice Duverger[4] y Mücke lo aplica para el Perú analizando la correspondencia de Pardo y una institución descuidada por la historiografía: el parlamento. Respecto a lo primero, la campaña electoral de 1871-1872 fue importante porque por primera vez un candidato de oposición y civil ganaba una elección presidencial. Mücke presta atención a cómo Pardo y sus partidarios convocaron y movilizaron seguidores para ganar las elecciones analizando el rol de los clubes electorales y la correspondencia. Sobre lo primero, se formaron más de 100 clubes en favor de Pardo en diversas regiones del país siendo el principal la Sociedad Independencia Electoral (SIE). Aquí se hace una distinción entre regiones, en la zona norte del país donde habita el 27% de la población peruana se ubicaba el 50 % de los clubes de Pardo y en el sur andino, donde habitaba el 35% de la población, en cambio estaba el 20% de clubes. Ello se explica no solo por la debilidad del partido sino también por la mentalidad política: en algunas regiones son imprescindibles los clubes y en otros no. Respecto a la correspondencia, Pardo enviaba un promedio de 20 cartas al día a sus partidarios, electores y personas que buscaba adherir a su campaña junto con periódicos, volantes y dinero cubriendo casi todo el territorio nacional. Este proceso de comunicación reforzaba un sentido de unidad nacional en la elite, fomentado “un sentido de pertenencia a una nación de notables” (159). De otra parte, se analiza la campaña en el sur andino, lugar donde Pardo tuvo menor apoyo. En el caso de Arequipa, Pardo recabó información sobre su candidatura, buscando captar seguidores que establezcan clubes. Así creó una red de apoyo vinculándose con personas que conocía solo por correspondencia, quienes a su vez creaban vínculos con otras ampliando la campaña a la región. Los intereses de estos colaboradores eran diversos: buscaban un presidente civil, reconocimiento social o un cargo público. La campaña electoral permite además distinguir distintas formas de obtener apoyo según los sectores sociales: a la elite, la “gente decente”, por la prensa y el contacto personal; y a las clases bajas, la “gente de acción”, mediante regalos y dinero. Aunque el caso de Hipólita del Castillo, con quien Pardo intercambio cartas, mostraba que el reconocimiento social era también una motivación de los sectores populares, hecho que ocasionaba conflictos con la dirigencia política quienes solo querían mantener una relación económica utilitaria con ellos. Pero el principal enfrentamiento fue con los otros candidatos y el oficialismo que contaba con el apoyo de los prefectos, como fue evidente en Cuzco y Puno. Con todo, las elecciones en esta región fueron favorables a Pardo consiguiendo el 51% de la votación.

 

manuelpardo

 

Según Mücke el parlamento fue de gran importancia para el Partido Civil dado que sus senadores y diputados dominaron sus decisiones en la década de 1870. Para demostrarlo analiza de manera cuantitativa las votaciones nominales en el congreso entre 1860 y 1879 para identificar grupos parlamentarios (aquellos cuyo patrón de votación es constante en una legislatura) y muestra que su aparición fue anterior a los civilistas. La formación de partidos antagónicos se debió a la polarización política ante determinados temas y el conflicto entre liberales y conservadores. El dominio civilista se dio entre 1871 y 1875 y decae en las elecciones presidenciales de 1875-1876 debido a que el partido no presentó candidato produciéndose la desintegración de los grupos parlamentarios. El Partido Civil parecía estar en crisis y se planteó no participar en las elecciones parlamentarias de 1877. Sin embargo, al final participó conformando una Junta Directiva, desapareciendo la SIE. A diferencia de la campaña de 1871 coordinada por Pardo, esta fue controlada y organizada por la Junta Directiva y los candidatos. Tras la favorable campaña el partido buscó conformar una estructura organizativa estable y nacional a lo que Pardo se opuso, temiendo que su influencia decayera, proponiendo que esta se limitara a Lima. Si bien se aceptó su propuesta, se organizó cierta institucionalidad para establecer correspondencia con los partidarios fuera de Lima y ganar más adeptos. Ya en el parlamento el grupo civilista obtuvo la mayoría y trató que los conflictos internos se decidieran fuera del hemiciclo. Estos hechos fortalecieron al Partido Civil como institución y la presencia de Pardo ya no fue decisiva para su marcha, evidente tras su asesinato en 1878 cuando continuo siendo la fuerza más importante en el parlamento. De otra parte, los debates parlamentarios mostraban la transformación de la idea de partido: de ser sinónimo de facción e intereses egoístas se le pasó a considerar como una institución necesaria para el sistema político porque organizaba los diferentes intereses sociales en busca del bien común y ya no el interés particular. Asimismo, el Partido Civil fue considerado como una institución más que un grupo de seguidores de Pardo.

