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Fausta Gantús y Alicia Salmerón, (coords). Contribución a un diálogo abierto. Cinco ensayos de historia electoral latinoamericana. México: Instituto Mora, 2016

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El resurgimiento de la historia política en Latinoamérica y su posterior “boom” se inició en la década de 1990 y fue precisamente con el tema de las elecciones donde se vio como relevante para entender los procesos de independencia de las naciones latinoamericanas y su posterior desarrollo político en el siglo XIX. Múltiples investigaciones, en ese sentido, mostraron las posibilidades del tema electoral para entender mejor las relaciones de poder local y nacional, así como el impacto del constitucionalismo y el liberalismo en la cultura política de las sociedades latinoamericanas. Eso supuso, por supuesto, una nueva forma de concebir el fenómeno político, como una esfera autónoma, alejada de los discursos nacionalistas y no determinada por factores económico-sociales. De esta forma, se rompieron viejos prejuicios —tanto de la historia social como de la historia tradicional— que describían a las elecciones como actos irrelevantes para entender el mundo político debido a la manipulación de la que eran objeto por parte de los caudillos, a lo que se agregaba la poca o nula participación de los sectores populares que dejaba en evidencia la inaplicabilidad de las normas constitucionales, entre otros hechos que fundamentaban la idea de que la democracia en la región sólo era una “ficción”. Contribución a un diálogo abierto. Cinco ensayos de historia electoral latinoamericana, coordinado por las historiadoras mexicanas Fausta Gantús y Alicia Salmerón, es precisamente una necesaria reflexión sobre un aspecto clave en el desarrollo de la historia política latinoamericana decimonónica a partir de los casos de Argentina, Chile, México y Perú.

Como se afirma en el prólogo e introducción del libro, la historia electoral desde las compilaciones de Antonio Annino, Carlos Malamud y Eduardo Posada Carbó[1] siempre buscaron establecer un diálogo entre las historiografías latinoamericanas con el objeto de construir una visión general sobre la región. Por ello, el diálogo historiográfico al que alude el título del libro es relevante dado que este forma parte del proyecto Hacia una historia de las prácticas electorales en México, siglo XIX llevado a cabo en el Instituto Mora, lo cual reafirma la idea de que no es posible entender la experiencia nacional sino se tiene una perspectiva regional, tanto para ubicar problemas y nuevas temáticas de investigación como para establecer una síntesis. A ello apuntan en conjunto los cinco ensayos de este libro.

El caso argentino cuenta con dos ensayos sobre el problema de la práctica electoral en el siglo XIX. El primero, de reflexión historiográfica, está a cargo de la reconocida historiadora argentina Marcela Ternavasio. En “Las prácticas electorales y sus diferentes escenarios. Balances y perspectivas para los estudios del temprano siglo XIX” Ternavasio afirma que la práctica electoral tiene una doble dimensión a tomar en cuenta: sus fundamentos políticos de legitimidad y su práctica compuesta de diversos procedimientos. Ambas complican el análisis histórico, más aún por la escasez o fragmentación de las fuentes que pueden llevar a estudios descriptivos y desconectados o generalizaciones con bases empíricas endebles. Una forma de enfrentar este problema es la de analizar la elección en espacios locales concretos. Su propio trabajo[2], influenciado por Frank O’Gorman, Antonio Annino y François–Xavier Guerra, prestaba atención a identificar la construcción del poder político y cómo la lógica de representación definió la forma del régimen desde lo local; de esta manera, desde lo particular se podía establecer interpretaciones más amplias con base empírica. Por ejemplo, su hipótesis sobre que el régimen unanimista y plebiscitario de Juan Manuel Rosas (1835-1852) se sostenía en una ruralización de la política se apoyaba en su análisis de la competitividad de las elecciones en su ámbito deliberativo (lista de candidatos y libertad de expresión). Así, identificó que mientras en las elecciones de las zonas rurales las autoridades locales limitaban la competencia controlando la prensa o estableciendo una lista única de candidatos, primando el voto por unanimidad, en la ciudad, en cambio, había una imagen contraria con una fuerte competencia política. En ese sentido, Rosas, para mantenerse en el poder, estableció una institucionalidad electoral que llevó a las ciudades el sistema de unanimidad que además favorecía con una mayor representación del campo. Ternavasio daba así una explicación más compleja del régimen de Rosas, de cómo usó las elecciones para construir y legitimar su poder. Múltiples investigaciones posteriores al trabajo de Ternavasio, de un nivel más local, han mostrado una imagen diferente de las elecciones rurales mostrando que en muchos lugares había competitividad electoral y que más bien durante el gobierno de Rosas se generalizó el voto por unanimidad. No obstante, en conjunto, estás investigaciones, críticas del enfoque “institucionalista” de Ternavasio, no cuestionan la caracterización general del régimen rosista como unanimista, en la medida que se quedan en su análisis del ejercicio del voto local. Por ello, Ternavasio señala que es necesario evitar la “tiranía de las especificidades locales” (81) y que estas deben llevar a interpretaciones más amplias y comparativas, lo cual implica que lo institucional también debe ser visto como “practica electoral”. Es decir, estos estudios deben inscribirse en temáticas más amplias “que revelen las diferentes conexiones existentes entre sufragio, representación, régimen político y soberanía” (81).