La tercera parte, “En el poder”, permite ver el desempeño del Partido Civil durante la presidencia de Manuel Pardo (1872-1876) en su relación con los artesanos (cap. 8 “Los artesanos”), las elites locales y las provincias (cap. 9 “Manuel Pardo como Presidente de la República” y cap. 10 “En Partido Civil en las provincias”). Respecto a los artesanos, para ganarse su apoyo, vital en las campañas electorales, se recurrió a las relaciones personales y apoyando la publicación de prensa artesana, como El Artesano y El Obrero, que por primera vez fueron escritas por y para artesanos. De ideas liberales, anticlericales y con la creencia en que la educación y las asociaciones mejorarían su posición social y política estos periódicos expresaban los intereses del artesanado y también las del Partido Civil, pero actuaban sin intermediarios liberales ayudando a formar una identidad artesana. Su reclamo de un rol más protagónico en el partido se evidenció en la postulación de artesanos para la cámara de diputados. No obstante, la actitud del partido fue ambivalente: los necesitaban pero no querían que ganaran mucho poder. Ello es evidente en los casos presentados por Mücke donde dos artesanos candidatearon para diputados suplentes y no ganaron.  Francisco González, el artesano cuzqueño que finalmente obtuvo un escaño con apoyo civilista, no había sido la primera opción y el apoyo se debió más a su popularidad que a su condición de artesano. Manuel Pardo, de otra parte, mantuvo como presidente el nivel de correspondencia política que había tenido en campaña pero esta vez con las elites de las capitales departamentales, grupo al que confió las prefecturas retribuyéndoles así su apoyo electoral. Estas elites eran necesarias para el gobierno ya que el Estado no tenía la capacidad de imponer su autoridad, lo cual permitía que reclamaran más derechos de los que otorgaban sus cargos, como evidencia los casos de Juan Mariano Goyeneche en Arequipa y Miguel San Román en Puno. Además, los prefectos negociaban o demoraban las órdenes del presidente por temas que les afectaba localmente por las resistencias y conflictos que ocasionaban como por ejemplo la leva para el ejército o el censo poblacional. Sin embargo, la insistencia del gobierno obligó a los prefectos a realizar tales tareas lo cual demostraba que tenían una relación compleja. Estas autoridades eran parte de un grupo de la elite local que mantenía disputas con otras y aprovechaba su puesto público para sobreponerse a ellas y el Estado sacaba ventaja de ello para mantener el orden. Esto fue evidente en el sur andino donde los intereses privados prevalecieron sobre los proyectos desarrollistas de Pardo, en parte porque pensados en Lima no se ajustaban a la realidad andina, pero sobre todo por el poco interés de las autoridades en ejecutarlas dado que su prioridad era competir por el poder local. En suma, la forma como Pardo mantuvo sus alianzas fue básicamente por la ventaja que le significaba a las elites locales pertenecer al partido y por ello no puede considerarse “partido político” a esta red nacional, la cual después de la muerte de Pardo se articuló al partido ya como institución.