Un aporte al reto planteado por Ternavasio es el que presenta el ensayo de María José Navajas, “Articulación de leyes y prácticas electorales en Argentina, 1860-1872”, quien conecta lo institucional con el ejercicio del voto para cuestionar el concepto de “gobierno elector” (la capacidad del gobierno para controlar las elecciones y eliminar la competencia). Así, afirma que los comicios electorales eran espacios difíciles de controlar por los gobiernos porque participaban múltiples actores sometidos a distintas lealtades locales y nacionales. Para probar esta afirmación, Navajas encuentra un nuevo ámbito de estudio de la práctica electoral local en la labor del Parlamento como instancia final de escrutinio o calificación del voto. En tal sentido, identifica, analiza y articula tres escenarios del voto: las normas y sus cambios, la práctica electoral —por medio de informes y protestas— y la Cámara de Diputados como juez electoral. Esto significa confrontar las normas electorales con las denuncias e informes que llegan al Parlamento para impugnar los votos, además de los debates y sentencias sobre las mismas. Esto permite conocer qué hechos y prácticas locales eran más recurrentes en las elecciones, como la participación de las autoridades locales en la interpretación, cumplimiento o no de las normas, las nociones y discursos sobre el derecho y legitimidad del sufragio o las limitaciones del sistema al no contar con funcionarios para cumplir con el envió del registro electoral. Todo ello además cuestiona la idea de un “gobierno elector”. De otra parte, es interesante notar que hechos denunciados como fraude por la prensa —y replicados por la historiografía—como, por ejemplo, la compra de votos, no fueron atendidos dado que la ley no lo prohibía expresamente y que además era un aspecto que los políticos tampoco buscaron reformar legalmente, lo cual significa que en cierta forma estaban legitimados en la práctica. La calificación del voto se vislumbra, así como un prometedor campo de investigación.

El caso chileno, en comparación con el argentino, muestra un panorama historiográfico muy distinto sobre las elecciones decimonónicas. La falta de investigaciones a nivel local, sólo permite por el momento dar visiones institucionales generales a partir de las legislación electoral y ciertos datos estadísticos, lo cual, evidentemente, es importante también, pero se privilegia sobre todo la segunda mitad del siglo XIX[3]. Macarena Ponce de León Atria en “La construcción del poder electoral y participación política en Chile. Siglos XIX y XX” se pregunta cómo se amplió el sufragio en Chile y se hizo efectiva la representación política. Para ello recurre al análisis de la construcción institucional de un sistema electoral por parte del Estado chileno desde fines del siglo XIX a mediados del siglo XX bajo la idea de que esta institución debía ser autónoma de los poderes locales y partidos políticos y que su objetivo era democratizar el voto, universalizarlo. Cruza entonces un tema clásico en la historiografía chilena como es el de la construcción del Estado con el de las elecciones, estableciendo una periodización general de los cambios en las instituciones electorales (de los municipios y agentes estatales locales del siglo XIX a la centralización con la Dirección de Registro electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones del siglo XX), tipo de representación (del principio de la mayoría al respeto de las minorías), y la universalización del sufragio (del voto censitario al de las mujeres, pasando por el de los sectores populares). Asimismo, se utiliza los padrones electorales para identificar de forma muy general la composición social del cuerpo electoral a partir de sus actividades económicas identificando la ampliación social de la participación electoral popular.

Las amplias posibilidades de los padrones electorales son exploradas en el ensayo del historiador peruano Jesús A. Cosamalón Aguilar, “La “brecha no explicada.” Los padrones electorales y su contribución para el estudio de la etnicidad y el racismo en el Perú del siglo XIX”. Más que un estudio institucional o local de las elecciones —que para el caso peruano no son pocos[4]— busca mostrar las posibilidades del registro electoral como fuente para la historia social en general y de la discriminación racial en particular. Ello es posible, dado que estos registros definían quién tenía derecho a voto según determinadas características sociales, económicas y culturales; es decir, identificaban quién era ciudadano o no. Pese a que desde la Constitución de Cádiz la legislación permitía a una amplia población masculina el derecho a voto —el ser alfabeto no era un requisito excluyente— este no escapaba de ciertas consideraciones sociales. Así, en el censo de la ciudad de Lima de 1860, elaborado por la municipalidad de aquella ciudad para establecer el registro electoral, incluía las categorías de nombre, tipo de vivienda y nombres de los residentes, presencia de menores de edad (menos de 21 años), nacionalidad, edad, religión, estado civil, profesión, si era alfabeto o no y lo más interesante la “raza”. Cosamalón analiza este censo para probar cómo los criterios étnicos atravesaron los requisitos de derecho a sufragio. De hecho, en la legislación no había restricciones de tipo étnico, pero en la elaboración del censo se utilizaban categorías, como “raza” y alfabetismo, que organizaban las jerarquías sociales en Lima. Así, los criterios socioeconómicos y culturales estaban atravesados por lo étnico (lo blanco se asociaba a la riqueza y educación y lo no blanco a la pobreza y analfabetismo) y por ello, en la práctica, por medio del registro electoral, se excluía como votante a una parte importante de la población indígena y afrodescendiente de la ciudad. Este hecho iba de la mano con el surgimiento de nuevas élites peruanas costeñas en cuyo proyecto de modernidad no formaba parte los indígenas y afrodescendientes y más bien eran considerados trabas sociales que superar.

El libro finaliza con el ensayo de Israel Arroyo, “Republicanismo y parlamentarismo en México, 1824-1911”, cuyo objetivo es discutir el tema del presidencialismo y el parlamentarismo en el sistema político mexicano a través de las elecciones del poder ejecutivo. Es decir, vuelve a un tema clásico —el origen del presidencialismo mexicano—bajo una nueva perspectiva. Arroyo afirma que diferencia del modelo republicano estadounidense, donde la elección del presidente era hecha por los ciudadanos, en el modelo mexicano el presidente fue elegido por el congreso (constituyentes, federales, estatales, departamentales, el de las Cámaras de diputados y senadores y voto por diputaciones) y, en menor medida por juntas electorales hasta 1857. Esta especie de republicanismo parlamentario tendrá un cambio con la Constituyente de 1857 cuando se consolide un sistema republicano presidencialista y se elija al presidente de forma directa por los ciudadanos —aunque por medio de electores primarios—. Esto es importante porque el esquema de legitimidad presidencial cambió. No obstante, aún el parlamento votaba en caso de que el candidato presidencial no obtuviera mayoría absoluta en las elecciones primarias —hecho poco común por la característica poco competitiva de las elecciones con uno o dos candidatos—y en la elección de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, el parlamento podía interpelar ministros y ratificar a los altos de la burocracia civil y militar. No obstante, este presidencialismo se acrecentará tras la revolución mexicana, pese a los intentos de volver al parlamentarismo.