Con las evidencias presentadas en Política y burguesía en el Perú no es posible suscribir que el Partido Civil surge por una nueva cultura política republicana como refiere McEvoy. No obstante, habría que resaltar que aquel no surgió en el vacío, es decir, con el desarrollo de la sociedad civil hubo un cambio en la cultura política como evidencia la importancia que cobra el concepto de asociación que sentará las bases de una concepción plural de la política liberal ya evidente en 1878 con la aceptación del partido como parte del sistema representativo[5]. Pero sería exagerado extender esta cultura política limeña a toda la nación. Lo cual nos lleva a otro punto relativo a la afirmación de Mücke sobre que en las elites locales primaron los intereses privados. Si ello es cierto para el caso de Arequipa y Puno ¿es posible extender tal afirmación a otras regiones? Mücke no trabaja el norte (no queda claro el por qué) donde por la extensión de clubes y el rol de la prensa tal vez existía una cultura política cercana al ideal político de la burguesía limeña. Hecho de importancia teniendo en cuenta que esta región junto con Lima conforma poco más del 40% de la población peruana. Asimismo, si la cultura política implica no solo a un grupo ¿qué sucedió con los competidores del Partido Civil? ¿Cuáles fueron sus estrategias? ¿Estas se vieron influenciadas por las del civilismo? El relato del libro gira en torno a un protagonista, la burguesía o el Partido Civil, pero el “otro” está entre bambalinas. Ello no es un hecho trivial dado que la competencia política configura las estrategias discursivas y la acción política.

De otra parte, a veces Mücke hace afirmaciones demasiado contundentes sobre algunos temas que es difícil probar dada la limitada o nula investigación histórica  que hay sobre ellos. Un ejemplo de ello es la educación. Se afirma que esta no cumplió un rol importante en la formación de la burguesía limeña y  el impacto del reglamento de instrucción de 1876 quedo solo en el papel. Sobre lo primero, la extensión de colegios y la modernización de la universidad San Marcos se debió a una fuerte demanda de la elite urbana limeña y de provincias dado que la educación superior era necesaria para acceder a determinados puestos burocráticos.  Los lazos sociales eran importantes pero no suficientes.  Asimismo, el colegio y la universidad eran también espacios de sociabilidad.  Sobre el reglamento de 1876, solo hay pocos estudios para Lima y si bien no se puede decir que fue un éxito, aún faltan más investigaciones para tener una idea clara del impacto de la escuela en el Perú [6].

Es claro que responder estas preguntas o dudas llevaría tal vez a escribir otro libro. Pero esta es también la virtud de Política y burguesía: plantear nuevas preguntas y temas. Con todo, estas son objeciones menores ante una obra que brinda una lectura nueva de la política decimonónica peruana y que además nos lleva a discutir sobre cuestiones teóricas y metodológicas respecto de los límites de la historiografía política contemporánea que centrada en discursos o en la filosofía política olvida que el poder político tiene bases sociales que es preciso analizar. Lo cual no significa olvidarse de la autonomía de lo político sino más bien el plantearse seriamente la necesidad de ampliar los métodos de análisis político (cuantitativos y cualitativos) y prestar más atención a las instituciones. Se espera entonces un mayor debate académico sobre estos temas dado que hasta ahora la crítica peruana se ha desviado a asuntos ajenos a los que plantea el libro[7].

 


[1] Heraclio Bonilla. Guano y burguesía en el Perú. Lima: IEP, 1974, Carmen McEvoy. Un proyecto nacional en el siglo XIX. Manuel Pardo y su visión del Perú. Lima: PUCP, 1994; La utopía republicana: ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana, 1871-1919. Lima: PUCP, 1997.

[2] Jürgen Kocka; Allen Mitchell (eds.). Bourgeois Society in Nineteenth Century Europe. Oxford/Providence: Berg, 1993.

[3] Ver por ejemplo el caso del club Progresista de Domingo Elías en Alex Loayza Pérez, “El Club Progresista y la coyuntura electoral de 1849-1851”. En Cristóbal Aljovín de Losada y Sinesio López (ed.). Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo. Lima: IEP, 2005.

[4] Maurice Duverger. Los partidos políticos. México: FCE, 1957.

[5] Ver Cristóbal Aljovín de Losada. “Entre la unidad y la pluralidad. El concepto de partido-facción en el Perú. 1770-1870”. En Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, 39, 1, (2010): 63-84.

[6]  Ver, Marcos Garfias Dávila. La formación de la universidad moderna en el Perú. San Marcos, 1850-1919. Lima: ANR, 2010; Alex Loayza Pérez. “Reformas educativas y cultura política. Los colegios San Carlos y Nuestra Señora de Guadalupe, Lima 1840-1857”, en Dino León, Alex Loayza y Marcos Garfias. Trabajos de historia. Religión, cultura y política en el Perú, siglos XVII-XX. Lima: UNMSM, 2011; y Antonio Espinoza. Education and State-formation in Peru: The Primary Schools of the Departament of Lima, 1821-1920. New York: Palgrave Macmillan, 2013.

[7] Cierto sector de la historiografía peruana ha sido hostil a la propuesta de Mücke. Si bien algunos historiadores señalan que hay un debate entre su posición y la de McEvoy, tal debate, entendido como intercambio académico de ideas, no existe. La crítica a Mücke se reduce a la denuncia de un trato “colonialista” de la academia extranjera frente a la peruana y, lo más grave, a su apropiación de ideas. Es decir, se responde críticas académicas con un indignado discurso nacionalista. Ver al respecto: Carmen McEvoy “De plumas, impurezas historiográficas y democracias bastardas: a propósito de una reseña”, Histórica, XXIV, 1 (2000): 183-195; y José Luis Rénique “Pathbreaking Studies vs. monografías: ¿debate o ninguneo?”, Histórica, XXVIII, 2 (2004): 227-241. El primer artículo es, citando a Rénique,  una respuesta “áspera e indignada” a la reseña que Mücke hizo al libro La utopía republicana: “¿Utopía republicana o partido político? Comentario sobre una nueva interpretación del Primer Civilismo”, Histórica, XXII, 2, (Lima 1998): 273-288; mientras el segundo, escrito a propósito de la publicación en inglés del libro de Mücke (Political Culture in Nineteenth-century Peru: The Rise of the Partido Civil. 2004), profundiza el tema del “colonialismo” académico detallando como proceden los reseñadores en Estados Unidos para consagrar libros obviando o “ninguneando” el aporte interpretativo de la producción latinoamericana. Por cierto, McEvoy y Rénique escriben desde universidades en Estados Unidos, un lugar más hegemónico que Alemania en los estudios latinoamericanos, y hasta donde tengo noticia no han extendido sus críticas sobre el “colonialismo” a otros autores. Para otro tipo de críticas al libro de Mücke ver las reseñas de Natalia Sobrevilla en el Journal of Latin American Studies, Vol. 37, No. 4 (Nov., 2005), pp. 840-841; y Carlos Contreras en el Journal of Latin American Studies, Vol. 45, No. 4 (Nov., 2013), pp. 841-843.

 

Alfredo Ávila &; Alicia Salmerón (Coords). Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México, siglo XIX, México D. F., FCE, CONACULTA, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 2012.

Los partidos políticos no surgieron inmediatamente con el gobierno representativo, fueron producto de la necesidad de representar e integrar políticamente diferentes intereses sociales con el objeto de llegar a consensos de la forma menos conflictiva posible. Obviamente, esto supone, además de un contexto social de cierta estabilidad, un cambio en la mentalidad política, de una basada en un consenso “unánime” a otro “plural”, así como la capacidad política de ciertos sectores sociales para definir sus intereses comunes y organizarse para obtener el poder. En tal sentido, los siete ensayos que componen Partidos, facciones y otras calamidades… nos brinda un panorama sobre la idea y experiencia de partido en el “largo” siglo XIX mexicano: de cómo se pasa de entenderle como parte de un transitorio movimiento de acción política, necesario para establecer el consenso unánime por medio del debate público y en las elecciones, a considerarse como una institución permanente del gobierno representativo que representa una tendencia política particular.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se puede dividir en dos grupos los ensayos de este libro. En el primero, usando sobre todo como fuente la prensa, se analiza la idea de partido como movimiento político. Alfredo Ávila y María Eugenia Vázquez Semadeni analizan los debates periodísticos durante el gobierno de Guadalupe Victoria (1825-1828) para distinguir la formación de grupos políticos, su definición como partido y su rol en el sistema político. Tras el Primer Imperio mexicano habían dos grupos políticos: los iturbidistas-federalistas, autodefinidos como patriotas, amigos de la independencia y la libertad y representantes de la mayoría de la nación; y los borbonistas-centralistas, quienes sin una imagen política clara, se limitaron a calificar las ideas de los primeros como anarquistas y oportunistas, quienes a su vez les acusaban de ser contrarios a la independencia y representar a la aristocracia. Estas imágenes públicas fueron empleadas para captar adeptos y ejercer presión política. Durante la presidencia de Guadalupe Victoria se intentó integrar a estos grupos y atenuar sus diferencias, pero aparecieron otros mejor organizados a partir de logias masónicas. Divididas en las del rito escoces y de York, se apropiaron del discurso y estrategia de los borbonistas-centralistas e iturbidistas-federalistas, respectivamente. El discurso de los yorkinos demostró ser más efectivo al obtener triunfos electorales en las legislaturas locales y, posteriormente, con la aparición de otro grupo denominado “Los imparciales”, propiciaron en 1826 el debate sobre la necesidad de los partidos. Considerados como un movimiento de opinión, se les veía como parte del juego político en debates y elecciones pero que eran negativos al institucionalizarse y más aún al vincularse a logias secretas. En estas discusiones no aparecía la idea de un sistema de partidos sino más bien la defensa de la unidad al descalificarse a la minoría. Había una fuerte desconfianza al partido como organización, evidente en 1828 cuando se prohibieron las sociedades secretas, más aún cuando la inestabilidad reine nuevamente en el cambio de régimen hasta que el conservador Anastasio Bustamante asuma la presidencia entre 1830 y 1832.