Para finalizar esta reseña, es necesario resaltar que la historia electoral en América Latina tiene en los casos argentino y mexicano sus más importantes exponentes y, por lo mismo, ha influido notablemente en las demás historiografías de la región —como se evidencia en las referencias bibliográficas del prólogo y la introducción—. Por ello, la inclusión de los casos peruano y chileno —que muestran un desarrollo menor pero no menos sustancial— es importante tanto para mostrar el estado de sus estudios (Chile, más no en el caso del Perú) como para presentar nuevas rutas de investigación (Perú). En conjunto, los ensayos reseñados aportan valiosas y sugerentes ideas y, aunque se podría objetar que no hay un diálogo directo entre ellos, Israel Arroyo cumple con creces tal labor en la introducción de este libro, haciendo un balance crítico, estableciendo conexiones y resaltando las nuevas líneas de investigación propuestas. En tal sentido, Contribución a un diálogo abierto…, es un libro clave para reflexionar y discutir sobre los alcances y límites de la historia política en Latinoamérica, tras casi tres décadas de hegemonía.

 

[1] Antonio Annino (coordinador), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995; Carlos Malamud (editor), Partidos políticos y elecciones en América Latina y la Península Ibérica, 1830-1930, Madrid, Instituto Universitario Ortega y Gasset, 1995, 2 volúmenes; Eduardo Posada Carbó (editor), Elections before Democracy. The History of Elections in Europe and Latin America, Londres, MacMillan, 1996.

[2] Marcela Ternavasio, Revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852, Buenos Aires, Siglo XXI editores Argentina, 2002.

[3] Para el siglo XIX aún tienen vigencia las investigaciones de Germán Urzúa Valenzuela, Historia política de Chile y su evolución electoral: (desde 1810 a 1992), Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1992; y J. Samuel Valenzuela, Democratización vía reforma: la expansión del sufragio en Chile, Buenos Aires, Ediciones del IDES,1985.

[4] Un balance de la producción de historia electoral peruana se puede ver en Cristóbal Aljovín de Losada y Francisco Núñez Díaz, “Ensayo bibliográfico. Las elecciones peruanas decimonónicas”, en Elecciones, año 5, número 6, pp. 219-242.

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Alfredo Ávila &; Alicia Salmerón (Coords). Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México, siglo XIX, México D. F., FCE, CONACULTA, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 2012.

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Los partidos políticos no surgieron inmediatamente con el gobierno representativo, fueron producto de la necesidad de representar e integrar políticamente diferentes intereses sociales con el objeto de llegar a consensos de la forma menos conflictiva posible. Obviamente, esto supone, además de un contexto social de cierta estabilidad, un cambio en la mentalidad política, de una basada en un consenso “unánime” a otro “plural”, así como la capacidad política de ciertos sectores sociales para definir sus intereses comunes y organizarse para obtener el poder. En tal sentido, los siete ensayos que componen Partidos, facciones y otras calamidades… nos brinda un panorama sobre la idea y experiencia de partido en el “largo” siglo XIX mexicano: de cómo se pasa de entenderle como parte de un transitorio movimiento de acción política, necesario para establecer el consenso unánime por medio del debate público y en las elecciones, a considerarse como una institución permanente del gobierno representativo que representa una tendencia política particular.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se puede dividir en dos grupos los ensayos de este libro. En el primero, usando sobre todo como fuente la prensa, se analiza la idea de partido como movimiento político. Alfredo Ávila y María Eugenia Vázquez Semadeni analizan los debates periodísticos durante el gobierno de Guadalupe Victoria (1825-1828) para distinguir la formación de grupos políticos, su definición como partido y su rol en el sistema político. Tras el Primer Imperio mexicano habían dos grupos políticos: los iturbidistas-federalistas, autodefinidos como patriotas, amigos de la independencia y la libertad y representantes de la mayoría de la nación; y los borbonistas-centralistas, quienes sin una imagen política clara, se limitaron a calificar las ideas de los primeros como anarquistas y oportunistas, quienes a su vez les acusaban de ser contrarios a la independencia y representar a la aristocracia. Estas imágenes públicas fueron empleadas para captar adeptos y ejercer presión política. Durante la presidencia de Guadalupe Victoria se intentó integrar a estos grupos y atenuar sus diferencias, pero aparecieron otros mejor organizados a partir de logias masónicas. Divididas en las del rito escoces y de York, se apropiaron del discurso y estrategia de los borbonistas-centralistas e iturbidistas-federalistas, respectivamente. El discurso de los yorkinos demostró ser más efectivo al obtener triunfos electorales en las legislaturas locales y, posteriormente, con la aparición de otro grupo denominado “Los imparciales”, propiciaron en 1826 el debate sobre la necesidad de los partidos. Considerados como un movimiento de opinión, se les veía como parte del juego político en debates y elecciones pero que eran negativos al institucionalizarse y más aún al vincularse a logias secretas. En estas discusiones no aparecía la idea de un sistema de partidos sino más bien la defensa de la unidad al descalificarse a la minoría. Había una fuerte desconfianza al partido como organización, evidente en 1828 cuando se prohibieron las sociedades secretas, más aún cuando la inestabilidad reine nuevamente en el cambio de régimen hasta que el conservador Anastasio Bustamante asuma la presidencia entre 1830 y 1832.