La posición del régimen de Bustamante acerca de los partidos y las medidas que llevó al respecto es analizada por Catherine Andrews por medio de la prensa favorable a Bustamante. Según la autora, había una visión negativa hacia los partidos al considerárseles como facciones contrarias a la unidad, y aunque esto afianzaba la figura del presidente y su gobierno, quienes velaban por el bien común, no se consideraba innecesaria la oposición; al contrario, era considerada esencial para el debate público. No obstante, este solo podía llevarse entre la “gente decente”, manteniendo lejos al pueblo “ignorante” que era manipulado por los partidos. Bustamante por ello llevó a cabo medidas que debían limitar esta acción negativa de los partidos: las elecciones de tres niveles (parroquial, de distrito y estatal) fueron reducidas a dos, eliminando las parroquiales donde participaba el “populacho”; se intentó reglamentar el derecho de petición y prohibir las peticiones a mano armada; y, por último, la prensa fue controlada por el gobierno y los tribunales respectivos para evitar que fomenten el desorden.

Ya en la segunda República Federal, Erika Pani estudia al grupo político conservador a cargo del periódico El Universal entre 1848 y 1853 quienes tras la derrota mexicana en la guerra con Estados Unidos mantuvieron una fuerte crítica al sistema político liberal. Para este grupo era importante difundir una visión realista de la política criticando las inconsistencias del liberalismo. Más que criticas personales lo que analizaban era el “sistema”. Al respecto, el gobierno debía seguir en política “principios concretos” y no “metafísicos” (“pueblo”, “contrato social” e “igualdad”) dado que gobernar no era una cuestión de “ideales filosóficos” sino de “cosas de hombres”. Para asegurar el orden ejecutando la ley era necesario crear un gobierno nacional unificado y fuerte pero que ello era imposible si se insistía en que la base del poder era la “soberanía popular”. A pesar de estas críticas, los de El Universal no proponían regresar al sistema monárquico sino mejorar el sistema. Así se entiende, pese a su crítica a las elecciones y a los partidos, su participación en los comicios municipales de 1849 donde plantearon la participación del “verdadero pueblo” y del “partido del orden”. Tras su victoria, propusieron un sistema de partidos donde debía prevalecer la “lucha partidista civilizada”. Sin embargo, las críticas a su gobierno municipal, las reformas electorales que hicieron renunciar a los conservadores del municipio al final les llevaron a tomar una posición de confrontación con los liberales, ensalzando la figura de Santa Ana.

Los debates sobre los partidos continuaron tras el fin de la dictadura de Santa Ana y la Guerra de Reforma como lo muestra Frédéric Johansson quien examina al respecto los discursos de liberales y conservadores entre 1854 y 1860 y su trasfondo social. Por entonces se planteó necesario que coexistan grupos políticos para abrir el debate y la participación. Este ideario pluralista denunciaba el “exclusivismo” político de un grupo porque ocasionaban conflictos y corrupción política. Las acciones de esta elite, sin embargo, contradecían su discurso al controlar el estado con funcionarios adeptos y monopolizando el poder. Se defendía el exclusivismo político si un grupo representante del pueblo se imponía sobre otro o si el oponente planteaba ideas contrarias al sistema político o social. Johansson explica tal hecho por la diferencia entre los proyectos nacionales de liberales y conservadores, pero sobre todo a hechos sociales: relaciones de clientela, concepción “patrimonial” del estado, visión “orgánica” de la sociedad y del poder, así como la “ficción democrática” de un pueblo “real” que debilita la legitimidad “democrática” dado que cada grupo se apropia de la titularidad de la voluntad nacional. En suma, para el autor la persistencia de una sociedad tradicional explica la negación de la competencia política y los partidos políticos.

Avila Partidos facciones

El segundo grupo de ensayos analiza el partido político como una institución entre el Porfirismo y la revolución en la década de 1910. Alicia Salmerón estudia las ideas de Justo Sierra y Francisco Bulnes sobre los partidos y su influencia en la conformación de un partido gobiernista. En sus escritos de las décadas de 1870 y 1880 ambos “científicos” planteaban la idea de que en México, en contraposición a los partidos de principios, habían prevalecido los partidos personalistas (“fulanistas”); hecho que sumió al país en el desorden y el conflicto político. La cultura latina y los intereses personales explicaban, según Bulnes, estos hechos y por ello era necesario un gobierno central fuerte. Para Sierra, en cambio, los conflictos se debían a la resistencia de grupos conservadores a la independencia y al establecimiento de una nación moderna que le enfrentaban al partido liberal que pugnaba por establecerlo. No obstante, tras la caída del imperio de Maximiliano y el triunfo de la nación y del “Gran Partido Liberal” la existencia de partidos no tenía sentido. Con todo, el partido Liberal que hasta entonces había sido un “partido de combate”, por su lucha principista, debía ser un “partido de gobierno” para conseguir estabilidad y orden. Se debía dejar de lado la lucha por ideas abstractas (p. e. igualdad, democracia) y llevar a cabo asuntos prácticos de gobierno mediante un programa. Las ideas de Sierra trataron de hacerse realidad en la Convención del Partido Liberal de 1892 con el fin de crear una organización política estructurada que permitiera un cambio generacional sin crisis, buscando de esta forma despersonalizar el régimen. Estas propuestas fracasaron, pero surgió la idea del partido como organización política. Ya para inicios del siglo XX el problema de la renovación de mandos políticos fue evidente a lo que se agregaba un contexto de cambios sociales. En 1903 se organizó una segunda Convención Nacional donde Bulnes sostuvo que México debido a su transformación económica era una comunidad con diversos intereses sociales. Las nuevas clases sociales, afirmaba, llevaban a plantear la existencia de un sistema de partidos independiente del gobierno conformado por un partido liberal y otro conservador moderado. Bulnes criticaba la existencia de un partido único porque el poder ilimitado traía corrupción, aunque su idea era que este representara a las clases propietarias, excluyendo a los sectores populares y medios. Bulnes tenía en mente un sistema de partidos oligárquico. Como menciona Salmerón estas ideas eran conservadoras porque buscaban mantener el régimen haciendo reformas.

Ya en los últimos años del régimen porfirista, Pedro Salmerón Sanginés detalla cómo Francisco I. Madero organizó el Partido Nacional Antirreeleccionista (PNA) entre 1908 y 1910 en contra de Díaz. Madero inició su trabajo político estableciendo correspondencia con ciertas elites y preparando su libro La sucesión presidencial en 1910. De ideas liberales y reformistas, Madero buscaba la aplicación del marco constitucional vigente y no una revolución, criticaba el autoritarismo de Díaz y afirma que México estaba apto para la democracia y que necesitaba la organización de un partido “nacional democrático” para protegiera las libertades y aboliera la reelección. Con el apoyo de Emilio Vázquez Gómez, se organizaron clubes, impulsados a partir de mayo de 1909 por el Centro Antirreleccionista de México que organizó giras por todo el país, un hecho inusitado en la política mexicana. El éxito de la campaña llevó a que estos clubes antirreeleccionistas se establezcan como partido en la Convención Nacional de abril de 1910. Ante ello el gobierno de Díaz saboteó las elecciones persiguiendo a sus dirigentes y organizando el fraude electoral. La reelección de Díaz no significó el fin del PNA dado que se transformó en una red conspirativa; es decir, lo lazos sociales y políticos que habían permitido crearlo fueron usados para la rebelión.