La posición del régimen de Bustamante acerca de los partidos y las medidas que llevó al respecto es analizada por Catherine Andrews por medio de la prensa favorable a Bustamante. Según la autora, había una visión negativa hacia los partidos al considerárseles como facciones contrarias a la unidad, y aunque esto afianzaba la figura del presidente y su gobierno, quienes velaban por el bien común, no se consideraba innecesaria la oposición; al contrario, era considerada esencial para el debate público. No obstante, este solo podía llevarse entre la “gente decente”, manteniendo lejos al pueblo “ignorante” que era manipulado por los partidos. Bustamante por ello llevó a cabo medidas que debían limitar esta acción negativa de los partidos: las elecciones de tres niveles (parroquial, de distrito y estatal) fueron reducidas a dos, eliminando las parroquiales donde participaba el “populacho”; se intentó reglamentar el derecho de petición y prohibir las peticiones a mano armada; y, por último, la prensa fue controlada por el gobierno y los tribunales respectivos para evitar que fomenten el desorden.

Ya en la segunda República Federal, Erika Pani estudia al grupo político conservador a cargo del periódico El Universal entre 1848 y 1853 quienes tras la derrota mexicana en la guerra con Estados Unidos mantuvieron una fuerte crítica al sistema político liberal. Para este grupo era importante difundir una visión realista de la política criticando las inconsistencias del liberalismo. Más que criticas personales lo que analizaban era el “sistema”. Al respecto, el gobierno debía seguir en política “principios concretos” y no “metafísicos” (“pueblo”, “contrato social” e “igualdad”) dado que gobernar no era una cuestión de “ideales filosóficos” sino de “cosas de hombres”. Para asegurar el orden ejecutando la ley era necesario crear un gobierno nacional unificado y fuerte pero que ello era imposible si se insistía en que la base del poder era la “soberanía popular”. A pesar de estas críticas, los de El Universal no proponían regresar al sistema monárquico sino mejorar el sistema. Así se entiende, pese a su crítica a las elecciones y a los partidos, su participación en los comicios municipales de 1849 donde plantearon la participación del “verdadero pueblo” y del “partido del orden”. Tras su victoria, propusieron un sistema de partidos donde debía prevalecer la “lucha partidista civilizada”. Sin embargo, las críticas a su gobierno municipal, las reformas electorales que hicieron renunciar a los conservadores del municipio al final les llevaron a tomar una posición de confrontación con los liberales, ensalzando la figura de Santa Ana.