En este mismo contexto, surge el Partido Católico Nacional (PCN) que, con el objetivo de defender los intereses de la Iglesia y del pueblo católico, participó en la política mexicana revolucionaria. Según Laura O’Dogherty, al margen de las Leyes de Reforma, la Iglesia fue protegida durante el Porfiriato a cambio de que se alejara de la política. Esta dependencia fue problemática cuando la permanencia de este régimen estaba en duda. Se planteó entonces, desde la feligresía y los eclesiásticos, la necesidad de que los católicos participen en política. Es decir, hacer uso de las instituciones y valores liberales que rechazaban para defender sus intereses. Fue así como se extendieron asociaciones católicas como la de los Operarios Guadalupanos. A partir de ellas, cuando el régimen de Díaz cae, el arzobispo de México conformó el PCN en mayo de 1911. Este partido apoyó la candidatura de Madero y tuvo una gran capacidad de movilización política gracias a su discurso a favor del orden, sus redes políticas y el apoyo de instituciones eclesiásticas. Sus dirigentes querían establecer un partido político moderno y pese a que su programa era contradictorio con la política liberal, de modo pragmático respetaron sus normas. No obstante, su disputa con maderistas y liberales, debido al rechazo a los planes del régimen revolucionario y su debilidad ante las rebeliones, les llevo a apoyar el golpe de Victoriano Huerta en 1913. Este hecho dividió al PCN entre los que apoyaron a Huerta y los que aspiraban a recuperar el régimen democrático. La represión de Huerta a estos últimos llevó a que en 1914 el PCN desapareciera. Años más tarde, en 1919 se formó otro partido denominado Partido Nacional Republicano que a diferencia del PCN no contó con apoyo eclesiástico y en su programa político no buscaba defender la legalidad vigente dado que era contrario a la constitución de 1917. No era un partido moderno como el PCN. Este desarrollo de la idea de partido como institución, sin embargo, no supuso la implementación de un sistema de partidos en el Estado posrevolucionario, más bien, como mencionan los editores en su introducción, se impuso el modelo del partido único.

Para finalizar, si bien los artículos mencionados tienen propuestas muy valiosas, como conjunto en el libro se extraña una investigación más amplia de algunos conceptos y fenómenos políticos asociados a los partidos. Sobre lo primero, un análisis más específico sobre el concepto de representación (vinculado con otros como opinión pública, pueblo o nación) permitiría profundizar en el tema de la cultura política y sus cambios, así como discutir las propuestas de Elías Palti planteadas en La invención de una legitimidad (2005) (el modelo jurídico de opinión pública y el estratégico de la sociedad civil) quien además, con diferente énfasis, cubre los periodos de la república centralista y el primer y segundo imperio ausentes en este libro. En segundo lugar, el surgimiento de las asociaciones, legalmente reconocidas en 1857, tampoco es trabajado sino para fines del régimen porfirista, es decir cuando ya estaban en expansión y fueron la base para la multiplicación de partidos en las elecciones de 1910. Su importancia no es menor dado que vincula ideas con cambios sociales y práctica política. Por último, es necesario tener una perspectiva global sobre el fenómeno de los partidos dado que formó parte de las discusiones políticas en América Latina y Europa. Con todo, estas críticas no desmerecen el aporte de Partidos, facciones y otras calamidades… que es una importante contribución para reflexionar sobre los partidos políticos decimonónicos en México y América Latina, más aún si tenemos en cuenta que es una temática poco desarrollada por la historiografía.

* Publicado en Historia Mexicana, N° 254, vol. LXIV, número 2, octubre-diciembre 2014, pp. 807-814.