Los debates sobre los partidos continuaron tras el fin de la dictadura de Santa Ana y la Guerra de Reforma como lo muestra Frédéric Johansson quien examina al respecto los discursos de liberales y conservadores entre 1854 y 1860 y su trasfondo social. Por entonces se planteó necesario que coexistan grupos políticos para abrir el debate y la participación. Este ideario pluralista denunciaba el “exclusivismo” político de un grupo porque ocasionaban conflictos y corrupción política. Las acciones de esta elite, sin embargo, contradecían su discurso al controlar el estado con funcionarios adeptos y monopolizando el poder. Se defendía el exclusivismo político si un grupo representante del pueblo se imponía sobre otro o si el oponente planteaba ideas contrarias al sistema político o social. Johansson explica tal hecho por la diferencia entre los proyectos nacionales de liberales y conservadores, pero sobre todo a hechos sociales: relaciones de clientela, concepción “patrimonial” del estado, visión “orgánica” de la sociedad y del poder, así como la “ficción democrática” de un pueblo “real” que debilita la legitimidad “democrática” dado que cada grupo se apropia de la titularidad de la voluntad nacional. En suma, para el autor la persistencia de una sociedad tradicional explica la negación de la competencia política y los partidos políticos.

Avila Partidos facciones

El segundo grupo de ensayos analiza el partido político como una institución entre el Porfirismo y la revolución en la década de 1910. Alicia Salmerón estudia las ideas de Justo Sierra y Francisco Bulnes sobre los partidos y su influencia en la conformación de un partido gobiernista. En sus escritos de las décadas de 1870 y 1880 ambos “científicos” planteaban la idea de que en México, en contraposición a los partidos de principios, habían prevalecido los partidos personalistas (“fulanistas”); hecho que sumió al país en el desorden y el conflicto político. La cultura latina y los intereses personales explicaban, según Bulnes, estos hechos y por ello era necesario un gobierno central fuerte. Para Sierra, en cambio, los conflictos se debían a la resistencia de grupos conservadores a la independencia y al establecimiento de una nación moderna que le enfrentaban al partido liberal que pugnaba por establecerlo. No obstante, tras la caída del imperio de Maximiliano y el triunfo de la nación y del “Gran Partido Liberal” la existencia de partidos no tenía sentido. Con todo, el partido Liberal que hasta entonces había sido un “partido de combate”, por su lucha principista, debía ser un “partido de gobierno” para conseguir estabilidad y orden. Se debía dejar de lado la lucha por ideas abstractas (p. e. igualdad, democracia) y llevar a cabo asuntos prácticos de gobierno mediante un programa. Las ideas de Sierra trataron de hacerse realidad en la Convención del Partido Liberal de 1892 con el fin de crear una organización política estructurada que permitiera un cambio generacional sin crisis, buscando de esta forma despersonalizar el régimen. Estas propuestas fracasaron, pero surgió la idea del partido como organización política. Ya para inicios del siglo XX el problema de la renovación de mandos políticos fue evidente a lo que se agregaba un contexto de cambios sociales. En 1903 se organizó una segunda Convención Nacional donde Bulnes sostuvo que México debido a su transformación económica era una comunidad con diversos intereses sociales. Las nuevas clases sociales, afirmaba, llevaban a plantear la existencia de un sistema de partidos independiente del gobierno conformado por un partido liberal y otro conservador moderado. Bulnes criticaba la existencia de un partido único porque el poder ilimitado traía corrupción, aunque su idea era que este representara a las clases propietarias, excluyendo a los sectores populares y medios. Bulnes tenía en mente un sistema de partidos oligárquico. Como menciona Salmerón estas ideas eran conservadoras porque buscaban mantener el régimen haciendo reformas.

Ya en los últimos años del régimen porfirista, Pedro Salmerón Sanginés detalla cómo Francisco I. Madero organizó el Partido Nacional Antirreeleccionista (PNA) entre 1908 y 1910 en contra de Díaz. Madero inició su trabajo político estableciendo correspondencia con ciertas elites y preparando su libro La sucesión presidencial en 1910. De ideas liberales y reformistas, Madero buscaba la aplicación del marco constitucional vigente y no una revolución, criticaba el autoritarismo de Díaz y afirma que México estaba apto para la democracia y que necesitaba la organización de un partido “nacional democrático” para protegiera las libertades y aboliera la reelección. Con el apoyo de Emilio Vázquez Gómez, se organizaron clubes, impulsados a partir de mayo de 1909 por el Centro Antirreleccionista de México que organizó giras por todo el país, un hecho inusitado en la política mexicana. El éxito de la campaña llevó a que estos clubes antirreeleccionistas se establezcan como partido en la Convención Nacional de abril de 1910. Ante ello el gobierno de Díaz saboteó las elecciones persiguiendo a sus dirigentes y organizando el fraude electoral. La reelección de Díaz no significó el fin del PNA dado que se transformó en una red conspirativa; es decir, lo lazos sociales y políticos que habían permitido crearlo fueron usados para la rebelión.

En este mismo contexto, surge el Partido Católico Nacional (PCN) que, con el objetivo de defender los intereses de la Iglesia y del pueblo católico, participó en la política mexicana revolucionaria. Según Laura O’Dogherty, al margen de las Leyes de Reforma, la Iglesia fue protegida durante el Porfiriato a cambio de que se alejara de la política. Esta dependencia fue problemática cuando la permanencia de este régimen estaba en duda. Se planteó entonces, desde la feligresía y los eclesiásticos, la necesidad de que los católicos participen en política. Es decir, hacer uso de las instituciones y valores liberales que rechazaban para defender sus intereses. Fue así como se extendieron asociaciones católicas como la de los Operarios Guadalupanos. A partir de ellas, cuando el régimen de Díaz cae, el arzobispo de México conformó el PCN en mayo de 1911. Este partido apoyó la candidatura de Madero y tuvo una gran capacidad de movilización política gracias a su discurso a favor del orden, sus redes políticas y el apoyo de instituciones eclesiásticas. Sus dirigentes querían establecer un partido político moderno y pese a que su programa era contradictorio con la política liberal, de modo pragmático respetaron sus normas. No obstante, su disputa con maderistas y liberales, debido al rechazo a los planes del régimen revolucionario y su debilidad ante las rebeliones, les llevo a apoyar el golpe de Victoriano Huerta en 1913. Este hecho dividió al PCN entre los que apoyaron a Huerta y los que aspiraban a recuperar el régimen democrático. La represión de Huerta a estos últimos llevó a que en 1914 el PCN desapareciera. Años más tarde, en 1919 se formó otro partido denominado Partido Nacional Republicano que a diferencia del PCN no contó con apoyo eclesiástico y en su programa político no buscaba defender la legalidad vigente dado que era contrario a la constitución de 1917. No era un partido moderno como el PCN. Este desarrollo de la idea de partido como institución, sin embargo, no supuso la implementación de un sistema de partidos en el Estado posrevolucionario, más bien, como mencionan los editores en su introducción, se impuso el modelo del partido único.

Para finalizar, si bien los artículos mencionados tienen propuestas muy valiosas, como conjunto en el libro se extraña una investigación más amplia de algunos conceptos y fenómenos políticos asociados a los partidos. Sobre lo primero, un análisis más específico sobre el concepto de representación (vinculado con otros como opinión pública, pueblo o nación) permitiría profundizar en el tema de la cultura política y sus cambios, así como discutir las propuestas de Elías Palti planteadas en La invención de una legitimidad (2005) (el modelo jurídico de opinión pública y el estratégico de la sociedad civil) quien además, con diferente énfasis, cubre los periodos de la república centralista y el primer y segundo imperio ausentes en este libro. En segundo lugar, el surgimiento de las asociaciones, legalmente reconocidas en 1857, tampoco es trabajado sino para fines del régimen porfirista, es decir cuando ya estaban en expansión y fueron la base para la multiplicación de partidos en las elecciones de 1910. Su importancia no es menor dado que vincula ideas con cambios sociales y práctica política. Por último, es necesario tener una perspectiva global sobre el fenómeno de los partidos dado que formó parte de las discusiones políticas en América Latina y Europa. Con todo, estas críticas no desmerecen el aporte de Partidos, facciones y otras calamidades… que es una importante contribución para reflexionar sobre los partidos políticos decimonónicos en México y América Latina, más aún si tenemos en cuenta que es una temática poco desarrollada por la historiografía.

* Publicado en Historia Mexicana, N° 254, vol. LXIV, número 2, octubre-diciembre 2014, pp. 807-814.